Pero ¿quién apoya la legalización de las devoluciones en caliente?

La catarata de reproches al Gobierno ante una posible legalización de las devoluciones en caliente ha caído, por el momento, en saco roto. El Ejecutivo está decidido a no cambiar el paso y este jueves el Pleno del Congreso aprobará previsiblemente –gracias a la mayoría absoluta del PP– la Ley de Seguridad Ciudadana, que incluye una enmienda presentada a última hora por los populares para dar cobertura legal a las expulsiones de inmigrantes a los pies de las vallas de Ceuta y Melilla. Pero ¿quién apoya la regularización de las expulsiones inmediatas?

La modificación de la Ley de Extranjería en los términos planteados está levantando ampollas entre colectivos muy dispares entre sí, como la Iglesia o las ONG, pasando por el Consejo de Europa y terminando en la mayoría del arco parlamentario, excepto el Partido Popular, impulsor de la normativa. La Comisión de Interior ya dio su visto bueno a la modificación el pasado 25 de noviembre, y este jueves pasará al hemiciclo del Congreso para su posterior remisión al Senado.

Que de forma legal la Guardia Civil pueda entregar a los gendarmes marroquíes a aquellos inmigrantes que intentan saltar la valla, sin facilitarles una mínima asistencia jurídica, cuenta únicamente –salvo casos contados– con el sostén del Gobierno y del PP. Ambos han desterrado de sus discursos el sintagma 'devoluciones en caliente' para hablar solo de 'rechazos en la frontera': así se entendería que todavía no han pisado suelo español.

“Queremos precisar con mayor seguridad jurídica el rechazo en la frontera que viene realizando ininterrumpidamente la Guardia Civil desde hace diez años”, ha dicho el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Pero se están quedando solos. Entidades sociales, instituciones públicas y privadas, junto con partidos políticos, no dudan en la base de sus reproches: este tipo de expulsiones sumarias son ilegales.

Las ONG. Especialmente combativas han sido las que tratan habitualmente con inmigrantes. Además de organizar concentraciones en señal de protesta, un total de 110 ONG, como CEAR o Médicos del Mundo, presentaron un escrito en el Congreso solicitando la retirada de la reforma. Entienden que implica “una vulneración de la Constitución, del Derecho comunitario y de los tratados internacionales, como el europeo”.

Además de ver una supuesta inconstitucionalidad de las devoluciones inmediatas, también sospechan que la enmienda del PP no ha respetado los tiempos legales. Por ello han enviado un manifiesto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que frene su tramitación. Sostienen que al haberse incluido la enmienda en la Ley de Seguridad Ciudadana, y no en la de Extranjería, el PP ha logrado eludir la publicación de un informe consultivo del órgano de gobierno de los jueces que podría poner en entredicho su objetivo.

El Consejo de Europa. La Unión Europea también ha mostrado sus reticencias ante la posibilidad de que España acabe legalización las devoluciones. Desde el Consejo de Europa, el comisario de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, ha advertido de que contradiría la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “España no puede legalizar lo que es ilegal”, ha aseverado en un artículo del Huffington Post.

El texto está plagado de fuertes tirones de oreja para el Gobierno español: “Cambiar la ley es injusto e ilegal según el derecho internacional y mermaría inevitablemente los derechos humanos peleados desde la Segunda Guerra Mundial”. Si España acaba legalizando las expulsiones exprés incurrirá, dice Muiznieks, en una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

La Comisión Europea ha mantenido un argumentario similar en público cuando se le ha interpelado al respecto. Ha recordado en varias ocasiones a España que las medidas de control de la frontera “deben ser equilibradas” y han de respetar los derechos fundamentales de los inmigrantes, así como el “principio de no devolución”. Sin querer poner en un aprieto al Gobierno, el nuevo comisario de Inmigración, el conservador griego Dimitris Avramopoulos, ha admitido estar “preocupado”ante la posible legalización de las devoluciones en caliente. No obstante, ha rebajado las expectativas de un toque de atención al Ejecutivo de Mariano Rajoy hasta que no tenga una reunión con representantes españoles.

Su antecesora, Cecilia Malmström, envió hace meses una dura carta al ministro Fernández Díaz pidiéndole explicaciones sobre “los malos tratos” recibidos por los inmigrantes en la valla de Melilla y sobre el intento de legalizar las devoluciones en caliente. La misiva continúa huérfana de réplica.

