ONU: “La tortura en México se ha convertido en un modo habitual de investigar delitos”

La ONU ha hablado claro: México tiene un “problema” con la tortura y no hace mucho por evitarlo. Tras las duras recomendaciones efectuadas por Juan Méndez, relator especial sobre la tortura de las Naciones Unidas en su visita a este país, explica las razones en las que basa sus conclusiones. “Lo que más me llamó la atención es la falta de uniformidad respecto a los cuerpos de seguridad que torturaban: el Ejército, la Marina, las policías estatales, municipales, la federal…”, describe el argentino que trató de comprobar sobre el terreno cuándo y en qué instituciones se realizan estas prácticas.

Aunque asume que, según sus comprobaciones, no proviene de una política de Estado, reconoce que el Gobierno “tiene que agarrar al toro por los cuernos y decir: 'tenemos un problema de tortura y lo vamos a solucionar”. De momento, según asegura Méndez, el presidente mexicano, que está de visita en España y recibió este lunes las llaves de oro de la ciudad de Madrid, ha confesado saber de algunos casos “concretos” pero no está trabajando lo suficiente en erradicar lo que para la ONU es una situación “generalizada”, indica el relator de la ONU.

Pregunta: Después de su visita a México, a finales de abril, denunció el uso generalizado de la tortura en ese país.

Respuesta: Elegí el término “generalizado” cuidadosamente. No quise decir sistemática ni que obedece a una política de Estado. Pero sí creo que se ha convertido en un modo habitual de investigar delitos. Hablé con muchas víctimas en los centros de detención y el relato era idéntico: la tortura ocurría en las primeras 24 horas de detención en lugares que no podían identificar.

La tortura concluía en el momento en que pasaban a disposición de la Procuraduría o del Ministerio Público. También, en algunos casos, antes de llegar a un juez, se les sacaba de las celdas para torturarlos. Lo que más me llamó la atención es la falta de uniformidad respecto a los cuerpos de seguridad que torturaban: el ejército, la marina, las policías estatales, municipales, la federal… Sin ser una política de estado, México debe enfrentar con mucho rigor la tortura para que no florezca por falta de atención.

Cuando era candidato, Enrique Peña Nieto se comprometió en una carta a Amnistía Internacional a no permitir que se torturara si ganaba las elecciones. Un año y medio más tarde, ¿ha habido avances?

Ha habido avances por parte de los tribunales y de la Suprema Corte de Justicia en México. También avances legislativos que limitan el uso de la tortura, del arraigo (detención sin cargo), que favorece un clima donde es más fácil cometer abusos. Pero hace falta mucho más que decir que no se tolerará la tortura, sino que hay que romper el ciclo de impunidad. No veo muchas señales de que esto esté ocurriendo. Sin embargo hay mejores controles internos y la retirada de las Fuerzas Armadas favorece el control y que haya menos denuncias. Pero hace falta mucho más para acabar con la tortura.

¿Ha empeorado la tortura en México por el enfoque militar del presidente anterior en la lucha contra el narcotráfico?

No tuve ocasión de investigar durante los años de Gobierno de Felipe Calderón pero tengo la impresión de que movilización de las fuerzas armadas y la declaración de guerra al crimen organizado favoreció cierta sensación de impunidad en los investigadores de delitos para torturar. También puede que se hayan producido más denuncias. Pero éstas denuncias a los organismos de Derechos Humanos tuvieron un pico muy alto durante los años de guerra contra el crimen organizado.

Según Amnistía Internacional, más de 7.000 denuncias de tortura han llegado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde 2006 pero sólo se han dictado seis sentencias desde entonces. ¿Por qué se produce esta impunidad?

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales no tienen recursos para atender todas las denuncias. Recibimos testimonios de personas que habían denunciado. Los investigadores llegaron seis meses después. Aunque estaban capacitados para aplicar el Protocolo de Estambul para detectar torturas, habían desaparecido los rasgos físicos de la tortura. Se ha avanzado en la capacitación para aplicar estándares internacionales para la detección de tortura, pero falta investigar en tiempo real y favorecer la investigación inmediata.

