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DESALAMBRE

El Gobierno aprueba un acuerdo de importación y exportación de armas con Bahréin

Amnistía Internacional lleva años denunciando el recrudecimiento de la represión a manifestantes en Bahréin que ha dejado "decenas" de fallecidos y centenares de detenidos

El acuerdo "facilitará los intercambios comerciales y favorecerá la presencia de la industria española de defensa en la región del Golfo Pérsico", defiende el Gobierno

La tortura y el acoso son prácticas habituales ejercidas sobre la disidencia, según organizaciones de derechos humanos

Represión policial de las protestas en Bahréin. / @saidyousif / aldaih yest

Represión policial de las protestas en Bahréin. / @saidyousif / aldaih yest

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo entre los gobiernos de España y Bahréin sobre "cooperación en el ámbito de la defensa" que permitirá la importación en un país caracterizado por falta de libertad de manifestación y la tortura ejercida sobre la disidencia, según denuncias de organizaciones internacionales como Amnistía España. 

Según describe el Gobierno, el establecimiento de la "colaboración" entre ambos países "facilitará los intercambios comerciales de carácter bilateral, y favorecerá la presencia de la industria española de defensa en la región del Golfo Pérsico". Además, asegura que, gracas al acuerdo,  se cooperará en materia de "formación, la industria de la defensa, la importación y exportación de armamento, y las operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz".

"El acuerdo tiene por objeto un amplio número de materias relativas a la defensa, cuyo posterior desarrollo y profundización podrá llevarse a cabo mediante la celebración de protocolos o acuerdos de carácter técnico o administrativo", ha explicado el Gobierno español. 

No ha efectuado referencia alguna, sin embargo, a las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre el recrudecimiento de la represión contra manifestantes y activistas. Desde febrero de 2011, miles de Bahréiníes se manifiestas contra el gobierno para pedir más reformas políticas. Decenas de manifestantes pacíficos han perdido la vida como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y el ejército Bahréiníes, según Amnistía Internacional. Además, cientos de personas han sido detenidas y muchas de ellas han sufrido tortura.

Una de las últimas polémicas se remonta a mediados de agosto con la detención de la destacada activista Mariam al Jawaya, uno de los rostros más visibles de las reivindicaciones de igualdad en Bahréin, a su llegada al aeropuerto de Manama.

Acudía al país para visitar a su padre, el disidente Abdulhadi Al Jawaya, condenado a cadena perpetua junto a otros 12 líderes de la oposición gubernamental, encausados por su participación en las protestas de 2011, durante la primavera árabe. Amnistía Internacional considera a todos ellos presos de conciencia. Durante su periodo de detención, ha sido sometido a torturas físicas y psicológicas, y ha tenido que ser operado de urgencia después de que los agentes le rompieran la mandíbula, según denuncias las organizaciones internacionales. Abdul-Hadi Al-Khawaja permaneció 110 días en huelga de hambre en protesta contra la discriminación que sufre en el país la mayoría de la población. 

La familia Al-Khawaja es conocida en Bahréin por su activismo pro-democracia desde hace más de una década. En represalia por su activismo, distintos miembros de su familia han sufrido acoso, detención y tortura. Dos de sus yernos fueron detenidos y sometidos a graves torturas, su mujer, Khadija al-Mousawi, fue despedida de su trabajo, a su hija Batool se le ha denegado el permiso de trabajo en el sector médico y su hija Zainab Al-Khawaja, además de la última detención, fue arrestada en varias ocasiones, golpeada y recibió un disparo en la pierna.

En julio de 2013 Bahréin dio un paso más en la represión de la expresión ciudadana, añadiendo una serie de cambios a la Ley de Protección frente a Actos de Terrorismo. Entre las reformas están el aumento de los periodos de detención y la posibilidad de revocar la ciudadanía a cualquiera que se considere culpable "de incitar al terrorismo". Además, proporcionan el marco legal para prohibir sentadas, marchas y reuniones en la capital, Manama. Ante estas restricciones, se ha manifestado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que publicó el 6 de agosto un llamamiento al Gobierno de Bahréin instándole a respetar el derecho de libertad de expresión y asociación.

A través de estas reforma, el Gobierno ha justificado el recrudecimiento de la represión contra manifestantes y activistas. Una represión que va en aumento en el Gobierno de los al-Khalifa, conocido por la detención y tortura sistemática sobre los disidentes más destacados. 

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