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Trump rebaja a casi la mitad el número de refugiados que recibirá Estados Unidos en el próximo año

Se trata de un número considerablemente inferior al "techo de refugiados" impuesto por las autoridades estadounidenses para el año fiscal 2019, que establecía la admisión de 30.000 personas.

EFE / Desalambre

Washington —

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El Gobierno de Donald Trump ha anunciado este jueves que recibirá 18.000 refugiados en los próximos 12 meses, la cifra más baja en décadas, como parte de una estrategia global para frenar las llegadas de migrantes que incluye los acuerdos con los países del Triángulo Norte de Centroamérica.

El “techo de refugiados” impuesto para el año fiscal 2020 (que va de octubre de 2019 a septiembre 2020) supone una disminución considerable respecto al cupo de admisión de 30.000 personas del año fiscal 2019 y frente a los 45.000 refugios otorgados en el periodo anterior.

Para justificar su decisión, el Departamento de Estado de EEUU ha asegurado en un comunicado que en el “centro de la política exterior de la Administración Trump está el compromiso de tomar decisiones basadas en la realidad, no en los deseos, y de impulsar resultados óptimos basados en hechos concretos”.

EEUU ha afirmado que está avanzando en “atacar los problemas en la fuente”, donde se originan, y que, por eso, “está trabajando duro para resolver los conflictos en Siria y Afganistán, fortalecer las economías y los Gobiernos de los países de Centroamérica y fortalecer el Gobierno legítimo de Venezuela contra la tiranía de (Nicolás) Maduro”.

Además, el Departamento de Estados se ha excusado en las “cargas” que pesan sobre el sistema de migración de Estados Unidos“ y ha apuntado la importancia de ”dar prioridad a los casos de protección humanitaria“ de quienes ya se encuentran en el país.

Como parte de su argumento, el Gobierno estadounidense se ha referido igualmente a la “crisis humanitaria y de seguridad” a lo largo de la frontera con México, al señalar que “ya impone una carga extraordinaria al sistema de inmigración” del país.

Y, en ese contexto, ha considerado “muy importantes” los acuerdos diplomáticos “para abordar los problemas de inmigración ilegal y de seguridad fronteriza” que ha alcanzado con Guatemala, El Salvador y Honduras, países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica y de donde proceden la mayor parte de los inmigrantes indocumentados que intentan ingresar a territorio estadounidense.

Honduras ha firmado el pasado miércoles un pacto migratorio con Washington, después de que El Salvador hiciera lo propio el pasado 20 de septiembre, y Guatemala, el 26 de julio, aunque este documento todavía no se ha aplicado.

El Departamento de Estado defiende que los pactos permitirán que Washington reoriente los recursos destinados a los casos de asilo, que ahora involucran “a más de un millón de personas”. Justo a estos países, cuyos acuerdos incluyen el fortalecimiento de sus sistemas de asilo, Trump ordenó cortar en marzo pasado todo tipo de asistencia después de criticarles por “no hacer nada” por los estadounidenses y permitir la formación de caravanas de migrantes con destino a su país.

La Administración se ha opuesto asimismo a otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) a los venezolanos en EEUU, un permiso que les permitiría trabajar y vivir legalmente en el país.

“La propuesta de admisión de refugiados de este año tiene asignaciones específicas para personas perseguidas por sus creencias religiosas, iraquíes cuya asistencia a los Estados Unidos los ha puesto en peligro y refugiados legítimos de los países del Triángulo del Norte”, ha matizado el documento del Departamento de Estado.

Bajo la nueva disposición, se reservarán 5.000 cupos para quienes hayan sido perseguidos o tengan temor fundado por motivos religiosos; 4.000 para los iraquíes que han apoyado a Estados Unidos; 1.500 para los ciudadanos del Triángulo Norte y 7.500 para los que no entren en esta clasificación, ha detallado en una conferencia telefónica un funcionario de la Administración.

Durante la jornada se ha conocido asimismo una orden ejecutiva de Trump, en la que anuncia que los refugiados serán reubicados en las zonas donde tanto el Gobierno estatal como el local hayan dado su consentimiento para recibirlos.

Desde su llegada al poder en enero de 2017, Trump ha hecho del asilo uno de sus objetivos políticos, asegurando que hay un abuso del sistema del que los migrantes, dice, se aprovechan para ingresar y trabajar en Estados Unidos. No obstante, en los últimos años, un número creciente de personas se ha marchado de distintas zonas de Centroamérica por motivos que van de carencias económicas extremas hasta la violencia que trunca sus vidas, recuerda Acnur.

Acnur ha expresado “su profunda preocupación” ante la nueva normativa que restringe el acceso al asilo a migrantes, en su mayoría centroamericanos, que hayan pasado por México u otros países sin haber solicitado allí esa protección. La Agencia de la ONU ha alertado de que pondrá en riesgo a personas vulnerables que necesitan protección internacional y que huyen de sus países por la violencia o la persecución.

“Consideramos que esta normativa restringe significativamente el derecho a solicitar asilo, obstaculiza el derecho a la protección ante la devolución y eleva sustancialmente la carga de la prueba sobre los solicitantes de asilo más allá de los estándares legales internacionales, recorta drásticamente los derechos básicos y libertades para quienes los reúnen y no está en línea con las obligaciones internacionales”, sostuvo la agencia de la ONU.

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