Europa concluye que es más barato dar asistencia sanitaria a los inmigrantes que llevarles a urgencias
En medio de las negociaciones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para determinar las condiciones en las que los inmigrantes en situación irregular recibirán asistencia sanitaria, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) ha hecho público un estudio en el que asegura que los estados miembros de la Unión Europea “gastan menos en la atención sanitaria de los migrantes si se tratan antes, en vez de esperar a que necesiten un tratamiento en urgencias”. Es decir, la atención primaria resulta más barata para un país que si se atiende a través de las urgencias. Sin embargo, el argumento más utilizado por el Ejecutivo para defender la norma que excluyó de la sanidad pública a esyas personas fue precisamente un supuesto ahorro.
En concreto, la FRA ha realizado un análisis económico sobre el coste que supondría el acceso a la atención primaria comparándolo con el que implica un tratamiento de emergencia, basándose en dos de los problemas más comunes de salud en la UE: la hipertensión y la atención a mujeres embarazadas. La investigación examinó la situación en Alemania, Grecia y Suecia, teniendo en cuenta la extensión geográfica, los diferentes modelos de financiación sanitaria y el hecho de que los tres países tienen importantes comunidades de inmigrantes en situación irregular. Los problemas médicos seleccionados, según explica la FRA, son las casos más comunes entre los inmigrantes irregulares.
El informe concluye que la atención médica regular a los pacientes hipertensos podría generar un ahorro de aproximadamente el 9% en el espacio de un año, llegando a 13% después de cinco años y al 16% si la atención se recibe durante toda la vida. El informe advierte que el tratamiento de los problemas agudos asociados con la hipertensión, como puede ser un accidente cerebrovascular, resulta más económico para un país si la persona con hipertensión recibe un seguimiento de su enfermedad.
Además, el estudio asegura que puede ayudar a prevenir más de 200 ataques cardíacos por cada 1.000 inmigrantes. En el caso del embarazo, la mejora de la atención prenatal podría generar ahorros en dos años de hasta el 48% en Alemania y Grecia y hasta un 69% en Suecia.
En el decreto 16/2012 por el que el Gobierno restringió los derechos de atención médica a los inmigrantes en situación irregular, las personas perdían el acceso normalizado al sistema de salud público. La norma entró en vigor en septiembre y desde entonces sólo se contempla que se reciba asistencia en caso de urgencias. Sólo las embarazadas y los menores de edad pueden recibir una atención regular, aunque en estos supuestos también se han producido irregularidades.
La norma de exclusión sanitaria ha sido justificada como una medida de ahorro económico que nunca se acompañó con números. De hecho, el Gobierno no ha probado un impacto beneficioso en las arcas del Estado, como quedó reflejado en los informes de la Defensora del Pueblo y también en un auto de abril del Tribunal Constitucional que restauró la validez de la Ley Navarra de Asistencia Sanitaria (recurrida por el Gobierno), que garantiza la atención a inmmigrantes en situación irregular. Este nuevo estudio, vuelve a demostrar que la justificación económica estaba infundada.
El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció en marzo que devolvería la asistencia en Atención Primaria a los inmigrantes en situación irregular. Meses después, esta medida no ha llegado, aunque se ha agilizado el proceso tras la llegada de los nuevos gobiernos a las comunidades autónomas que han puesto en marcha medidas para devolver la asistencia primaria a los inmigrantes. En estos momentos, Gobierno central y autonomías se encuentran en un proceso de negociación, en la elaboración de un documento en el que se determinarán los criterios por los que un inmigrante en situación irregular podrá volver a recibir atención sanitaria.
La Agencia Europea de Derechos Fundamentales advierte de que es “necesario” para cumplir “con las obligaciones de derechos fundamentales” de los Estados miembros de la UE “una asistencia sanitaria adecuada”. La FRA asegura que la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular en la UE “no debe limitarse sólo a la atención en urgencias, sino que también debe incluir otras formas de asistencia sanitaria esencial, como la posibilidad de asistir al médico y recibir los medicamentos necesarios”. “El derecho a la salud es un derecho social básico protegido en la declaración internacional y europea de derechos humanos”, recuerda.
Con este estudio, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, además, demuestra que la asistencia primaria es más económica para un país. “Se trata de un argumento poderoso para mejorar la prestación de la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares en la UE”, concluye.
