El Gobierno insinúa ante la ONU cambios en la reforma que legaliza las devoluciones en caliente

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, ha defendido este miércoles ante el Examen Periódico Universal (EPU) del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al que se somete el Estado en Ginebra, que la legalización prevista de las devoluciones sumarias de inmigrantes en Ceuta y Melilla, a las que se ha referido como “denegación de entrada”, respetará el derecho al asilo. En este sentido, desliza un posible cambio en el texto de la reforma: “La respuesta legislativa que finalmente se dé, estará sin duda en consonancia con las obligaciones de España en materia de protección internacional y el principio de no devolución”, ha asegurado.

Ybáñez, que en su primera intervención ante el Comité no había tocado este asunto pese a las preguntas por escrito que al respecto habían formulado distintos países, sí se ha referido a la disposición adicional introducida en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana para reformar la Ley de Extranjería después de que Estados como Israel, Japón, Noruega o Rusia, entre otros, preguntasen en su turno de palabra por esta cuestión.

El representante de España ha afirmado entonces que esta reforma, pensada para “responder a la singularidad geográfica y fronteriza” de Ceuta y Melilla, “está siendo objeto de consultas con instituciones internacionales especializadas” y se encuentra aún en trámite parlamentario. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa pidió a España la semana pasada la modificación de la reforma que legaliza las expulsiones sumarias en las fronteras de las ciudades autónomas ya que, aseguró, “tal y como está redactada en la actualidad incumple la legislación de la Ue y de la ONU”.

Fuentes cercanas a las instituciones internacionales que están manteniendo reuniones con el Gobierno en este sentido han mostrado optimismo a eldiario.es sobre la aparente disposición del Gobierno incluir modificaciones a la enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana que, aunque ya ha sido aprobada en el Congreso, está pendiente de la luz verde del Senado. Cualquier devolución inmediata sin identificación previa, intérprete y asistencia letrada de la persona expulsada incumpliría el derecho al asilo y, por tanto, los compromisos de España.

Con todo, ha explicado ante los 97 países que intervienen en este EPU, que “la legislación española regula en dos marcos jurídicos diferentes el retorno”, por un lado, “la devolución, que es para extranjeros interceptados tras haber cruzado ilegalmente la frontera” y, por otro, “la expulsión, para aquellos que han sido hallados en territorio español en situación irregular”.

“Las denegaciones de entrada es algo distinto y se lleva a cabo en Ceuta y Melilla. Esto se da cuando no se produce la entrada sino que el inmigrante es interceptado antes de que tenga lugar y es consecuencia del derecho que nos asiste como Estado soberano y de la obligación como Estado miembro de la Unión Europea, de la que además es frontera exterior, de proteger y salvaguardar sus fronteras. Son medidas efectuadas en virtud de un marco legislativo previo, europeo y nacional”, ha sentenciado.

En este contexto, ha planteado que ante el “carácter constante, masivo y violento de los asaltos en grupo a los vallados”, las mencionadas “son actuaciones de vigilancia de fronteras, pero también de seguridad interna y de orden público”. “En todo caso, las actuaciones policiales se desarrollan siguiendo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad y teniendo en cuenta la posible existencia de personas vulnerables, primando siempre la atención y asistencia de las mismas”, ha asegurado.

En su primera intervención en el EPU, el segundo que realiza España (el primero fue en 2010), Ybáñez se ha referido asimismo a la situación de las ciudades autónomas para destacar que se encuentran bajo una “extraordinaria presión migratoria con episodios reiterados de asaltos a las fronteras” y reconocer “la situación de sobreocupación” en la que se encuentran los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

“Los CETI son centros de régimen abierto que tienen por objeto la prestación de servicios básicos a migrantes en situación irregular y solicitantes de asilo. Ambos centros, consecuencia de la presión migratoria, se encuentran en una situación de sobreocupación, más grave en Melilla. Para hacer frente a esta situación se ha pedido ayuda a la Comisión Europea para llevar a cabo las necesarias reformas estructurales”, ha explicado.

Un plan de integración vencido y sin presupuesto

También se ha referido a la proyectada inauguración de oficinas de asilo en las ciudades autónomas, “lo que supone un refuerzo del acceso al sistema de protección internacional” y que, según ha destacado“, ha sido acogido positivamente por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa”.

Asimismo, ha puesto en valor el segundo Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014, “que cuenta con el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración Social de Inmigrantes”, aunque no ha mencionado que este fondo está suspendido de presupuesto desde el año 2012 sin que se le haya asignado partida alguna tampoco en los Presupuestos Generales del Estado de 2015.

Sobre la situación en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que como ha apuntado, son “objeto de preocupación de varios órganos de tratados y procedimientos especiales”, el secretario de Estado ha recordado que “no son centros penitenciaros sino establecimientos de finalidad exclusivamente cautelar y preventiva y en los que le internamiento se lleva a cabo siempre bajo supervisión y autorización judicial” y que ya cuentan con un reglamento que recoge “garantías como el derecho de ONG e internos a estar en contacto”.

Otra de las cuestiones centrales de su intervención y que ha suscitado preguntas de distintos países, han sido los “esfuerzos” de España en materia de lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia. Ybáñez ha repasado modificaciones legislativas en este ámbito como la reforma del Código Penal y el Estatuto de la Víctima del Delito, ambas en trámite parlamentario, o actuaciones como la Estrategia Nacional contra el Racismo y la Xenofobia y la creación de fiscalías especializadas.

España, sobre exclusión sanitaria: “La asistencia es 'de las mayores de la UE”

El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, ha asegurado ante Naciones Unidas que la cobertura de asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares es de las “mayores de toda” la Unión Europea como, según ha recordado, ha sido “reconocida internacionalmente”.

Moreno se ha pronunciado así en el Examen Periódico Universal que realiza Naciones Unidas para evaluar el grado de cumplimiento de los Derechos Humanos en su territorio, y ante la pregunta formulada por Noruega, Nicaragua, Países Bajos, Corea y Moldavia.

“En España, los inmigrantes que no pueden acreditar residencia legal tienen cobertura pública gratuita en casos de urgencia grave, embarazo, parto y postparto, así como los menores de 18 años. Todos ellos, pueden recibir asistencia sanitaria en las mismas condiciones de gratuidad que el resto de españoles”, ha aseverado el secretario general de Sanidad.

Asimismo, prosigue, este colectivo tiene garantizada también la cobertura gratuita en los programas de vacunación, promoción de la salud, y prevención y control de enfermedades transmisibles como el sida, la tuberculosis, tropicales, mentales o las inmunoprevenibles.

Esfuerzos de violencia de género

El secretario de Estado ha ofrecido detalles también sobre otros asuntos que en el último EPU a España suscitaron recomendaciones del Comité, como la lucha contra la Trata de Seres Humanos. En este ámbito ha destacado la creación de la figura del Ponente Nacional contra la Trata para coordinar esfuerzos desde el Ministerio del Interior y la tipificación prevista en el Código Penal de este delito con independencia del tráfico de inmigrantes, entre otras medidas.

Otro de los temas al que más tiempo ha dedicado la delegación española ha sido a poner en valor la lucha contra la violencia de género, repasando desde los avances que supuso la Ley Integral tanto en persecución de estos delitos como en protección de sus víctimas, hasta el sistema estadístico “vanguardista” de que dispone España, pasando por la Estrategia Nacional contra esta lacra que tendrá vigencia hasta 2016.