La Justicia de la UE desestima la demanda de una activista española contra Frontex por falta de transparencia
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado este miércoles la demanda interpuesta por la investigadora y activista española Luisa Izuzquiza contra Frontex después de que la agencia de la UE le denegara el acceso a información sobre su operación en el Mediterráneo central. El tribunal con sede en Luxemburgo respalda a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en sus motivos para negarse a proporcionar estos datos. Se trataba del primer caso de este tipo al que se enfrentaba Frontex en los tribunales.
Los demandantes estudian recurrir la decisión, según ha podido saber eldiario.es. “Es incomprensible y francamente preocupante que Frontex no tenga siquiera la obligación de publicar los nombres de los barcos con los que opera en el Mediterráneo”, han indicado a este medio. “Este es un estándar mínimo de transparencia que otras misiones europeas en el Mediterráneo cumplen incluso por iniciativa propia”, sostienen.
El caso se remonta al 10 de noviembre de 2017, cuando Frontex denegó a Izuzquiza el acceso a los documentos que contenían información sobre el nombre, el pabellón y el tipo de cada una de sus embarcaciones desplegadas en el marco de la operación Tritón entre el 1 de junio y el 30 de agosto de 2017. Este operativo de vigilancia fronteriza fue lanzado por la agencia para sustituir a la italiana 'Mare Nostrum', que salvó decenas de miles de vidas.
Frontex rechazó la petición de Izuzquiza y su compañero Arne Semsrott alegando que “la divulgación de detalles del equipo técnico utilizado en las operaciones en curso sería perjudicial para la seguridad pública”. “Combinando la información que contienen los documentos solicitados con información disponible públicamente en determinadas páginas web e instrumentos marítimos sería posible conocer la posición actual de las embarcaciones patrulleras”, prosiguieron.
Izuzquiza y Semsrott argumentaron en su recurso que no es posible seguir la ruta de las naves de Tritón, porque cuando están desplegadas en misión de vigilancia “no transmiten sus datos”, como la posición o el rumbo, a estaciones o satélites “para evitar ser detectadas”. También alegaron que otra misión militar de la UE en el Mediterráneo, la Operación Sofía –no dirigida por Frontex, sino por el Servicio Europeo de Acción Exterior–, publica de forma constante este tipo de detalles sobre sus barcos. Además, explicaron que Frontex ya había divulgado en otras ocasiones en Twitter “de forma proactiva” parte de la información solicitada.
La agencia de fronteras, sin embargo, respondió que la información solicitada es “suficiente” para que las redes delictivas que operan en alta mar localicen sus patrulleras y el tribunal de la UE le ha dado la razón y desestima el recurso considerando que sus explicaciones para negarse a facilitar los datos “siguen siendo plausibles y demuestran”, a su juicio, “la existencia de un riesgo previsible, y no meramente hipotético, para la seguridad pública”.
“Conociendo la ubicación de las embarcaciones, los traficantes dispondrían, según Frontex, de la información necesaria para evitar los controles destinados a impedir el paso ilegal de las fronteras”, reza la sentencia del TJUE. “La posibilidad de que tales embarcaciones puedan ser localizadas por los traficantes constituye un riesgo para la seguridad pública”, recalca. Asimismo, apuntala que la agencia “no está obligada a desvelar” en sus motivos para rechazar una solicitud de este tipo “elementos que causarían un perjuicio” al interés público que “protege”, en este caso la seguridad.
En una entrevista con eldiario.es el pasado julio, Izuzquiza explicó que su principal motivo para pedir esta información era estudiar en profundidad la política migratoria de la UE y conocer si se había incurrido en posibles abusos en la que es la ruta migratoria más mortífera del Mediterráneo, la que une Libia e Italia.
“La transparencia es la herramienta que creemos que puede ayudar entender realmente cómo respondió la Unión Europea ante la crisis humanitaria a la que tuvo que enfrentarse, si lo hizo bien o mal, si cometió violaciones de derechos humanos o no. Es especialmente importante, porque es la policía de fronteras y se enfrenta a una población en su momento más vulnerable, en alto riesgo, por lo que tiene obligaciones conforme a la ley internacional que respetar”, respondió.
Tras conocer la decisión del TJUE, los demandantes insisten en este argumento. “Frontex tiene una enorme responsabilidad a la hora de salvaguardar los derechos humanos en las fronteras, y una mayor transparencia en torno a sus operaciones debería ser un requisito indispensable para una agencia como esta”, sentencian.
