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DESALAMBRE

Justicia pedirá al Cervantes que examine de Castellano a quienes pidan la nacionalidad española

El anuncio se ha producido en el debate de una interpelación centrada en las "deficiencias" del sistema de asilo en España, sobre las que no ha habido respuesta

El ministro de Justicia ha anunciado que reformará el sistema actual de concesión de nacionalidad para acabar con la "discrecionalidad" de la administración

Gallardón ha evitado hacer referencia a las expulsiones ilegales de Chafarinas o la sentencia de Estrasburgo que cuestiona la falta de mecanismo en la jutisdicción española para evitar devolver demandantes de asilo sin agotar sus vías de recurso

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Gallardón durante el pleno de control del Senado./ Efe

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado este martes en el pleno del Senado que reformará el sistema actual de concesión de nacionalidad para acabar con la "discrecionalidad" de la administración. De este modo, ha adelantado que el Instituto Cervantes se encargará de la prueba de idioma y cultura española y se elaborará un manual que deberán estudiar los solcitantes sobre el que se evaluará su grado de integración y conocimiento de la cultura española.

El anuncio se ha producido en el debate de una interpelación, instada por el senador de la Entesa Catalana Rafael Bruguera, centrada en las deficiencias del sistema de asilo en España, sobre las que no ha habido respuesta: las expulsiones ilegales de las islas Chafarinas del pasado 16 de abril, la sentencia de Estrasburgo contra la orden de expulsión de 30 saharauis demandantes de protección internacional en enero y febrero de 2012, los grandes retrasos en las tramitaciones, o la discriminación que sufren los solicitantes en Ceuta y Melilla, al prohibir su acceso a la península. Gallardón no ha hecho referencia alguna a estos asuntos comprometiéndose a "transmitírselos" al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz -quien tiene la competencia-, que había estado presente en el pleno.

Además de estas cuestiones sin respuesta, Bruguera se ha interesado también por las denegaciones de solicitudes de nacionalidad que se han producido durante el proceso extraordinario abierto por Justicia para agilizar los más de 420.000 expedientes que estaban sin respuesta cuando Gallardón accedió al cargo.

El ministro ha explicado que el Código Civil concede cierto grado de "discreccionalidad" a los jueces de los registros civiles, encargados de medir la idoneidad del solicitante de nacionalidad, con "conceptos jurídicos indeterminados" como "razones de orden público o buena conducta cívica". En la práctica, mientras unos se limitan a realizar una prueba de idioma, otros interrogan al solicitante sobre cuestiones que van desde el nombre de un presidente autonómico hasta una receta tradicional. 

El anuncio se ha producido en el debate de una interpelación centrada en las "deficiencias" del sistema de asilo en España, en la que practicamente ninguna de las cuestiones planteadas han sido respondidas. 

"Lo vamos a modificar y vamos a introducir criterios objetivos en las pruebas para la nacionalidad, lo que va a dar seguridad jurídica para evitar una discreccionalidad que en estos momentos tiene la Administración y que los encargados del Registro Civil aplican con su mejor hacer, pero que indica que se pueden producir diferencias", ha señalado.

La primera medida será institucionalizar la prueba de conocimiento del Castellano delegando la tarea en el Instituto Cervantes, "que desde hace años realiza pruebas de español como lengua extranjera" y a quien se le va a encargar "que sea quien realice la prueba de conocimiento de la cultura de este país".

Según ha dicho, estarán exentos del examen "las personas originarias de países donde el Castellano sea lengua oficial y los menores escolarizados en España". Además, la prueba se adaptará a personas con discapacidad y aquellas con las habilidades de lectura y escritura limitadas. "Creemos que el Instituto Cervantes es accesible y garantiza esa objetividad", ha señalado.

   En cuanto a la prueba de integración y conocimiento de la sociedad española, el ministro opina que incluso estandarizando un examen "se podría producir discreccionalidad" y por eso apuesta por elaborar "con personas de distintas sensibilidades" y participación de cuantos grupos parlamentarios quieran sumarse, "un manual que sea público y sobre el que se pueda después realizar la prueba".

El objetivo, según ha explicado, es que estando "de acuerdo sobre este manual, ninguno de los solicitantes pueda ser objeto de una pregunta fuera del mismo" y "que todas esas personas que tengan el conocimiento puedan superar la prueba".

"Creo que con la propuesta que hacemos y que es susceptible de mejora, introducimos criterios de objetividad racionales y sobre todo, de previsibilidad. Creo que no nos volveremos a encontrar con preguntas extravagantes, porque cualquiera que se haga estará en ese manual que nosotros entregaremos a todos los que quieran pedir la nacionalidad española", ha destacado Gallardón.

Para el ministro un sistema de este tipo permitirá además agilizar los plazos de concesión de nacionalidad, algo a su juicio fundamental dado que no puede quedarse en un procedimiento extraordinario como el que se ha articulado para poner al día los expedientes, "sino que debe mantenerse la misma eficiencia" de forma continuada.

En cuanto a las denegaciones que según Alturo, se estaban produciendo por razones ajenas a los solicitantes, como que el certificado de antecedentes penales hubiese caducado durante la tramitación, el ministro ha incidido en que de darse estos casos, se trata de un "error administrativo" y ha pedido al senador que de tramite a cuantos conozcan para que el propio ministerio "los solucione de oficio".

Sin respuestas sobre las deficiencias del sistema de asilo

El senador de Entesa había planteado en su interpelación además cuestiones relativas a la protección internacional en España, un tema que es competencia del Ministerio del Interior, al que Gallardón se ha "comprometido" a dar traslado de las reivindicaciones del grupo parlamentario: que se apruebe urgentemente el reglamento de la Ley de Asilo, que lleva pendiente cuatro años; que se establezca un sistema estandarizado para trasladar a la península a cuantos solicitantes de asilo lleguen a Ceuta y Melilla y que se agilicen los plazos, que no deberían superar los seis meses.

Gallardón ha evitado hacer referencia a la petición de explicaciones sobre la expulsión ilegal de siete inmigrantes que llegaron a las Islas Chafarinas el pasado 15 de abril o la sentencia hecha pública este martes por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que cuestiona la falta de mecanismos en la jurisdicción española para evitar devolver demandantes de asilo sin agotar sus vías de recurso. 


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