Un hospital y miles de hogares aún quedan sin reconstruir tres años después de la ofensiva israelí en Gaza

Una nube de polvo rojo avanza dentro de la franja de Gaza. Los tanques militares israelíes entran por los campos agrícolas gazatíes. Las explosiones de obuses, fuego de artillería y las bengalas luminosas enrojecen la fantasmagórica nube. Los bombardeos aéreos se adelantan al paso de dicha comparsa de la muerte. La población intenta huir.

Las líneas telefónicas de las ambulancias se colapsan. El hospital Al-Wafa, a un escaso kilómetro de la frontera de armisticio por donde penetran los tanques israelíes, se convertía en esos momentos en objetivo del Ejército israelí con 17 pacientes y escaso personal todavía en su interior. Tres años después de los bombardeos, el hospital sigue sin estar reconstruido.

“La situación tenía muy mala pinta. Se oía cómo caían las bombas en el edificio de al lado, mientras en el edificio donde estábamos se quebraban las paredes”, recuerda en una conversación con eldiario.es Manuel Pineda, activista español que se encontraba dentro del hospital en ese momento.

Ocurrió durante la operación militar israelí Margen Protector en el verano de 2014. El hospital Al-Wafa, un complejo formado por varios edificios, era la única opción con especialidad en rehabilitación de toda Gaza. Las personas ingresadas en el hospital no podían caminar y había incluso pacientes en estado comatoso. Nadie pensó que en cuestión de horas pasaría a ser un amasijo de hierros y hormigón.

“Un sanitario y yo subimos a la planta, los desenchufamos de las máquinas de mala manera y deprisa”, recuerda Pineda. “No había electricidad, así que los bajamos con sábanas por las escaleras y los dejamos en el suelo. Así hicimos hasta tenerlos a todos y luego los metimos en dos ambulancias. Solo había un conductor así que me tocó conducir a mí la otra ambulancia”, prosigue el testigo del ataque contra el hospital, un acto que constituye un crimen de guerra según la Convención de Ginebra.

Tres años sin un hospital para rehabilitación

El 26 de agosto se cumplen tres años del final de Margen Protector, tres años en los que Salman Al-A'ashi, director del hospital Al-Wafa, ha intentado sin éxito obtener los fondos necesarios para levantar el hospital.

“En febrero de este año 2017 comenzamos la reconstrucción de tan solo un 20% de lo destruido”, cuenta Al-A’ashi en una entrevista con este medio. “Las principales dificultades que nos encontramos para la reconstrucción es la lentitud, las escasas donaciones locales e internacionales y el bloqueo sofocante que no está permitiendo la entrada de material de construcción”, esgrime.

Hace unas semanas, el equipo médico de Al-Wafa levantó una pequeña carpa con fotografías y se manifestó en el mismo lugar donde antes se levantaba el hospital. En 2014 perdieron su lugar de trabajo, además de un moderno equipamiento médico que no había sido fácil conseguir.

“Estamos ofreciendo servicios de rehabilitación y especialidades en estos momentos desde nuestra sede provisional, que no es apta, sin embargo, para ofrecer todos los servicios que ofrecíamos antes de la guerra”, lamenta Al-A'ashi.

La destrucción de Al-Wafa fue un hecho sin precedentes, según organizaciones de derechos humanos palestinas. Fue el único hospital destruido completamente durante la operación militar. Otros 18 hospitales, y decenas de clínicas, sufrieron daños en su estructura y equipamientos debido a bombardeos israelíes.

“Israel ignoró los llamamientos locales e internacionales que le pedían no involucrar a los hospitales en su guerra, pero hicieron oídos sordos y pusieron a los pacientes en peligro. Mujeres, niños, ancianos con discapacidad… Fue un incumplimiento del conjunto del Derecho internacional”, denuncia Al-A'ashi.

