Los profesores de Castilla y León exigen “no ser los últimos” del país en cuanto a la recuperación de derechos

Profesionales de la docencia de Castilla y León, convocados por los sindicatos CSIF, Stes, Anpe, Comisiones Obreras y UGT se han concentrado este jueves a las puertas de la sede de la Consejería de Educación y han cortado el tráfico en las inmediaciones para exigir una negociación que les devuelva los derechos perdidos durante la crisis económica. Según estas organizaciones, el personal docente de Castilla y León es el último en lograr las mismas condiciones que había hace años atrás. 

“Ya está bien que el profesorado de Castilla y León sea el últimos en recuperar los derechos. Queremos negociar ya, para el curso que viene”, ha reivindicado durante la concentración Elena Calderón, de Comisiones Obreras. La convocatoria partía con una petición concreta, que es la rebaja del número de horas lectivas, aunque los portavoces sindicales han puesto el foco sobre otras cuestiones que les afectan. 

Así, Calderón ha explicado que se han perdido mil plazas de profesores en Castilla y León durante los años de la crisis, lo que ha hecho que se incremente el número de horas lectivas. Ha reclamado que se recupere ese personal docente que ha ido menguando. “No exigimos más de lo que teníamos. Queremos recuperar lo que había”, ha comentado. 

Por su parte, Pilar Gredilla, de Anpe, ha comentado que la recuperación del horario lectivo “significa calidad en la educación” porque sería necesario ese nuevo profesorado, por lo que “habría que revisar plantillas y crear más puestos de trabajo”. Según ha explicado, antes del Real Decreto 14 que estableció los recortes, en Primaria estaba establecido un horario de 17 horas, frente a las 25 actuales, mientras que en Secundaria era de 20 horas, frente a las 24 actuales.

Además, Gredilla ha puesto el acento en las diferencias salariales con respecto a los profesores de otras comunidades autónomas y ha recordado que los profesionales de Castilla y León son “los peor pagados de todo el Estado”, con diferencias de hasta 6.000 euros anuales.