La Corte Interamericana juzgará al Estado colombiano por el caso de secuestro y violación de la periodista Jineth Bedoya

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) juzgará al Estado de Colombia por el caso de la periodista colombiana Jineth Bedoya, quien fue secuestrada y violada el 25 de mayo de 2000 cuando trabajaba en una investigación sobre el tráfico de armas en una cárcel de Bogotá.

Así lo ha anunciado este miércoles la propia Bedoya, quien ha asegurado en una rueda de prensa que en los últimos 19 años de su vida se ha “dedicado a intentar seguir adelante” al ejercer su profesión de periodista en “condiciones que violan todos los estándares de libertad de expresión”.

La comunicadora afirma que su trabajo lo ha realizado “escoltada y en un carro blindado, rodeada de la más flagrante impunidad y constante revictimización por parte del Estado colombiano”.

“Estoy expuesta aún a constantes amenazas por el activismo que asumí en defensa de los derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género”, añadía Bedoya, subeditora del diario bogotano El Tiempo.

En mayo pasado, los paramilitares Alejandro Cárdenas, alias “JJ”, y Jesús Emiro Pereira, conocido como “Huevoepisca”, fueron condenados por el caso de la periodista a 30 y 40 años de prisión, respectivamente.

Bedoya fue secuestrada y agredida sexualmente el 25 de mayo de 2000 cuando realizaba una investigación periodística sobre el tráfico de armas al interior de la Cárcel La Modelo de Bogotá, que involucraba a miembros de las ahora desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La periodista fue interceptada por tres hombres que la subieron a un vehículo en el que la torturaron y violaron durante 16 horas, al cabo de lo cual fue abandonada en las afueras de la ciudad.

Los hechos fueron llevados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tras culminar su análisis sobre lo que vivió Bedoya presentó el caso a la Corte. En enero pasado, la propia CIDH había emitido un informe en el que declaró la responsabilidad del Estado colombiano y dictó recomendaciones para la reparación de las víctimas, tras lo cual no le dio más prórrogas para el cumplimiento y decidió enviarlo a la Corte, el máximo tribunal de derechos humanos de la región, para que este determine su responsabilidad.

Esta será la primera vez que ese tribunal se pronuncie sobre la situación de las periodistas en contextos de conflicto armado y la primera en la que estudie la responsabilidad de Colombia en un caso en el que el foco está en la violencia sexual, según explicaron la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes en el caso.

De igual forma, ambas organizaciones pidieron a la comunidad internacional a seguir acompañando el caso de Bedoya, de quien reconocieron su “constancia” y “valentía” para afrontar el proceso, “a pesar de la revictimización del Estado”.