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La Fiscalía de Menores de Barcelona admite que no se fía de los pasaportes emitidos por embajadas

La Fiscalía de Barcelo reconoce que no se fía de los pasaportes emitidos en embajadas./ EFE.

Laura Olías

La Fiscalía de Menores de Barcelona reconoce que los pasaportes emitidos por un país extranjero a inmigrantes que se encuentran en España son cuestionados. Es parte de la explicación del organismo a eldiario.es sobre los motivos por los que rechaza la validez de la documentación de un menor de Ghana, Adika. Entre las situaciones para dudar de unos papeles oficiales, la Fiscalía menciona que se trate de un “pasaporte auténtico entregado al menor por un país extranjero cuando se sabe que esta persona ya estaba en España”. La emisión de estos documentos públicos es una de las funciones de muchos consulados extranjeros y de los registros civiles de terceros países.

La respuesta de la Fiscalía tiene lugar después de que este medio preguntara por el rechazo de la documentación de Adika (nombre ficticio). El menor —de 17 años según su pasaporte, expedido en la Embajada de Ghana de Madrid— llegó solo a España después de dejar su hogar, donde vivía una difícil situación económica. Como en un primer momento no contaba con documentación, cuando lo encontraron las autoridades, el fiscal ordenó que se realizasen unas pruebas médicas de determinación de la edad para saber si la Administración debía hacerse cargo de su tutela y cuidado, como ocurre con cualquier niño en situación de desamparo. 

El chico, que se negó a someterse a los exámenes radiológicos por sus creencias, consiguió que su madre le enviara su partida de nacimiento y, con ese documento, la Embajada de Ghana en Madrid le expidió el pasaporte. La institución confirma a eldiario.es que el documento fue emitido en su oficina. El Tribunal Supremo sentó jurisprudencia el pasado verano, cuando prohibió la realización de pruebas médicas de determinación de la edad a menores extranjeros que cuenten con documentación válida. Pero la Fiscalía de Barcelona no acepta el documento y le ha sometido a los exámenes, con un resultado de mayoría de edad y la expulsión de Adika a la calle.

Para Francisco Solans, portavoz de Extranjería en el Consejo General de la Abogacía Española —ógano que une a los colegios de abogados españoles—, la justificación de la Fiscalía es “una ilegalidad palmaria”. “No cabe establecer ninguna duda de un pasaporte. Se trata de documentos públicos, como recoge la Ley de Enjuiciamiento Civil, que reconoce su calidad y fuerza probatoria. Con esa afirmación, la Fiscalía no solo está dudando de la autoridad de una Embajada sino de la adminitración de un país al que España reconoce y con el que tiene acuerdos”.

La Embajada de Ghana: “Deben aceptar el pasaporte”

“Deben aceptar el pasaporte” —señalan contundentemente fuentes de la Embajada— “además, cuando la policía tiene dudas de si hemos emitido o no un pasaporte, viene y nos pregunta. Podemos saber rápido si lo hemos dado nosotros o no”.

En su respuesta a eldiario.es la Fiscalía apunta que, aunque “nunca comentan casos concretos”, exponen algunos ejemplos en los que cabe dudar de la fiabilidad de un documento de identidad y, por tanto, de la minoría de los afectados. “Si hay, por ejemplo, pasaporte auténtico entregado al menor por un país extranjero cuando se sabe que esta persona ya estaba en España; firma de la persona a la que se entrega el pasaporte que no coincide con la firma de la persona; constatación de que la misma persona ha dispuesto de varios documentos; constatación de que la persona ya fue fichada hace años y es seguro que no ha de rejuvenecer... Es evidente que no hay que creer lo que pone en el pasaporte”, argumentan.

Ante el primer caso —la emisión de un documento por una autoridad extranjera cuando el menor se encuentra ya en España—, eldiario.es ha preguntado a la Fiscalía si siempre existen estas dudas, ya que es una competencia asignada a consulados extranjeros, que representan a la administración pública de un país en en el extranjero. La Fiscalía no ha contestado a esta cuestión.

La Embajada de Ghana reitera su autoridad

En la Embajada de Ghana son tajantes: “Eso no es un motivo para dudar de un documento. Tenemos competencias para emitir pasaportes. Los expedimos para ciudadanos a los que se les ha perdido o que ha caducado. También para una personas que han llegado en patera, que si traen la partida de nacimiento, podemos emitirles el pasaporte”, explica un funcionario de la institución. Y vuelven a reiterar, Adika figura en su registro: emitieron su pasaporte en noviembre de 2014.

Albert Parés, abogado de la asociación Noves Vies —que colabora con el caso de Adika— coindice con Solans en que “el razonamiento es ilegal”. “No se sustenta por ningún lado, jurídicamente hablando. Con esa afirmación está poniendo en duda todo el sistema de un país extranjero”, añade.

El letrado recuerda las sentencias de dos ciudadanos también de Ghana a los que defendió, que también presentaban documentación oficial emitida por su país de origen y a los que, finalmente, el Tribunal Supremo ha reconocido la validez de sus documentos.

La Fiscalía de Menores de Barcelona afirma que, cuando surgen dudas, como es el caso en cuestión, “la postura de la Fiscalía, sin que ello contradiga como puede verse ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo ni tampoco un tratado, es hacer pruebas”. En sus sentencias, el alto tribunal establece que para rechazar un documento “los tribunales tendrán que hacer un juicio de proporcionalidad sobre las razones por las que se considera que el documento no es fiable”.

El letrado Albert Parés cree que la Fiscalía debe argumentar su decisión “con datos objetivos sobre el pasaporte y no con simples afirmaciones genéricas” porque, insiste, no ha explicado al afectado las razones de su valoración.

Mientras, Adika espera que el recurso de sus abogados de oficio al cierre de su expediente de protección prospere como el de los compatriotas a los que representó Albert. De momento, da “gracias a Dios” porque los servicios sociales de su comunidad le han ofrecido alojamiento temporal en una residencia. Antes “comía tres veces al día en la residencia”, pero ahora recibe cheques de comida en un plan social de su Ayuntamiento. “Dura tres meses, no es muy regular”, cuenta.

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