El Gobierno contradice a Acnur y asegura que los inmigrantes de Chafarinas no querían pedir asilo

Después de dos meses de silencio, el Gobierno ha explicado su versión sobre cómo llevó a cabo la devolución a Marruecos de las siete personas que llegaron a una de las islas españolas de Chafarinas. Según dice, todos fueron informados de su derecho de pedir asilo pero lo rechazaron. La afirmación contradice el comunicado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que confirmaba que los inmigrantes habían expresado a las autoridades, a través de su abogada, su voluntad de solicitar formalmente protección en España. Los subsaharianos también fueron contundentes en conversación telefónica con el diario.es: “Todos queremos pedir asilo”, clamó el maliense Amin desde Chafarinas el pasado 14 de abril.

En respuesta a una pregunta parlamentaria registrada por el diputado de Amaiur Jon Iñarritu, el Gobierno ha narrado los hechos que ocurrieron durante las 30 horas en las que se desarrolló la opaca operación de expulsión de los siete inmigrantes.

El Ejecutivo asegura que, tras su llegada, envió al islote a una “comisión multidisciplinar” formada por una letrada, un intérprete, cinco policías nacionales de las Brigadas de Extranjería, una dotación de Guardias Civiles y “personal” de la Comandancia general de Melilla. “A todos ellos les fue ofrecida la posibilidad de solicitar protección internacional, sin que ninguno de ellos la solicitara ni manifestara su intención de hacerlo”, afirma el Gobierno en su respuesta.

El pasado 15 de abril, el día de la llegada de las siete personas a Chafarinas, la abogada de la ONG Coordinadora de Barrios, después de hablar con los inmigrantes por teléfono, envió a la Oficina de Asilo y a la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) la solicitud de asilo con los datos concretos de los subsaharianos. Además, la misma organización presentó una queja a la Defensora del Pueblo para requerir la garantía de sus derechos y el cumplimiento de la Ley de Asilo y de Extranjería.

Por su parte, Acnur se puso en contacto con el Ministerio de Interior “a fin de que se permitiera a estas personas presentar de manera oficial su solicitud de asilo conforme establece la ley”. Tras conocerse la noticia de su expulsión, la delegación española de la agencia de la ONU difundió un comunicado en el que denunciaba que la devolución suponía “una denegación del acceso al procedimiento de asilo en España, lo que contravendría la legislación vigente y los compromisos internacionales adquiridos”.

“Según la información de que dispone ACNUR, estas siete personas, a través de su abogada, habían informado a las autoridades de asilo de su intención de solicitar asilo en España”, añadía su comunicado. Pero, según el Gobierno, los inmigrantes -procedentes de Malí, República Democrática del Congo (ambos con conflictos internos activos), Costa de Marfil y Guinea Conakry- declinaron la supuesta propuesta de la letrada de pedir protección internacional.

Cuatro de los siete inmigrantes, que se declaraban menores, fueron trasladados a Melilla durante unas horas para que les fueran efectuadas las pruebas de determinación de la edad. Según los resultados, todos superaban los 18 años, aunque este tipo de exámenes tienen un elevado margen de error que ha sido denunciado por la Defensora denunciado por la Defensora del Pueblo durante años, instando a que se efectuen pruebas más rigurosas. Su último informe advertía que los informes médicos y radiológicos realizados con este fin “no se ajustan a las recomendaciones efectuadas por los expertos forenses”. El Ejecutivo afirma en la respuesta parlamentaria que estas personas también fueron informadas de su derecho al asilo. Todas fueron expulsadas.

Según la versión oficial, los inmigrantes llegados a Chafarinas, después de alcanzar territorio español en una embarcación neumática, después de pasar 30 horas esperando en una isla deshabitada y expresar a ONG y a medios de comunicación su necesidad de ser auxiliados y su intención de solicitar protección, cuando se les preguntó, declinaron la opción de ser trasladados a Melilla para que su solicitud fuese estudiada.