La Audiencia Provincial de Madrid ordena celebrar juicio por agresiones de vigilantes contra menores tutelados de Hortaleza

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la reapertura del caso de supuestas agresiones sufridas en 2016 por cuatro niños migrantes tutelados, de entre 12 y 15 años, por parte de vigilantes de seguridad de la residencia infantil 'Isabel Clara Eugenia', localizada en el barrio madrileño de Hortaleza y dependiente del Gobierno regional. El tribunal ha decretado la apertura de juicio oral casi dos años después del archivo provisional de la causa.

“Resulta evidente que se han producido lesiones contra los menores, cuya correcta valoración jurídica debe ser objeto de juicio oral”, detalla el auto al que ha tenido acceso eldiario.es.

La Fundación Raíces denunció hace tres años un posible delito de lesiones y contra la integridad física y moral de cuatro menores declarados en desamparo acogidos por la Comunidad de Madrid. Los días 31 de octubre y 7 de noviembre de 2016, la ONG tuvo conocimiento de dos episodios de supuestas agresiones. La organización advirtió entonces de la “ausencia total de mecanismos de denuncia accesibles para los niños y niñas tutelados por la Administración” y decidió llevar el caso a los tribunales.

En 2017, el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid acordó transformar el procedimiento en juicio leve, pero la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón al recurso interpuesto por la organización en 2018 y exigió una investigación más profunda antes de realizar cualquier tipo de transformación de la categoría de la causa. El Tribunal ordenó entonces la continuación del procedimiento ante la “gravedad de los hechos probatorios, la compleja problemática que origina la tutela de menores extranjeros por parte de las autoridades nacionales”.

Un año después, el juzgado de instrucción encargado de la causa ordenó el sobreseimiento provisional de la causa. Tras ser recurrido por la ONG especializada en infancia, la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la celebración de jucio.

Según la Fundación Raíces, las agresiones a los menores tutelados no conforman un caso aislado. La ONG asegura haber recibido “el testimonio de cincuenta y siete niños y tres niñas, que relatan haber sufrido agresiones físicas y psíquicas por parte de personal de las residencias de protección de menores de la Comunidad de Madrid”.

La mayoría de las denuncias corresponden a niños extranjeros, excepto dos menores que son españolas, apunta la organización. Sus edades se encuentran entre los 12 y 17 años. “En la mayoría de los casos, según relatan los niños, las agresiones habrían sido cometidas por vigilantes de seguridad y, en muchos casos, en presencia de educadores, que, en alguna ocasión, también habrían sido agresores y en ocasiones en presencia de los mediadores”, advierte Fundación Raíces.

“Situaciones de maltrato como las que relatan estos niños y niñas y la falta de mecanismos accesibles a los niños y niñas para prevenir, denunciar y defender sus derechos, les abocan a mal vivir en la calle, a huir de los centros y como consecuencia muchos de ellos y ellas acaban siendo víctimas de todo tipo de abusos, explotación e incluso de una posible desaparición”, ha lamentado Lourdes Reyzabal, presidenta de la organización.

En este sentido, la ONG solicita al Gobierno la implantación de sistemas de “prevención, detección, denuncia, intervención y reparación ante cualquier situación de violencia, ejercida por el personal de los centros de protección y reforma, contra la infancia que reside en ellos”. Desde Raíces pide que la ley de Violencia contra la Infancia en la que trabaja el vicepresidente Pablo Iglesias, “debe contemplar estos supuestos y diseñar mecanismos de denuncia accesibles para los niños y niñas”.