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Las ONG manifiestan en la ONU sus preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos en España

Varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han aprovechado la ocasión para manifestar sus preocupaciones en torno a los derechos humanos en España

Javier Biosca Azcoiti

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado este jueves la revisión periódica de derechos humanos en España, conocida como Examen Periódico Universal, basada en las 189 recomendaciones que los estados habían hecho a España sobre este tema a principios de año.

Allí, no solo han participado los estados, sino también diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que han tenido la oportunidad de ‘regañar’ y reprochar directamente a España sobre asuntos de derechos humanos. Esto es lo que han dicho algunas de ellas:

El Consejo de Europa ha subrayado tres retos a los que España se está enfrentando. “Los deficientes procesos de asilo y asuntos relacionados con la inmigración ilegal; discriminación étnica por parte de las autoridades; y las condiciones de detención como resultado de prisiones superpobladas”.

La Federación Internacional de Derechos Humanos ha exigido a España “reconocer el derecho a la justicia, verdad, no repetición y compensación a las víctimas de violaciones de derechos humanos bajo la dictadura de Franco” así como “revocar la Ley de Amnistía”. “España debería aplicar el principio de justicia universal y permitir a sus juzgados perseguir crímenes internacionales cometidos fuera de España”, ha añadido.

El Servicio Internacional de Derechos Humanos y Rights International Spain (RIS), por su parte, han mostrado su preocupación en torno a la Ley de Seguridad Ciudadana, la cual “criminalizará el ejercicio del derecho de reunión pacífica”. “Esta ley podría dar lugar a interpretaciones arbitrarias y ser usada para cercenar el derecho de reunión”.

En este sentido, Amnistía Internacional también ha querido expresar su preocupación en torno a la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que “no reconocerá el derecho a manifestaciones espontáneas”. Por otro lado también ha señalado que el Gobierno “continúa evitando que las personas que huyen de violaciones de derechos humanos accedan a los procesos efectivos de asilo”. Por último, ha aprovechado su intervención para recordar que “la impunidad por violaciones pasadas sigue siendo un problema”.

La Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha querido destacar que “España no ha aceptado las recomendaciones [planteadas por otros estados] exigiendo al gobierno evaluar el impacto de las medidas de austeridad en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”. También ha insistido en los problemas que plantea la Ley de Seguridad Ciudadana, que “limitará el derecho a manifestarse de forma pacífica”.

Cáritas Internacional ha llamado la atención sobre los siguientes temas: “Garantías de acceso a la justicia a los no nacionales en Ceuta y Melilla, el establecimiento de remedios contra la discriminación racial y étnica, la criminalización de la pobreza y la asistencia a las víctimas del tráfico y violencia sexual”.

Por su parte, Save The Children ha recordado que en España hay “más de 2 millones y medio de niños que viven bajo el umbral de la pobreza y que están siendo perjudicados por las reformas políticas y los recortes presupuestarios”.

Por último, el Centro de Derechos Económicos y Sociales ha remarcado que “la crisis económica ha tenido un efecto adverso en los inmigrantes” y ha exigido a España “permitir su acceso sin discriminación a los servicios sociales”.

Además, España ha recibido una recomendación para crear un Comité Interministerial de Derechos Humanos y se han valorado positivamente los pasos que se han tomado para identificar el mejor modelo para llevarlo a cabo.

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