Los procedimientos por delitos contra la libertad sexual se incrementaron en Castilla y León un 25% en 2018

Los procedimientos por delitos contra la libertad sexual en Castilla y León se incrementaron un 25 por ciento en 2018, ejercicio en el que las distintas fiscalías en la Comunidad incoaron 933 casos, frente a 747 el año anterior, tal y como recoge la memoria de la Fiscalía General del Estado que ha sido hecha pública hoy con el inicio del curso judicial.

En este ámbito, donde la Fiscalía advierte de que pese a la alarma que genera en la sociedad, en números globales no superan el 1 por ciento de las acusaciones formuladas en el periodo anual, se acordaron 37 medidas de prisión provisional, se redactaron por las fiscalías 164 escritos de acusación, frente a las 124 del año anterior, y se dictaron 129 sentencias, frente a las 84 del año anterior.

Las cifras más elevadas en este tipo de criminalidad son, como siempre, las de agresiones sexuales y abusos sexuales tanto en las incoaciones de procedimientos como en las calificaciones. Teniendo en cuenta el dato más preciso de las calificaciones, los delitos más calificados fueron los abusos sexuales, que fueron 45, seguidos del de agresiones sexuales, 26 (en el año 2017, 26 y 18 respectivamente y 34 y 18 en el año 2016).

Es el repunte en los delitos contra la libertad sexual uno de los capítulos destacados de la memoria fiscal en la que, sin embargo, los fiscales de Castilla y León ponen el acento en la falta de operatividad del El expediente digital y el proyecto Fiscalía Digital están implantados en todas las Fiscalías de la Comunidad.

Todos los fiscales encargados de esta materia (SIMF) ponen de manifiesto de forma unánime las deficiencias del proyecto Fortuny, una aplicación de registro y no de tramitación a la que continuamente se tiene que estar “parcheando” para que pueda ser útil, ya que parar despachar asuntos es preciso utilizar tres aplicaciones: Fortuny, Visor y Portafirmas, cuando debería existir una única aplicación o plataforma común a los juzgados y a la Fiscalía.

“El expediente digital no es tal, sino que esta resultando ser una secuencia de documentos escaneados que no cumple con los requisitos que establece el art 26 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. En definitiva, todo el proyecto, así como el expediente digital se han implantado con improvisación y sin realizar las necesarias reformas estructurales”, se critica.

Pero además, critican los tiempos medios desde la calificación de un procedimiento o desde su incoación por el órgano de enjuiciamiento hasta el primer señalamiento. “Estos datos deben servir para llamar la atención del legislador sobre la reforma que se llevó a cabo para la reducción de los plazos de instrucción de las causas, teniendo en cuenta que los plazos que se reflejan hasta el primer señalamiento alcanzan tiempos medios excesivos”, añaden, al tiempo que resaltan el“efecto pernicioso que estos tiempos medios producen tanto respecto de los inculpados y víctimas como respecto de la eficacia de la respuesta penal”.

En el cómputo general de la actividad de las fiscalías en Castilla y León, durante el año 2018 se han incoado 73.767 diligencias previas (-2,03%), 5.819 diligencias urgentes (+5% más), 14.683 juicios por delitos leves (14.979 el año anterior), 84 sumarios (75 el año anterior). Todo ello supone un volumen total de nuevos procedimientos de 94.368, cifras inferiores en un 1,59 %, a las del año anterior, en el que se incoaron 95.901 asuntos por estos mismos conceptos.

En los delitos contra la vida en el año 2018 se incoaron por delitos de homicidio y sus formas un total de 140 procedimientos, el año anterior 143. En este grupo de delitos se formularon por el fiscal 60 escritos de acusación (26 por homicidio imprudente, 19 por homicidio y 15 por asesinato), se acordaron 17 medidas de prisión y se dictaron 32 sentencias. En 2017 en este grupo de delitos se formularon por el Fiscal 52 escritos de acusación, se acordaron 40 medidas de prisión y se dictaron 46 sentencias.

Por otro lado, los fiscales de Castilla y León en el año 2018 asistieron a un total de 15.107 juicios, distribuidos de la siguiente manera: 6.407 juicios ante los Juzgados de lo Penal, en procedimientos abreviados y juicios rápidos, 8.368 en juicios ante los Juzgados de Instrucción, en delitos leves, 332 ante la Audiencia provincial, en procedimientos abreviados, sumarios y jurados.

Suspensiones

Del total de los juicios señalados se suspendieron 5.804, índice elevado de suspensiones que impacta negativamente tanto en la organización de los juzgados y fiscalías, como a las víctimas, acusados y testigos.

La mayor causa de suspensiones fue nuevamente la incomparecencia de imputados, testigos o peritos, unas veces por propia voluntad y otras por fallos en los servicios de citaciones y se consolida una leve tendencia al mayor porcentaje de suspensiones.

No obstante, en el ámbito de los juzgados de lo penal en numerosas ocasiones el señalamiento y la suspensión tiene lugar sin que se hayan producido las citaciones a acusados, testigos y demás intervinientes.

Violencia doméstica

En materia de violencia doméstica, durante el año 2018 el número de incoaciones por delitos de esta naturaleza fue de 828. Ello supone una cifra casi idéntica a la del año anterior, con una disminución del 0,96 % respecto de los 836 del año 2017.

En cuanto a delitos en las relaciones familiares, las cifras globales son de 1.602 procedimientos. La cifra de diligencias previas 1.190 es similar a las del año anterior (1.340 y 1.338 en el año 2016). La cifra

más importante es la de impago de pensiones, 937, con cifras inferiores a las del año anterior, 976 y 1075 en 2015.

Respecto de los delitos contra el patrimonio, se incoaron 17.980 procedimientos, frente a los 18.648 del año anterior. El descenso, por lo tanto, ha sido moderado, un 3,58%

El mayor número de calificaciones se las llevaron las estafas (486), seguidas de los delitos de hurto, que dieron lugar a 447 escritos de acusación (-6,87); daños, con 275; robo con violencia e intimidación, con 186 (+8,06); robo con fuerza, con 418 (+7,18) y los robo con fuerza en las cosas en casa habitada, con 145 (+18,62).