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La deuda ilegítima y las comillas

Han llegado esta semana algunas dudas sobre el empleo de las comillas en un teletipo de Efe publicado por eldiario.es, cuyo titular era “Miles de personas rechazan con caceroladas el pago de una deuda “ilegítima”. Fue un teletipo difundido por diversos medios de comunicación.

“Si el gobierno dijera que es ilegítima, es probable que la agencia no lo hubiera entrecomillado. Hay diferencia de trato, los medios entrecomillan solo los términos que no forman parte del pensamiento dominante. Que la deuda privada haya pasado a ser un “marrón” de todos, la convierte en ilegítima”, comenta Jaime en el buzón de la Defensora de la Comunidad.

“O entrecomilláis todo, o nada. Los medios no entrecomillaron la palabra saboteadores cuando se referían a la protesta del 15M que paralizó el metro como acto de protesta. Ahí sí que asumieron que eran saboteadores, porque la policía así les llamó. Se asume como verdad lo que legitiman las autoridades. Decir que la deuda es ilegítima es considerado ilegítimo por los de arriba”, protesta Carmen en el twitter de la Defensora.

Preguntada por este asunto, la mesa de edición de eldiario.es dice lo siguiente:

“En este caso es tan sencillo como que la palabra "ilegítima" es un testimonio. Aparecerá a buen seguro en los documentos o declaraciones de los convocantes de la manifestación. La realidad es que los teletipos de agencia sí entrecomillan palabras y expresiones del Gobierno o de los partidos políticos. De hecho, suele haber un exceso de comillas en esas informaciones. Hasta se entrecomillan palabras que no suponen un juicio de valor.”

En este caso, el entrecomillado resalta el mensaje de los convocantes de la protesta. En el titular mencionado se ha hecho un uso de las comillas comúnmente aceptado en los medios de comunicación.

 Cierto es que hay toda una serie de expresiones que suelen entrecomillarse o evitarse en el periodismo de masas, a pesar de que no son subjetivas, pero sí consideradas políticamente incorrectas, porque no están legitimadas por el poder.

Odiosa e ilegítima son términos que, en Derecho internacional, forman parte de la doctrina jurídica que sostiene que la deuda externa de un gobierno no tiene que ser pagada si ha sido contraída, creada y empleada contra los intereses de los ciudadanos. Según esta doctrina, debería asumir la deuda quien la haya contraido a título personal -un monarca, un presidente, un director del banco central o los ministros correspondientes- y no el Estado en su conjunto, es decir, los ciudadanos.

En el caso de España, el origen de la crisis está en el endeudamiento privado, no en la deuda pública. El incremento de la deuda pública se ha producido, en buena medida, por el rescate del sector financiero. La deuda de los bancos se ha convertido en deuda de todos. Es decir, se están socializado las pérdidas, sin que los ciudadanos hayan sido consultados. Por eso son diversas las agrupaciones que denuncian el carácter ilegítimo de la deuda o que insisten en la necesidad de establecer la legitimidad o no de la misma, como la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda o la organización ATTAC.

Esquema de la deuda española diseñado por ATTAC

Esquema de la deuda española diseñado por ATTAC

Hay peticiones similares en otros países. Diversos movimientos en Túnez y Egipto exigen anular la deuda contraida por las dictaduras corruptas de Ben Alí y de Mubarak.

En Estados Unidos, el movimiento Occupy considera que la deuda es una herramienta de los países para controlar a los ciudadanos. En Grecia, Portugal, Irlanda o la propia España cada vez más voces piden la creación de comités para auditar la deuda pública.

Eldiario.es está dando gran visibilidad a las protestas contra la deuda ilegítima, y ha abordado el tema con profundidad con reportajes como el publicado el 13 de octubre por Ana Requena, titulado: “La deuda se ha usado como mecanismo de colonización”.

Al hilo de este asunto de las comillas, merece la pena observar cómo el periodismo de masas suele optar por los eufemismos y las terminologías adaptadas a los intereses del poder y no a los de la ciudadanía.

De ese modo, se habla de austeridad para evitar la palabra recortes; de reforma laboral para evitar la expresión abaratamiento del despido; de flexibilización para referirse a los despidos; de reestructuración para hablar de la reducción de personal, de rescate para nombrar los créditos que se conceden con duras condiciones que afectan negativamente a la calidad de los servicios públicos.

En la información internacional, abunda la expresión ataque selectivo para referirse a asesinatos extrajudiciales; se habla de respuesta militar para nombrar masacres, de daños colaterales para señalar a determinadas víctimas de los asesinatos extrajudiciales o de arrestos para referirse a secuestros.

Hay determinadas realidades ante las que la información aséptica y aparentemente neutral puede resultar dañina. En párrafos anteriores hablaba de la dictadura corrupta en el Egipto de Hosni Mubarak: Hace tan solo dos años el empleo en los mass media de esos dos términos, dictadura y corrupta, era algo muy poco habitual y seguro que podría extrañar a más de uno. Y sin embargo, calificar ahora como dictadura corrupta el Egipto gobernado por Mubarak es algo ampliamente aceptado, gracias a una conquista social materializada en la revuelta egipcia.

Existen numerosas realidades que no aparecen definidas en los medios de comunicación. Su visibilidad, el empleo de su nombre exacto, dependerán en buena parte del grado de reivindicación social existente. Las definiciones son también conquistas sociales.

Aún así, el periodismo no tendría porqué esperar a que las palabras secuestradas sean liberadas por el poder o conquistadas por los ciudadanos. Las páginas que escriben la actualidad pueden contribuir al cambio.

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