Las ONG denuncian la “incoherencia” de Rajoy con Venezuela y sus políticas de asilo

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha escrito un artículo en El País en el que muestra su compromiso con el “drama humanitario, político y económico que están sufriendo todos los días en un país tan hermano”. Se refiere a Venezuela, solo a este país latinoamericano, a pesar de que vivimos la mayor crisis de asilo desde la Segunda Guerra Mundial. La defensa de los derechos humanos del presidente es “siempre bienvenida”, indican desde varias ONG, pero critican que sus manifestaciones no son igual de contundentes respecto a la población saharaui, de Siria, Sudán del Sur o Yemen. Las organizaciones condenan que, más allá de la opinión de Rajoy, la política de su Ejecutivo no es “coherente” con la inquietud manifestada ahora por el presidente del Gobierno.

Mariano Rajoy escribe sobre la medida del Gobierno en funciones de dar la nacionalidad española a varios familiares del opositor venezolano Leopoldo López. Esta concesión –por la vía de 'carta de naturaleza', que reserva al Ejecutivo esta posibilidad según criterios de “excepcionalidad”– es una “medida de protección” para estas personas, justifica el presidente. “No podemos ser indiferentes”, subraya.

En CEAS Sáhara el título del artículo (que hace alusión a un “pueblo hermano”) les recuerda lo poco que han oído al presidente del Gobierno en funciones denunciar las violaciones de derechos en el Sáhara Occidental. “Está muy bien que el Gobierno defienda a los venezolanos que ven sus derechos vulnerados, muy bien. Pero le pedimos a Mariano Rajoy que haga lo mismo con los saharauis. España tiene una responsabilidad con ellos, y ahí, cerca de Canarias, Marruecos viola sus derechos a diario y el presidente no dice nada sobre ello”, añade Taboada.

Según el presidente de la ONG a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui, la protección de los venezolanos enarbolada por Rajoy en estos momentos no es casual. “Está siendo utilizada como arma electoral, para atacar a algunos partidos que han tenido relación con el gobierno venezolano en el pasado. Los derechos humanos no deberían ser un instrumento electoral”, critica Taboada.

El presidente de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, considera que “estos venezolanos merecen el asilo” y cree que es importante que “merezcan la protección del estado español, porque sufren persecución”. Pero Beltrán matiza que “lo que nos gustaría en Amnistía Internacional es que el sistema de asilo español funcionara bien, que no lo hace. Es legítimo y legal que el Gobierno acuda a mecanismos urgentes, pero el sistema en general debe de funcionar bien y eso no ocurre”, añade.

Desde la Comisión Española de Ayuda el Refugiado también reconocen que no han observado esa actitud del presidente del Gobierno con otras víctimas. “Desde Cear pedimos que cuando una institución pública haga una defensa de las personas refugiadas no se vincule a posiciones ideológicas, sean del color que sean. Las personas que huyen de una violación de derechos humanos o de una persecución deben recibir el mismo tratamiento y protección independientemente de su procedencia e ideología”, expresa Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear).

Por ello, Cear pide “al presidente rigurosidad a la hora de posicionarse de manera tan clara en favor de las personas que son perseguidas. Nos gustaría la misma respuesta para todas las personas que huyen”. En la organización recuerdan que la protección de los demandantes de asilo es un mandato, de obligado cumplimiento, de la Convención de Ginebra, “que no recoge diferenciaciones por nacionalidades ni por ideologías”.

Otras nacionalidades discriminadas

Las referencias del presidente Rajoy al “pueblo hermano de Venezuela” para la concesión de nacionalidad española de los opositores ha levantado algunas críticas por las dificultades de obtenerla para otras poblaciones como la saharaui, uno de los colectivos más discriminados en este sentido. Más allá de no tener la nacionalidad de España, la colonia que les abandonó en 1975, cerca de 400 saharauis residentes en España llevan años chocándose con la denegación sistemática de la ciudadanía a pesar de cumplir todos los requisitos marcados por el Ministerio de Justicia. El motivo expuesto por el Ejecutivo: proceden de “un país no reconocido”.

“Es sorprendente que no se tenga la misma actitud con los saharauis, con los que España tiene un vínculo y una responsabilidad”, apunta Estrella Galán. Francisco Solans, abogado especializado en Derecho de Extranjería, indicó a eldiario.es que hay muchas organizaciones que demandan, desde hace años, que los saharauis sean incluidos en las nacionalidades para las que España ofrece un trámite abreviado para obtener la nacionalidad: tras dos años de residencia (en lugar de los diez establecidos en general). “Pero eso no se ha hecho”, denuncia Galán.

José Taboada indica que, más allá de acortar el proceso por ley a los dos años, “hay descendientes de saharauis con DNI español, a los que España abandonó hace 40 años, con los que el Estado debería tener un reconocimiento. Deberían tener la nacionalidad española automáticamente”, indica. En CEAS Sáhara piden al Gobierno que se posicione sobre los derechos de los saharauis y la autodeterminación de su pueblo en esta campaña electoral: “Creemos que este sí es un tema que afecta a los españoles, por la responsabilidad y relación que tienen con los saharauis”.

Los hechos no acompañan al discurso

El Gobierno ha acudido a un trámite administrativo, la concesión de la nacionalidad, para auxiliar a unos ciudadanos víctimas de “persecución política”, que es merecedora de protección internacional. En la crisis humanitaria de asilo actual, las ONG especializadas no han sentido la misma actitud comprometida del mayor responsable del Gobierno español.

“El problema es que España tiene una posición sobre refugio cicatera. Este Gobierno no ha reformado el sistema de asilo, no ha aprobado el reglamento de asilo [pendiente desde 2009], hay largas listas de espera para acceder a la protección y, en general, hay grandes obstáculos para conseguirlo”, denuncia Esteban Beltrán.

Los venezolanos con los que Rajoy se compromete no pueden ir a la Embajada de España en el país para pedir protección, “porque en la ley de 2009 eso se restringió y no lo han cambiado”, indica el presidente de Amnistía Internacional. Los consulados y embajadas solo pueden tramitar las peticiones de protección en muy contadas ocasiones, que en la práctica lo convierten en imposible. Aunque en la actual crisis humanitaria Acnur y otras organizaciones han pedido al Gobierno que habilite vías legales para la llegada de demandantes de asilo a España, el Ejecutivo no ha atendido sus demandas.

Hasta en el caso de los ciudadanos sirios, que huyen de su país tras más de cinco años de guerra, “es sorprendente que no se les conceda el estatus de refugiados, sino la protección subsidiaria”, destaca Estrella Galán. Con esta modalidad de protección, diferente al asilo, los sirios deben esperar diez años para conseguir la nacionalidad española.

“Esa contundencia con los derechos humanos en Venezuela es bienvenida pero esperamos coherencia con la política exterior española en todos los países, que por el momento no existe”, zanja Esteban Beltrán.