90 días empadronados o vulnerabilidad: las condiciones que plantea el Gobierno para acceder a la sanidad universal

Llevar un mínimo de 90 días empadronado en España o acreditar una situación de vulnerabilidad mediante un informe social. Son las condiciones que tendrán que cumplir las personas en situación administrativa irregular para acceder a la sanidad pública en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española.

Esta es la propuesta que ha presentado este jueves la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, a las comunidades autónomas y que se plasmará en un real decreto para modificar la reforma sanitaria aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, que retiró la tarjeta sanitaria a los migrantes 'sin papeles' (unos 840.000).

Montón ha querido que su primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como ministra estuviera dedicado exclusivamente a recuperar la universalidad de la sanidad pública, reunión que ha sido criticada por los consejeros del ramo del PP al considerarla “demagógica” por ser una cuestión que ya habían resuelto las comunidades.

Con estos requisitos, un mínimo de 90 días en España o acreditar vulnerabilidad a través de un informe social, Sanidad quiere garantizar, dice, que no haya “ningún abuso” y que ningún ciudadano que lo necesite quede desatendido.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, la ministra ha admitido que tras la reforma del PP, las comunidades han buscado soluciones para atender a los migrantes en situación irregular, pero de una manera “no armónica y desigual”, por lo que ha considerado que ahora es el momento de “dar un paso adelante y construir de manera unitaria”.

La reforma planteada por Sanidad trata de recuperar el derecho a la protección de la salud para este colectivo “en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española”, vinculándolo al concepto de ciudadanía, mientras que desliga la atención sanitaria del concepto de asegurado, como establecía la reforma de 2012.

Los consejeros socialistas han celebrado la recuperación de la sanidad universal y han coincidido en que se trata de un tema de “voluntad política” y no económico, ya que, a su juicio, la exclusión de los 'sin papeles' no ha supuesto ningún ahorro.

En el mismo sentido se ha pronunciado Montón, que ha recordado que distintos organismos internacionales han constatado que la asistencia sanitaria a través de la Atención Primaria es “menos gravosa” que la que se realiza a través de los servicios de urgencias.

Por su parte, las comunidades gobernadas por el PP han criticado la ausencia de una memoria económica, porque, según sus estimaciones, volver a atender a los migrantes en situación irregular tendría un coste de 1.200 millones de euros, al tiempo que han pedido a la ministra una mayor concreción sobre el concepto de universalidad. 

Todos ellos han coincidido en que no era necesaria la modificación, ya que la asistencia sanitaria a este colectivo ya está garantizada de “una u otra forma” por las distintas comunidades. “Lo de hoy es más demagogia que fundamento”, ha lamentado la consejera de La Rioja, María Martín, que ha subrayado que la solidaridad debe ir acompañada de seguridad jurídica.

Por el contrario, la consejera de Salud de Andalucía, Marina Álvarez, ha subrayado que “la universalidad no es un asunto económico sino político” y ha argumentado que la mayoría de la población inmigrante “es joven y sana y no hace mucho uso de los servicios sanitarios”. 

La ministra de Sanidad confía en poder aprobar el real decreto “lo más rápidamente posible” y ha dicho que quedaría derogado automáticamente lo anterior, en referencia a las medidas puestas en marcha por las CCAA. Se trata, según Montón, de sustituir “todo el articulado que habla de exclusión sanitaria por otro que hable de universalidad”.

Montón ha dicho que de esta reunión han salido con unas “ideas básicas” para llevar adelante la norma y ha explicado que propondrá la creación de una Comisión Mixta para hacer seguimiento de su implementación tal y como hizo en la comunidad valenciana en su época de consejera.

Bajo el paraguas de la sostenibilidad, el Gobierno popular aprobó el real decreto 16/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 870.000 personas de un día para otro. Durante seis años, el Ejecutivo de Rajoy nunca demostró el prometido ahorro del gasto público, pero sí sumió a miles de personas en un laberinto administrativo para lograr ser atendidas en un centro sanitario. Mientras, las órdenes contradictorias y la desinformación también dejaron sin servicios sanitarios a muchas embarazadas y menores, a pesar de que el real decreto garantizaba su atención.