Investigados cuatro sanitarios por denegación de auxilio a inmigrantes en Canarias
- Según adelanta este lunes El País, un juzgado del sur de la isla investiga lo ocurrido tras una denuncia interpuesta por la propia Policía
El Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha tomado declaración a cuatro trabajadores de la sanidad pública de Canarias por posible denegación de auxilio a las personas que llegaron a la isla de en una patera rescatada el pasado 7 de febrero. Se trata del caso del grupo de inmigrantes que, tras pasar algunos de ellos por un médico, fue abandonado en una comisaría a pesar de su débil estado de salud.
Los 42 supervivientes de esa patera —otros siete murieron durante la travesía— fueron socorridos por una embarcación de Salvamento Marítimo en tan mal estado tras varios días de navegación sin apenas víveres, que la mayoría de ellos requirió atención médica de diverso tipo y uno falleció a las pocas horas en el hospital.
Según adelanta este lunes El País, un juzgado del sur de la isla investiga varios incidentes que ocurrieron en las horas siguientes a la llegada de la patera al puerto, que llevaron a la Policía y a la propia Delegación del Gobierno a quejarse públicamente del trato ofrecido por la sanidad pública canaria a los inmigrantes.
El delegado del Gobierno en las islas, Enrique Hernández Bento, denunció entonces que ese grupo de inmigrantes tuvo que pernoctar en la comisaría de Maspalomas en un evidente mal estado de salud, porque habían sido dados de alta por los centros de salud de la zona, y que los policías se vieron obligados a insistir para que los médicos volvieran a atender a varios de ellos.
Fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario han confirmado a Efe que cuatro trabajadores del Servicio Canario de Salud han prestado ya declaración por estos hechos con la condición de investigados, para responder de una denuncia por presunta denegación de auxilio presentada por la propia Policía Nacional.
Sin embargo, las fuentes han recalcado que las diligencias están en un estado tan inicial que esos cuatro sanitarios ni siquiera han declarado ante el juez o ante el fiscal, sino que les tomó manifestación un funcionario del Juzgado.
Los cuatro —un médico, un responsable de zona, un gerente y un directivo de centro sanitario— dieron su versión de los hechos asistidos por un letrado del Servicio Canario de la Salud.
Lo ocurrido con esa patera y las imágenes que se dieron a conocer en los días siguientes —inmigrantes conectados a vías y monitores sanitarios directamente sobre el suelo del garaje de la Comisaría, en dudosas condiciones de higiene—dieron lugar a un cruce de reproches entre la Delegación del Gobierno y la Sanidad canaria.
Los dos organismos han reconducido ya sus diferencias para acordar un nuevo protocolo de atención a los inmigrantes que llegan en un estado de salud tan malo como el de la patera del 7 de febrero, pero el asunto ha motivado la apertura de dos investigaciones: la judicial y otra incoada, de oficio, por parte del Diputado del Común (el Defensor del Pueblo canario).