Las personas acceden a un juez en 48 horas o, en el caso de crimen organizado, en 96 horas. Esto se respeta, no hay detenciones clandestinas. Pero al ser presentados a un juez no tienen asesoramiento jurídico. Cuando lo tienen, no se enteran de que se trata del abogado de oficio ni tienen una entrevista privada o un apoyo serio antes de estar frente al juez o en el momento de detención. Cuando los jueces reciben una denuncia, derivan al detenido al Ministerio Público. Eso no es eficaz porque hay más interés en el castigo de los detenidos que en la investigación de la tortura.

Se produce un conflicto de intereses porque el Ministerio Público no va a investigar a los policías que detienen a quienes quieren acusar. Hay que crear un mecanismo independiente con mayor capacidad para investigar.

Tiene previsto entregar un informe al Gobierno mexicano con las conclusiones de su visita al país. ¿Cuáles van a ser sus principales recomendaciones para acabar con la tortura?

Entregué un informe preliminar extenso al que le faltan algunas recomendaciones. El informe final espero tenerlo listo en julio o agosto. Lo entregaremos confidencialmente al estado, que tendrá 30 días para darnos sus observaciones. El informe y las observaciones se pondrán entonces a disposición del Consejo de Derechos Humanos. En marzo se va a discutir su contenido.

Algunas recomendaciones que ya he hecho incluyen el acceso más eficaz a la defensa pública o privada en el momento de la detención. Otra consiste en fortalecer los mecanismos preventivos dentro de los cuerpos de seguridad y del ministerio público; de algún modo separar al ministerio de la función de acusar por delitos de la función de investigar la tortura. También fortalecer los recursos humanos de las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos.

¿Eliminar el arraigo?

[Nota: La figura del arraigo fue introducida en la Constitución mexicana en 2008 como una medida federal preventiva para privar de libertad a personas sospechosas de pertenecer al crimen organizado. Supuestamente, el arraigo es utilizado como un medio para investigar a presuntos delincuentes, pero en la práctica, se utiliza como un tipo de vigilancia pública que permite más tiempo a las autoridades para establecer si el detenido es culpable o inocente].

Está entre las recomendaciones. El arraigo no ha resultado eficaz y además viola principios fundamentales del derecho a la libertad personal y al debido proceso. No todas las personas arraigadas sufren torturas. Pero el arraigo, por no tener unos estándares mínimos sobre quién va a ser detenido y sin un control judicial eficaz, sin posibilidad de darle una audiencia a la persona que va a ser arraigada. Esto se convierte en un marco en el que la tortura es mucho más probable. Estuve en el Centro Nacional de Arraigo. Quienes estaban ahí me dijeron que no habían sido torturados ahí, sino antes de ser llevados ahí. Como el arraigo se utiliza también en los estados, es probable que se aproveche esa ocasión para cometer torturas.

¿Notó alguna resistencia por parte de las autoridades a hablar de tortura?

El gobierno de México cumplió cabalmente con todos los requisitos que solicité, lo cual es complicado porque supone un acceso a los centros de detención que elijo, ver hasta el último armario y poder hablar en privado con cualquier detenido. Todos honraron esos requisitos con una sola excepción: la Procuraduría General de Nuevo León, se me impidió el acceso a una dependencia en Monterrey, aunque pude entrar en otras de ese mismo estado. Argumentaban que no tenían órdenes. Me invitaron a ir al día siguiente pero ya no tenía sentido.

¿Entre las recomendaciones está la reparación de las víctimas?

Es parte de la Convención contra la Tortura de la que México es parte: reparación y rehabilitación en la medida de lo posible. El Comité contra la Tortura acaba de publicar un comentario general sobre los requisitos sobre este tema. Yo puedo sugerirle a México que legisle en la materia para que las víctimas de tortura tengan acceso a esa reparación.

Aunque eso implica reconocer que existe la tortura.

Sí, y que puede haberla en el futuro. Pero ese reconocimiento es necesario de todas maneras y no implica una condena moral; implica un compromiso, y creo que México lo tiene.

El informe de Amnistía Internacional concluía que México se resistía a reconocer que se producen casos de tortura.

Tuve la misma impresión, pero ocurre también en otros países. Hay una tendencia a decir “nosotros no torturamos” y a reconocer casos específicos. Pero son dos cosas independientes. No tengo ninguna prueba de que México tenga como política de estado torturar, lo que no impide que tenga obligaciones para prevenir la tortura y castigar cada caso que se produzca. México tiene que agarrar al toro por los cuernos y decir: “tenemos un problema de tortura y lo vamos a solucionar”.