Una cuestión de Derechos Humanos
Cada 10 de diciembre el Día Internacional de los Derechos Humanos brinda una oportunidad para la reflexión. Es mucho lo que se ha avanzado en los 64 años transcurridos desde la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Grandes logros que han profundizado en el alcance, contenido y modo de garantizar los derechos reconocidos en ella. Pero también es mucho, muchísimo, lo que aún queda por hacer para que el reconocimiento sea una realidad en todo el mundo.
Como abogada entiendo que uno de los grandes retos de este proceso que lleva del reconocimiento a la realidad consiste en lograr que una idea resulte tan evidente para el conjunto de la sociedad como lo es (como debería serlo) para la totalidad de los operadores jurídicos: un buen funcionamiento de la Justicia es la garantía fundamental de que disponemos los ciudadanos para hacer realidad nuestros Derechos Humanos. Los de todos. Y lamentablemente basta un vistazo a cualquier medio de comunicación en los últimos meses para hacerse a la idea de los muchos aspectos que es urgente repensar, debatir, revisar y mejorar en nuestro sistema judicial para lograrlo.
Pero para hacerlo, por encima de todo, resulta fundamental que los operadores jurídicos hagamos el esfuerzo de eliminar las barreras que en forma de fórmulas decimonónicas, principios generales, referencias legales, competencias y legitimidades hemos levantado en torno a un ámbito que no nos pertenece en exclusiva. Es imprescindible enmendar este error casi endémico de nuestro sistema judicial, la dificultad que obstinadamente plantea a cualquier ciudadano que desconociendo las leyes, quiera ejercer sus derechos. De lo contrario, difícilmente este ciudadano percibirá la urgencia de exigir reformas y recursos para una Administración de justicia que siempre sentirá alejada, ajena. Gravísimo error.
Un perfecto ejemplo de lo que quiero decir lo refleja la situación de los niños y las niñas ante la Administración de justicia. El informe que Save the Children presentó el 10 de diciembre en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid analiza diferentes circunstancias que pueden llevar a un niño o una niña ante un tribunal en España. Y alcanza unas contundentes conclusiones: el sistema judicial español no garantiza eficazmente los derechos que tanto la Convención sobre los Derechos del Niño, como la Declaración Universal de Derechos Humanos reconocen a todo ser humano menor de 18 años. A los niños y las niñas a menudo no se les explica de manera adecuada lo que sucede en un procedimiento para que puedan expresar su opinión y que sea tenida en cuenta. En ocasiones deben enfrentarse en una sala de vistas a adultos con togas debatiendo en latín sobre aspectos íntimos de su vida. En el peor de los casos acaban dañados o desprotegidos por procesos o decisiones judiciales que deberían perseguir y lograr todo lo contrario.
Las preocupaciones que recoge este informe deben incorporarse necesariamente a los debates públicos sobre la Justicia en España que están teniendo lugar en los últimos meses: sobre las tasas para acceder a la justicia recientemente aprobadas por el Gobierno, las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial anunciadas por el Ministro de Justicia y enormemente criticadas por la práctica totalidad de la judicatura, o el impago de los honorarios a los abogados madrileños adscritos a los programas para garantizar justicia gratuita a quienes no disponen de medios.
Insisto en la urgencia de que todo esto cambie. El acceso efectivo, informado y sin discriminación a los tribunales para la reclamación, garantía y realización de los derechos reconocidos tanto a mayores como a menores de 18 años, es una cuestión de Derechos Humanos. Exigir su realización y que se disponga de los recursos necesarios para lograr una Administración de justicia eficaz es tan esencial como la defensa del derecho a una sanidad universal y una educación de calidad.
Es un derecho fundamental que permite luchar en los tribunales y reclamar el cumplimiento de todos los demás Derechos Humanos reconocidos hace más de 60 años a todas las personas.
Virginia Rodríguez Bartolomé es abogada y politóloga experta en Derechos Humanos. Actualmente trabaja en el Departamento de Incidencia Política de Save the Children.
