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Hungría comienza a devolver a “tierra de nadie” a los refugiados sin agua y sin comida

Las vallas con cuchillas de la frontera de Hungría.

Marcelo Nagy / Efe

Hungría ha aplicado ya este martes a 600 personas la nueva norma para trasladar a los refugiados al otro lado de las vallas fronterizas, donde no reciben asistencia, una medida criticada como una forma de “devolución en caliente” que puede violar los derechos humanos y dificultar la petición de asilo.

Una reforma de la Ley de Extranjería, que entró en vigor a medianoche, faculta a Policía y Ejército a “acompañar” a quienes entren ilegalmente en el país, y sean interceptados en los ocho primeros kilómetros de territorio, al otro lado de las alambradas elevadas por Budapest en sus fronteras con Serbia y Croacia.

Al otro lado de las vallas, aún en suelo húngaro, los refugiados tendrán que solicitar asilo y esperar una respuesta durante días o semanas, en condiciones inhumanas, sin agua, comida ni servicios higiénicos.

“Nos preocupa que la redacción de la ley deja demasiado margen de interpretación y que pueda dar lugar a violaciones de los derechos humanos de los migrantes por parte de las fuerzas de orden público, al expulsarles sin ningún proceso legal”, ha denunciado en un comunicado el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Hasta ahora, las autoridades trasladaban a los refugiados que habían entrado ilegalmente en el país bien a campos cerrados o centros abiertos, donde eran atendidos y podían solicitar asilo. Desde este martes, incluso si no se puede comprobar que los refugiados entraron ilegalmente en el país, serán llevados al otro lado de las vallas fronterizas.

Legalizar las devoluciones en caliente

“La enmienda intenta legalizar las 'devoluciones en caliente' que, según organizaciones de derechos humanos y voluntarios que trabajan en la zona, ya están ocurriendo frecuentemente en la práctica”, ha denunciado a Efe Gábor Gyulai, director del programa de asilo de la sección húngara de la ONG Comité de Helsinki. Para Gyulai, se trata de “una política vergonzosa e inhumana”. 

El primer país en intentar legalizar las devoluciones en caliente fue España. En marzo de 2015, el Gobierno elaboró una enmienda para regular las expulsiones inmediatas a Marruecos desde Ceuta y Melilla, lo que el Ejecutivo a denominado como “rechazo en frontera”. 

“Parece que no existe un precio demasiado alto para aplicar la política xenófoba del Gobierno húngaro. Todo es ya posible para mantener este tema artificialmente en el primer lugar de la agenda política del país”, ha criticado.

El experto recordó que diferentes ONG han denunciado las condiciones inhumanas en la “tierra de nadie” entre Serbia y Hungría, donde centenares de refugiados que vienen huyendo de la guerra quedan atrapados días y semanas, sin que ninguno de esos países les preste ayuda.

El Gobierno conservador húngaro argumenta que se limita a defender las fronteras del espacio Schengen de libre circulación en la Unión Europea. György Bakondi, consejero de asuntos de seguridad del Ministerio de Gobernación, ha asegurado ante la prensa que esta forma de actuar sólo busca aumentar la eficiencia de la defensa de las lindes.

“Queremos lograr que aumente la eficiencia de la defensa de la frontera y mantener la posibilidad de presentar solicitudes de asilo. Pero la meta es que los inmigrantes no puedan permanecer de una forma ilegal en el país”, ha afirmado.

El Gobierno asegura que, desde comienzos de 2016, más de 22.000 personas han solicitado asilo en Hungría y que sólo se le ha concedido a 264. Desde otoño de 2015, cuando Hungría selló sus fronteras con Serbia y Croacia, la entrada ilegal en el país es un delito penado con hasta cinco años de prisión.

“Queremos asegurar que se llegue a una decisión rápida sobre las solicitudes (de asilo)”, ha agregado Bakondi. Hungría no solo ha construido vallas en sus fronteras y aprobado una durísima legislación, sino que también ha convocado para el 2 de octubre un referéndum sobre la propuesta de la Unión Europea de reubicar solidariamente a los refugiados en todos los países comunitarios.

El Ejecutivo húngaro mantiene que las políticas migratorias de Bruselas son erróneas y que son los húngaros quienes deben decidir con quién conviven y a quién dejan entrar en el país.

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