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“El auto es histórico porque trata a las víctimas como personas aunque mueran en una frontera”

Babakar, en la manifestación de repulsa a la actuación de la Guardia Civil en la tragedia de Ceuta. \ Juan Luis Sánchez

Gabriela Sánchez

Estuvieron detrás de buena parte de las pruebas solicitadas en la investigación de las muertes de Ceuta y denunciaron en muchas ocasiones la “lentitud” o “dejadez” del juzgado encargado de instruir los fallecimientos de 15 personas en la frontera ceutí y la posible responsabilidad de 16 agentes de la Guardia Civil. Ahora, las ONG personadas como acusación popular o implicadas en el proceso celebran la resolución de la Audiencia Provincial de Cádiz porque, dicen, da valor al derecho a la vida y dignidad de las personas, aunque las pierdan en una frontera.

“Este auto es muy importante, es histórico porque trata a las víctimas como personas aunque mueran en una frontera. Corrige una dinámica en la que parece que en la frontera no se mueren personas, dado que siempre son tratadas como perros y no pasa nada”, afirma la activista de Caminando Fronteras, Helena Maleno, desde Marruecos, desde donde difundió la voz de los supervivientes de la tragedia hace casi tres años.

Esa dinámica de deshumanización, apunta, se inmortalizó en la resolución judicial que archivó el procedimiento, en aquella frase que, afirma Maleno, tanto dolor causó a las familias de las víctimas: “Los inmigrantes no son personas en peligro en el mar que precisasen ayuda”.

“La justicia dice que hay que investigar un delito que atenta contra la dignidad de las personas aunque pase en una frontera y aunque las víctimas no sean consideradas como ciudadanos o, como dijo la jueza, 'personas en peligro en el mar”, añade.

Coordinadora de Barrios, ONG personada en la causa, celebra el auto porque “es la primera vez que se impone la obligación de una investigación eficaz sobre los derechos de las víctimas de las fronteras, equiparándolas con cualquier víctima”, apunta Patricia Fernández, letrada de la organización. “Además es muy importante que la resolución destaque que estas muertes se dieron bajo la directa supervisión de las fuerzas de seguridad del Estado”, añade la abogada.

Por su parte, Gonzalo Boye, letrado de la plataforma Observatori DESC, valora la decisión de la Audiencia porque “reconoce el trabajo de las acusaciones populares” algo que, argumenta, “es un respaldo ante aquellos que piden una reforma para que dejen de existir”. En un caso como este, explica, “sin las acusaciones populares difícilmente se lograrían ningún tipo de avance”.

Según Boye, el auto también “recopila la jurisprudencia de derechos humanos en materia de lo que debe ser una investigación eficaz. Y pone muy difícil volver a cerrar esta causa en falso”.

La Comisión Española de ayuda al Refugiado (CEAR) considera que la resolución supone “una victoria judicial que abre una rendija de esperanza contra la impunidad y da la razón a todos aquellos que dijimos que no se había producido una investigación adecuada sobre el uso excesivo e innecesario de la fuerza y de material antidisturbios por parte de” la Guardia Civil.

“Confiamos en que la reapertura de la investigación conduzca a un nuevo juicio oral donde se haga justicia a la muerte de 15 personas que buscaban una oportunidad en nuestro país”, ha admitido Estrella Galán, secretaria general de CEAR.

La Audiencia Provincial concluye algo que, según apunta Maleno, parece lógico pero se torna importante atendiendo al historial de “impunidad” que ha marcado las investigaciones sobre violencia policial en las fronteras. “Como las víctimas son negras y pobres parece que no tienen familias, pero hay gente que les llora, que les echa de menos y que está luchando por conseguir justicia. Este auto les da un empujón simplemente porque dice que eran seres humanos, que la investigación no fue suficiente y que hay que seguir”.

Este medio se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior, la Guardia Civil y el abogado de uno de los agentes imputados en la causa pero han rechazado valorar por el momento la reapertura del caso.

Desde la Delegación del Gobierno de Ceuta se han limitado a mostrar su “respeto ante las decisiones judiciales” en declaraciones a eldiario.es. El silencio del Instituto Armado choca con su reacción ante el archivo de la causa, cuando a través de su cuenta oficial de Twitter lo califico de “buenas noticias”.

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