31.000 personas todavía sin hogar

En la franja de Gaza, a día de hoy, todavía unas 6.000 familias, alrededor de 31.000 personas, viven como desplazadas internas debido a que sus casas fueron bombardeadas. De la mitad, unas 18.000, se ocupa la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (Unrwa). Son familias vulnerables que fueron expulsadas de sus hogares en 1948 con la creación del Estado de Israel y que, tras la operación de 2014, ya no tienen hogar en los campos de refugiados.

“Muchas veces el Gobierno de Israel ha suspendido o retrasado la aprobación [de la reconstrucción]. Un ejemplo bien conocido es que no hubo nuevas familias aprobadas en el sistema de reconstrucción entre mayo de 2016 y diciembre de 2016”, explica Unrwa. La agencia añade que hay, asimismo, problemas para acceder al material de construcción y escasez de fondos.

Por esta razón, coincidiendo con el tercer aniversario de la tregua que puso fin a la operación militar, los organismos internacionales piden que los países que se comprometieron a aportar donaciones para la reconstrucción cumplan con esta responsabilidad. Norwegian Refugee Council (NRC), una de las organizaciones humanitarias más importantes que operan dentro de la franja, advierte de que solo el 30% de los fondos prometidos ha sido desembolsado.

“Incluso si la financiación necesaria se pone a disposición de inmediato, seguimos frente a otro año de construcción antes de que las familias desplazadas puedan regresar a sus hogares”, afirmaba Hanibal Abiy Worku, director de NRC en Palestina el pasado julio.

Shelter Cluster –un compendio de organizaciones en continuo contacto con las ONG, organizaciones de la sociedad civil o Naciones Unidas– apunta en su informe de junio de 2017 que faltan fondos para 60.905 de los 171.000 hogares bombardeados –total o gravemente, con daños mayores o daños menores– por Israel. Es decir, se buscan fondos para el 35% de los hogares que necesitan ser construidos.

Se subraya el caso de los hogares totalmente destrozados, 11.000, de los que unos 3.700 aún no cuentan con financiación. Y del cemento, ya que todavía no ha entrado a la franja el 46% del cemento necesario para el llamado Mecanismo General de Reconstrucción.

“Hay que salir de este silencio malsano”

El Tribunal Penal Internacional (TPI) continúa en la primera fase de examen preliminar sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel. El pasado mes de julio, más de 50 sindicatos, asociaciones y organizaciones, además de 500 víctimas, presentaron una queja ante el TPI en La Haya.

“Es cierto que hay serias dificultades para la oficina de la fiscalía, pero hay que salir de esta ambigüedad, de este silencio malsano. Este examen preliminar que se prolonga durante años no es ni serio, ni profesional”, indica a este medio Gilles Devers, uno de los abogados que ha participado en la preparación de la denuncia.

“Si la oficina de la fiscal del TPI estima que no se puede abrir una investigación debido a la organización política en Palestina, lo debe decir para que todo el mundo tenga una buena comprensión del caso y que cada uno asuma sus responsabilidades”, manifiesta el letrado en referencia a la división política palestina entre Fatah, en Ramala, y Hamás, en Gaza, que podría dificultar la investigación.

Las personas firmantes de esta iniciativa consideran que los dirigentes políticos palestinos no son los únicos “amos de la justicia”. Afirman que no van a esperar a que las autoridades palestinas decidan continuar en la lucha jurídica y han actuado por su cuenta.

“La acción legal permite afirmar el derecho, redistribuir las cartas y crear nuevas relaciones de poder. Nuestra única preocupación es ir tan lejos como sea hacia esa dirección y nuestro método es actuar de acuerdo a las mejores prácticas profesionales”, asegura Devers.

La queja presentada señala tres posibles crímenes israelíes: el bloqueo de Gaza, la agresión israelí del verano de 2014 y los asentamientos israelíes de Palestina, en un esfuerzo particular por denunciar la situación en Jerusalén Este. “El fiscal tiene todos los medios para investigar. Entonces, tendrá que tomar decisiones y asumirlas”, sentencia el letrado.