Oposición al Gobierno. PSOE, Izquierda Unida, UPyD, CIU. Todos los grupos ubicados en la bancada de la oposición en la Cámara Baja han coincidido en rechazar sin paliativos los planes del Gobierno. Sostienen que la enmienda es contraria a “todo el ordenamiento jurídico”, tanto nacional como internacional, que contraviene los convenios y tratados suscritos por España y que carece del respaldo e informe de los órganos preceptivos, como el CGPJ.

Durante el debate en la Comisión, ninguno de los dos portavoces del PP que intervinieron hicieron mención a la cuestionada enmienda. El resto sí lo hizo: por ejemplo el portavoz de CIU, Feliu Guillaumes, señaló que es “de sentido común” que no se tramite la disposición adicional porque va en contra del derecho a pedir asilo y a interponer un recurso. Desde UPyD, Toni Cantó recordó que supondrá un grave obstáculo para el asilo“.

En un debate en el Europarlamento, el PSOE, que mientras gobernó no renegó de estas prácticas cuando tuvo que gestionar la inmigración en Ceuta y Melilla, se refirió a las devoluciones como “prácticas inaceptables”, mientras que Izquierda Unida criticó que se quiera legalizar lo que es ilegal. Podemos aseguró que “las normativas no permiten el trato inhumano”.

Expertos juristas. Lo tienen claro. La enmienda del PP contraviene más de una decena de tratados. En primer lugar, la propia Constitución Española al reconocer el derecho al asilo; pero también la Ley de Extranjería, que promueve la asistencia letrada; el Código Penal, que castigaría a los que expulsen de forma inmediata; y la propia Ley de asilo. Esto en el plano nacional, porque también genera polémica a nivel internacional. Las devoluciones en caliente no son compatibles con la Convención de Ginebra, el Estatuto de los refugiados de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros, como las normativas europeas relativas al trato a los inmigrantes y el respeto a los derechos humanos.

En este sentido, el Consejo General de la Abogacía Española ha expresado su enérgico rechazo a la inclusión de esta práctica en el ordenamiento jurídico. “Si no se garantiza que toda persona que entre en España tenga derecho a ser escuchada con asistencia de un abogado, no se cumplirá la legislación internacional”, ha expresado la agrupación que reúne a todos los colegios y profesionales relacionados con la abogacía.

Abogados y profesores que dominan la materia consultados por eldiario.es aluden al ordenamiento jurídico para argumentar su no rotundo a la legalización de las devoluciones en caliente. Así, amparar este tipo de devoluciones implica que, cuando se ejecutan, no se identifica al inmigrante, no se le concede una asistencia letrada y tampoco se le concede protección internacional. Por lo tanto, los juristas convienen: o se modifica la Constitución –y, en consecuencia, se rechazan los compromisos internacionales sobre derechos humanos–, o el Gobierno no podrá llevar a cabo la reforma. Es más, algunos organismos creen que, dada su inconstitucionalidad, el cambio reglamentario no durará mucho tiempo.

Los propios jueces, un colectivo que no suele entrar a valorar decisiones políticas ante los micrófonos de los periodistas, sí han mostrado su posición ante las devoluciones en caliente mediante autos argumentados. El pasado septiembre, un juzgado de Melilla imputó al coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, debido a un posible delito de prevaricación por permitir las expulsiones inmediatas de inmigrantes en la valla melillense.

ACNUR. Desde la ONU se han pedido explicaciones al Gobierno español por las devoluciones en caliente. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ha criticado “el creciente uso de la violencia en la frontera para evitar que inmigrantes y solicitantes de asilo entren al país”. De la misma forma, su agencia para los refugiados, ACNUR, ha manifestado su preocupación, ya que si se legalizaran se estaría negando a los inmigrantes la posibilidad de acceder al asilo. No se podría conocer la situación personal de cada uno, y descartar así si huyen de la comprometida situación que atraviesa el país de origen.

La Iglesia. La Conferencia Episcopal junto con otros organismos de corte cristiano exigieron la “retirada inmediata” de la reforma, dado que entienden que “criminaliza la pobreza”. Este análisis no sentó especialmente bien al ministro del Interior, que respondió atacando a una institución con la que mantiene una estrecha relación: “Creo en la separación de Iglesia y Estado, cada institución tiene su ámbito de competencia”.