Haití pide medidas concretas que garanticen los derechos de los inmigrantes en República Dominicana
El Gobierno de Haití ha reclamado medidas concretas que garanticen los derechos de los inmigrantes haitianos y de sus descendientes en República Dominicana, una petición que ha sido aceptada por el país vecino, que ha prometido avanzar en la legislación nacional en este sentido, después de que el Tribunal Constitucional de República Dominicana denegase la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes nacidos después de 1929.
Los funcionarios haitianos y dominicanos, encabezados por el primer ministro de Haití, Laurent Lamothe, y el ministro de la Presidencia dominicana, Gustavo Montalvo, han mantenido este martes una jornada de trabajo de más de siete horas y han acordado realizar reuniones bilaterales el primer lunes de cada mes. Así, el próximo encuentro tendrá lugar el 3 de febrero, en República Dominicana.
Tal y como ha recogido el medio dominicano 'Diario Libre', el Gobierno dominicano ha señalado que trabajará en una legislación nacional que de respuestas a todos los casos no contemplados en el Plan de Regularización de Extranjeros y ha anunciado que en la próxima reunión se tratará la regulación de los trabajadores temporeros.
Asimismo, la parte dominicana ha informado de que ha agotado recientemente la entrega de carnés con los que regulariza la situación de nacionales haitianos residentes en el país. Ante esta contratiempo, Haití se ha comprometido a tramitar los pasaportes a dichos trabajadores.
Por otra parte, han abordado cuestiones relacionadas con las aduanas, la “reciprocidad comercial” para permitir el ingreso de productos de ambos países y la seguridad, punto en el que se prevé un protocolo que permita, de manera conjunta, combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia internacional.
Las conversaciones cuentan con el auspicio de Naciones Unidas, la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Unión Europea (UE) y con la mediación del ex presidente panameño Martín Torrijos y de la viceministra de Exteriores para América Latina de Venezuela, Verónica Guerrero.
Polémica sentencia
El conflicto se desató el pasado 23 de septiembre, cuando el Tribunal Constitucional de República Dominicana denegó la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes nacidos después de 1929, con lo que serían “ilegales” o estarían “en tránsito”.
La gran mayoría de los afectados son hijos de haitianos que emigraron al país vecino en busca de unas mejores condiciones de vida. Santo Domingo se ha quejado reiteradamente del flujo migratorio procedente de Puerto Príncipe.
República Dominicana está poblado por 10 millones de personas, 458.000 de las cuales son de origen haitiano. De éstas, solamente 240.000 han nacido en territorio dominicano.
Crisis diplomática
En este contexto, el pasado 19 de noviembre, Santo Domingo y Puerto Príncipe emitieron un comunicado conjunto para anunciar el inicio de las conversaciones bilaterales para solucionar el conflicto migratorio, con Venezuela como mediador.
“El diálogo es la forma adecuada de resolver cualquier situación relativa a la gente de origen haitiano nacida en República Dominicana y afectada por esta decisión judicial”, dijo el Gobierno de Danilo Medina.
La voluntad de diálogo apenas duró una semana porque República Dominicana acusó a Haití de romper esta Declaración Conjunta y, en consecuencia, llamó a consultas a su embajador en Puerto Príncipe, Rubén Silié.
El viceministro de Exteriores explicó que “República Dominicana tomó esta determinación en vista del desconocimiento por parte de Haití de la Declaración Conjunta mediante la cual se comprometió a priorizar el diálogo”.
“En la reunión de la Caricom celebrada en Trinidad y Tobago, las autoridades haitianas evidenciaron una franca violación de la Declaración Conjunta”, dijo, en alusión a la cumbre en la que se decidió suspender el proceso de adhesión de República Dominicana.
Reforma migratoria
Así las cosas, el pasado 29 de noviembre Medina emitió el decreto 327-13, por el que establece un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular, y en el que se invita a los inmigrantes a acogerse al acuerdo en un plazo de 18 meses, a partir de la puesta en marcha del mismo.
Entre los criterios que se exigen para demostrar un vínculo con la sociedad dominicana, se tendrá en cuenta el hecho de tener hijos nacidos en el país, de haber cursado estudios en territorio dominicano, de saber hablar y escribir español, de residir en un domicilio fijo, de convivir con un dominicano y de carecer de antecedentes penales.
Asimismo, el decreto establece la necesidad de que el extranjero demuestre vínculos de tipo laboral o socioeconómico con el país. En este sentido, se valorará poseer propiedades muebles o inmuebles, cuentas bancarias, tener un empleo regular durante el tiempo de su permanencia y ejercer un oficio técnico certificado.
