Las desapariciones forzadas no son un crimen en Tailandia: “Si no hay cuerpo, no hay asesinato”

La última vez que Somchai Neelapaijit, un conocido abogado defensor de los derechos humanos, fue visto con vida, unos hombres le obligaron a entrar en un coche en una concurrida calle de Bangkok, la capital de Tailandia. Fue hace casi 12 años, el 12 de marzo de 2004, unos meses después de que un ataque conjunto a un depósito de armas del Ejército y otros objetivos relacionados con el Gobierno iniciara una escalada de la violencia en las tres provincias del sur de Tailandia (Pattani, Yala y Narathiwat), un conflicto que sigue latente hoy día y que se ha cobrado más de 6.000 vidas.

Somchai es la víctima más conocida de desapariciones en Tailandia, pero el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calcula que al menos 81 personas más han desaparecido desde los años 80. El pasado mes de enero emplazó al Gobierno a investigar los casos.

En Tailandia falta lo más básico para hacer que eso sea posible: un marco legal que reconozca el delito de desaparición forzada. “Es una práctica común en Tailandia, que ellos dicen que es ley aunque no está escrito, considerar que no hay asesinato si no hay cuerpo”, asegura Kingsley Abbott, asesor legal especializado en Tailandia de la Comisión Internacional de Juristas. “Se está premiando a los que son muy buenos escondiendo cuerpos”, afirma el jurista.

Somchai era conocido por su labor de defensa de los musulmanes en las provincias del sur, una región donde el islam es mayoritario, frente al budismo que profesa la mayoría en el resto del país. En esta zona, el sentimiento separatista ha estado latente durante décadas. En el momento de su desaparición, el abogado estaba recogiendo firmas para pedir el levantamiento de la ley marcial —traspaso de las competencias de las autoridades civiles a las militares— que había sido impuesta en el sur tras el ataque al depósito de armas. También había pedido la liberación de cinco supuestos insurgentes que habían denunciado torturas durante su arresto.

El conflicto en el sur era uno de los principales quebraderos de cabeza del gobierno, liderado entonces por Thaksin Shinawatra. Las denuncias de violaciones de derechos humanos en la región cometidas por parte de las autoridades eran frecuentes.

Tailandia firmó en enero de 2012 la Convención contra las Desaparaciones Forzadas, el marco legal internacional respecto a este crimen, aunque aún no la ha ratificado. Según la Convención, una desaparición forzada se define como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

“Pueden ser dos horas o unos días, pero es un crimen mientras haya una detención secreta”, asegura Angkhana Neelapaijit, la mujer de Somchai que tras su desaparición se convirtió en una de las principales activistas por los derechos humanos del país. “A diferencia de la mayoría de los crímenes que se cometen en un momento concreto, una desaparación forzada es un crimen continuo. Cada día que pasa el crimen se está cometiendo”, explica Abbott.

La consecuencia: impunidad

La falta de este marco jurídico hizo que el caso de Somchai no pudiera ser juzgado por asesinato, a pesar de que varios agentes aseguraron que había pruebas de su muerte, y los cinco policías supuestamente implicados fueron procesados por robo y coerción.

El pasado 29 de diciembre, el Tribunal Supremo de Tailandia absolvió a los acusados por fallos en el procedimiento judicial, ya que no había sido el propio afectado, el desaparecido Somchai, quien había presentado la demanda, sino su familia. “Lo más decepcionante de la sentencia es, no sólo que no se haya castigado a los culpables, sino que se nos ha negado el derecho como familia a actuar en representación de Somchai”, asegura Angkhana.

Las consecuencias de esta sentencia pueden afectar al resto de casos, como el de Porlajee Rakchongcharoen, más conocido como Billy, un activista de la minoría karen desaparecido en abril de 2014 cuando estaba preparando una demanda. “Este veredicto establece un mal precedente que pone la carga de probar la desaparición forzada en el desaparecido en sí mismo, lo cual es imposible”, aseguró Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch, en un comunicado publicado tras la sentencia. “El sistema actual favorece la impunidad de los oficiales del gobierno involucrados en las desaparaciones”.

Un número indeterminado de desapariciones

Aunque Naciones Unidas tiene un número registrado de denuncias en el país, se cree que el número real es mucho mayor. “Muchas familias, especialmente en el sur, no denuncian porque tiene mucho miedo. Muchas siguen recibiendo durante años la visita frecuente de los militares”, cuenta Angkhana. “Es algo que suele ocurrir en regímenes militares. Es poco probable que, en un Estado en el que, aquel que es supuestamente culpable de la desaparición es también quien imparte justicia, las familias denuncien”, afirma Abbott.

Los activistas temen que el número haya aumentado desde que una Junta Militar, que sigue hoy en día controlando el gobierno, tomara el poder en un golpe de Estado en mayo de 2014. La nueva Junta aprobó una Constitución provisional que da plenos poderes a los militares para llevar a cabo reformas, promover la armonía nacional o evitar cualquier tipo de amenaza a la seguridad del país, entre otros, y que permite detenciones sin orden judicial de hasta siete días.

Los militares han bloqueado además la aprobación de la Ley sobre desapariciones forzosas, cuyo borrador había sido presentado por el anterior Gobierno, y que supondría, junto a la ratificación del Convenio, el último paso para que Tailandia se ajuste a la legislación internacional. “El borrador era bastante bueno. […] Pero es bastante poco probable que este Gobierno pase una ley de defensa de los derechos humanos como esta”, afirma Abbott.

Angkhana sabe que Somchai no volverá y que nada podrá compensar su pérdida. Su objetivo ahora, desde su nuevo puesto como comisaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una institución que ha sido muy criticada por su falta de independencia, es luchar por que las desapariciones forzadas dejen de ser algo un crimen habitual e impune. “Muchos tienen miedo, pero la gente tiene que desafiar al gobierno”, asegura la activista. “Están usando la ley para abusar de la gente”.