Dos ONG denuncian que un menor lleva 56 días encerrado en el CIE de Madrid

Salif lleva 56 días en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid y asegura que es “menor de edad”. Los menores no pueden ser encerrados en estos centros, pero la Policía y autoridades españolas niegan que el joven tenga menos de 18 años. Fundación Raíces y SOS Racismo Euskadi denuncian que Salif hizo todos los pasos exigidos para documentar su minoría de edad, a través de la Embajada de su país (Malí), y critican la invalidación de su pasaporte por la policía. “Ante la más mínima duda de minoría de edad, no se debería encerrar a nadie en un CIE”, condenan.

Salif ha pedido esconder su verdadero nombre. Coge el teléfono desde el interior del centro de Aluche, responde a algunas preguntas y enseguida pasa el móvil a un compañero. “Tiene miedo”, resume su interlocutor, un hombre nigeriano de 32 años. “Aquí lo defendemos, es muy pequeño, no es un sitio para que esté aquí”, prosigue.

El adolescente pasó “muchos nervios” cuando se rumoreaba que el Gobierno fletaría un vuelo secreto de deportación a su país de origen, el pasado 6 de septiembre. Finalmente, el avión no salió. “Pero el chico está muy nervioso, lleva muchos días aquí, tiene mala cara”, afirma su compañero.

El propio origen de Salif ha sido motivo de conflicto, explica su abogado de oficio, Iñaki Gómez Murguialday. El chico llegó a Melilla en patera el 29 de enero de 2015. “Entonces, dijo que era mayor de edad y que era de Costa de Marfil”, explica. Fundación Raíces recuerda que es habitual que los menores que llegan solos a España digan que son mayores, especialmente si llegan a Melilla. El motivo: no quieren ser tutelados en la ciudad autónoma, para poder trasladarse hasta la Península.

Aunque ahora está en el CIE para ser expulsado a Malí, la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa ordenó su expulsión de España el 18 de julio como si fuera de nacionalidad “marfileña”. Después, en el mismo documento, Extranjería corrigió su lugar de origen por “la República de Malí”. Para su abogado, el procedimiento para su expulsión debería haber comenzado de nuevo: “El expediente es inválido”, reitera Gómez Murguialday, que ha recurrido la orden y ha pedido medidas cautelares para sacar al chico del CIE.

Tramitación del pasaporte

Una vez cruzó el Estrecho, Salif dijo que “era menor de edad y que en realidad procedía de Malí”. Así lo reflejan varias organizaciones sociales en la documentación que ha aportado la defensa del chico para intentar concluir el internamiento en el centro de extranjeros. Salif se afincó en el País Vasco, donde vivió en la calle un tiempo y también en albergues y residencias de ONG para adultos cuando tuvo ocasión.

Con el tiempo, asesorado por varias entidades, pidió su partida de nacimiento a su país de origen para poder tramitar el pasaporte que demostrara su minoría de edad. En diciembre de 2015, SOS Racismo Euskadi y Fundación Raíces se pusieron en contacto para que la segunda entidad –afincada en Madrid– acompañara a Salif a la Embajada de Malí en la capital.

“Es lo que solemos hacer en casos de este tipo. Llevé allí a Salif y fue entrevistado por una persona de la Embajada” –afirma la educadora Isabel Casanova a este medio– “y luego hay que esperar a que hagan sus comprobaciones y que envíen el pasaporte, que suele tardar unos tres meses”.

El pasaporte llegó “al albergue municipal en el que se empadronó el chico”, afirma el letrado Gómez Murguialday. “Después, se tuteló a Salif porque se demostró con esta documentación oficial que es menor de edad y pudo ingresar en un centro de acogida de menores”. Los niños en desamparo, como en el caso de Salif, deben ser cuidados y tutelados por la Administración, según la legislación nacional e internacional.

Proceso para su expulsión

Pero la Policía paró un día a Salif y, tras pedirle sus papeles, lo llevó a comisaría. De su entrada por Melilla, el chico estaba registrado (como mayor de edad y costamarfileño) y tenía una orden de salida del España que no había cumplido. Aunque ahora cuenta con un pasaporte que documenta que nació en octubre de 1999 en Malí, la Policía abrió un procedimiento para investigarlo. Tras su análisis, concluyó que se trataba de un “documento falsificado”, por lo que acusó a Salif de un delito de falsedad documental.

El chico fue sometido a unas pruebas médicas de determinación de la edad –criticadas por la Defensora del Pueblo por su elevado margen de error y su carácter invasivo–, que concluyeron que tenía 18 años. “Las pruebas además se hicieron sin intérprete, como se requiere en estos casos”, apunta Gómez Murguialday.

Su abogado recuerda que la Policía no pone en duda que el pasaporte sea expedido por la Embajada de Malí, puesto que reconoce que no está manipulado y que el papel es auténtico, pero menciona “errores, como que nationalité no lleva tilde o que el nombre de procedencia no es correcto”, añade Iñaki Gómez Murguialday.

En el pasaporte aparece el nombre Meneko en lugar de Neneko, que es su lugar de nacimiento según el resto de documentación que posee, como la partida de nacimiento. “Lo que no entendemos es que por una tilde o un error la Policía diga que el documento está falsificado, porque sin duda está expedido por la Embajada”, dice Lourdes Reyzábal, presidenta de Fundación Raíces. “Además, sí cree que es de Malí, pero no cree su edad, nos parece raro”.

El letrado del menor apunta que para Costa de Marfil no hay vuelos de deportación, pero sí para Malí. eldiario.es se ha puesto en contacto con la Policía Nacional que ha rehusado comentar “un caso judicializado”.

SOS Racismo Euskadi y Fundación Raíces piden que “Salif salga del CIE”. Según la legislación, solo puede estar encerrado unos días más antes de ser expulsado, hasta un máximo de 60. “No es un lugar para un menor”, afirma Mikel Mazkiaran (SOS Racismo), que recuerda que los procesos contra el joven se encuentran recurridos ante los tribunales.

Salif espera no cumplir los 60 días en el CIE. “Si tengo suerte, ¿mañana o pasado mañana tendré la libertad?”, pide que traslademos a su abogado. Quiere salir para volver a “estudiar soldadura”, como hacía antes de ser encerrado. Si gana los procesos recurridos ante la justicia, aún debería ser tutelado y cuidado por la Administración durante más de un año.