Ankara reitera su amenaza de romper el acuerdo sobre los refugiados si la UE no liberaliza los visados para los turcos
El pulso de Turquía con la Unión Europea por la cuestión de los refugiados continúa. El titular de Asuntos Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, ha acusado a la UE de hostilidad hacia su país y ha advertido de que se verá obligado a distanciarse de lo acordado si Bruselas no cumple con su parte antes de octubre. El presidente turco, Tayyip Erdogan, vinculó el pacto a que Europa suprima la exigencia de visados para sus ciudadanos.
Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker ya recordó que si Turquía “quiere la liberalización de visados debe cumplir los requisitos”, que consisten en 72 condiciones que ha exigido Bruselas y entre las que se encuentra cambiar su ley antiterrorista. Frente a ello, Erdogan, en mayo, se mostraba poco decidido a aceptar dichas medidas: “Nosotros vamos por nuestro camino, ustedes vayan por el suyo, negocien un acuerdo con quienes ustedes puedan”.
Además, a la situación se le añaden las dudas sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos por parte del país euroasiático, que se han exacerbado aún más tras las purgas en diferentes ámbitos después del fallido golpe de Estado.
“Nos hemos esforzado como prácticamente ningún otro país en cumplir todas las condiciones para un ingreso en la UE. Pero lo que estamos recibiendo de una parte de la UE son exclusivamente amenazas, insultos y un bloqueo total. Me pregunto: ¿qué crimen hemos cometido? ¿Por qué esta hostilidad hacia Turquía?”, ha dicho el ministro en una entrevista que publica hoy el diario “Bild”.
Cavusoglu ha aludido a lo pactado entre la UE y Turquía para hacer frente a la crisis de los refugiados y ha recordado que “hay acuerdos donde queda claramente establecido que en octubre habrá un régimen de libre visado para todos los turcos”. “Y cuando me remito a estos acuerdos existentes, de repente muchos se muestran irritados. Pero no puede ser que todo lo que es bueno para la UE se implemente por nuestra parte, pero Turquía no reciba nada a cambio”, ha agregado. El ministro subrayó que “las conversaciones con la UE continúan” y dijo preferir no pensar en la peor de las situaciones.
“Pero una cosa está clara: o implementamos todos los acuerdos de manera simultánea o nos distanciamos de ellos”, ha advertido. Cavusoglu dijo sentirse decepcionado con las críticas hacia Turquía por exigir los 3.000 millones de euros acordados para hacer frente a la crisis de los refugiados. “El dinero no es para nosotros, sino para los refugiados. Turquía asume la mayor carga de todos los países, hemos invertido 25.000 millones de dólares. Pero de la UE sólo oímos: 'Somos los jefes, y así es como se hace. Pero las cosas no funcionan así, esa mentalidad no es la correcta'”.
El pacto, en el punto de mira
La polémica lleva desatada desde la misma firma del acuerdo, que se puso en marcha el 20 de marzo bajo el compromiso de que todos los migrantes y refugiados que llegaran a las islas griegas fueran deportados a Turquía, donde se incorporarían a la larga lista de personas pendientes de reasentamiento en algún país europeo. A cambio, la Unión Europea concedería a Ankara una ayuda de hasta 6.000 millones de euros –de los que por el momento se han entregado 3.000, 152 procedentes de España– y otros privilegios, como la supresión de visados.
La propia ONU consideró que el pacto “no era consistente con la legislación internacional” , dado que la expulsión colectiva está prohibida por la Convención Europea de Derechos Humanos. La UE, entonces, justificó el acuerdo argumentando que se estudiaría cada caso particular “individualmente”, a lo que añadieron que Turquía podía considerarse un “tercer país seguro” para los refugiados, pese a las continuas denuncias de ONG que mostraban violaciones sistemáticas de los derechos humanos entre las fronteras del país euroasiático.
El Golpe de Estado del pasado 15 de julio y la posterior “purga” de Erdogán ha puesto aún más en entredicho la capacidad de Turquía para ser considerado un país seguro para los refugiados que la Unión Europea envía allí de manera sistemática desde hace cuatro meses.
Suspensión de los DDHH en “el tercer país seguro”
El 2 de agosto el Consejo General de la Abogacía Española solicitó la revocación o supresión del acuerdo debido a la “purga sistemática” que están sufriendo jueces, fiscales, médicos, periodistas, profesores y abogados tras el golpe de Estado, y señalaba que “no se puede considerar a Turquía como un país seguro”.
“En este contexto, el cumplimiento por parte de Turquía de sus obligaciones legales en materia de refugiados no puede darse por hecho y enviar refugiados a Turquía desde Grecia sólo puede considerarse una temeridad para la libertad, la integridad y la vida de los refugiados”, añadía su presidenta, quien cuestionaba la capacidad de protección del país euroasiático tras el anuncio de la suspensión temporal de la Convención Europea de los Derechos Humanos en todo su territorio.
Las críticas y preocupaciones por las posibles violaciones de los derechos humanos en Turquía tras la intentona golpista han puesto en entredicho aún más la capacidad del país para cumplir con los requisitos de Europa en un acuerdo que se puso en marcha inmediatamente después de su firma.
A todo ello se suman las manifiestas intenciones de Erdogan de recuperar la pena de muerte. En su entrevista en Bild, el titular de exteriores también referió a este asunto. Cavusoglu, que dice estar “personalmente” y “por principio” en contra, señaló que hay “un clamor popular” después del golpe fallido del 15 de julio que el gobierno no puede desoír.
