La justicia española reclama a Londres la entrega de un alto cargo ruandés

El juez Fernando Andreu ha iniciado los trámites para pedir a Londres la entrega a España del director general de la Inteligencia Nacional de Ruanda y los Servicios de Seguridad, Karenzi Karake, reclamado por genocidio, crímenes contra la humanidad y terrorismo durante la guerra entre hutus y tutsis.

Andreu ha adoptado esta decisión, a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tras comunicarle las autoridades británicas la detención de Karake en el aeropuerto de Heathrow el pasado sábado, han informado fuentes jurídicas.

Karake es uno de los 40 militares ruandeses -miembros de la etnia tutsi- para los que el juez Andreu mantiene vigentes las órdenes de busca y captura por el asesinato de nueve españoles, seis religiosos españoles y de tres cooperantes de Médicos del Mundo.

Precisamente, esa orden de detención europea (OED) emitida por Andreu en 2008 ha sido la que ha motivado la detención de Karake en Londres y es la que ahora el juez insta a que se ejecute con la entrega a España del reclamado.

En octubre de 2014, Andreu concluyó la investigación que abrió contra 40 militares de Ruanda al no haber más diligencias que practicar y encontrarse los procesados en rebeldía.

Sin embargo, el pasado 28 de enero, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y en aplicación de la reforma de la justicia universal, acordó mantener la acusación contra 29 de los militares reclamados por delitos de terrorismo, un tipo delictivo que permite la persecución universal con la nueva ley, mientras que archivó el caso contra otros 11 porque solo estaban acusados de genocidio de la etnia de los hutus y crímenes contra la humanidad.

Caso “en el aire” por la reforma de la justicia universal

Esta decisión de la Sala de lo Penal fue recurrida ante el Tribunal Supremo por una de las acusaciones en esta causa y al estar aún pendiente de resolución no es firme, por lo que las ordenes de busca y captura dictadas en su día permanecen vigentes por todos los delitos.

Además, según fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el ministerio público aboga por que los 29 procesados por terrorismo, entre ellos Karake, sean también acusados por genocidio como delito conexo.

Karake fue responsable del Directorio Militar de Inteligencia (DMI) entre julio de 1994 y 1997. El juez Andreu ordenó su detención en 2008, junto con la de otros 39 militares ruandeses.

Andreu les responsabiliza del asesinato de seis religiosos españoles y de tres cooperantes de Médicos del Mundo, unas muertes que sucedieron entre 1994 y 2000 en los campos de refugiados donde trabajaban.

Este fue el caso del padre Joaquín Vallmajó, apresado por el Ejército Patriótico Ruandés (APR) y cuyo cuerpo aún no ha aparecido, quien había denunciado las matanzas y persecuciones contra los hutus.

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Corrección: una primera edición de esta noticia indicaba que cuatro millones de ruandeses murieron entre 1994 y 2004. La cifra no es correcta. El número más habitualmente citado sobre el genocidio de los hutus contra los tutsis es de 800.000 víctimas, aunque algunas fuentes aumentan esa cifra hasta el millón. Posteriormente, las autoridades tutsis del país han sido acusadas de cometer crímenes de guerra contra ruandeses hutus, pero nunca se ha producido un genocidio contra ellos.

Karake es uno de los 40 militares ruandeses -miembros de la etnia tutsi- para los que el juez Andreu mantiene vigentes las órdenes de busca y captura por el asesinato de nueve españoles -seis religiosos españoles y de tres cooperantes de Médicos del Mundo- y más de cuatro millones de ruandeses entre 1994 y 2004.