¿Dónde está Aidou?
Cerca de la localidad de origen de Aidou se estrelló un avión el pasado 24 de julio, perteneciente a la compañía española Swiftair. Mientras que el trágico accidente ha aparecido en todas las portadas, la historia de Aidou apenas aparecerá en la prensa. Tampoco es noticia que, el mismo día que se estrellaba la aeronave, el Gobierno español fletaba un macro vuelo de deportación a Mali. Conviene recordar que Air Europa y Swiftair tienen firmado un contrato con el Gobierno, valorado en más de 11 millones de euros al año, a cambio de realizar estas operaciones.
Mientras este vuelo de deportación despegaba hacia Mali, las fuerzas marroquíes realizaban una redada en el monte Gurugú consistente en persecuciones, palizas y quema de los improvisados campamentos. En la huida una persona moría al despeñarse por el monte, nuevamente de Mali, según fuentes locales.
Esta cadena de acontecimientos mediáticamente invisibles contrastan con las palabras del Ministro de Interior en su última visita a Melilla, paradójicamente el 21 de julio,: “No sólo nos preocupamos de la delicada situación de las entradas ilegales sino también de la situación de refugiados políticos, que nos plantean nacionales de esos países que, por proceder, insisto, de zonas de conflicto, no pueden ser sometidos al procedimiento previsto en la ley de extranjería, bien sea repatriación, expulsión, retorno, devolución, etc.”
Ahora bien, ¿con qué mecanismo cuenta Aidou para hacer valer sus derechos? Ninguno. Por eso dos días después intentaba entrar en España y escapar para ponerse a salvo. Capturado finalmente con otros potenciales menores y refugiados, heridos y sin atención médica de ningún tipo, fueron deportados en un autobús hacia alguna ciudad del centro o sur de Marruecos, según afirma la asociación PRO.DE.IN.
Lo que le ha sucedido a Aidou pone de manifiesto, una vez más, las graves consecuencias de las políticas de control de la frontera, también sobre los niños en tránsito migratorio (una mención especial merecerían las trayectorias y violencias a las que son sometidas las niñas). No sólo no existen mecanismos para garantizar la protección de la infancia sino que la voluntad política se centra en el blindaje de las fronteras, aún cuando estos mecanismos obligan a los niños a adoptar rutas que ponen en riesgo su integridad física e, incluso, sus vidas.
Hay una clara contradicción entre las declaraciones del ministro de Interior sobre el reconocimiento del derecho de refugio y de los niños con respecto a la situación que se está viviendo en la frontera sur. De nada sirve apelar a la Convención de Ginebra o a la Convención de los Derechos del Niño (sobre las que se asientan la Ley de Asilo 12/2009 o la Ley del Menor 1/1996) cuando en la práctica se realizan devoluciones ilegales como las de Aidou, que ponen en riesgo la vida de los niños, violan los marcos jurídicos e, incluso, implican posibles delitos de prevaricación –según el informe: Expulsiones en caliente: cuando el Estado actúa al margen de la Ley).
Mientras, los Gobiernos europeos hablan de Derechos Humanos siguen deportando personas a Mali o impidiéndoles la entrada a Europa. Operaciones como la Misión Internacional de Apoyo a Mali, aprobada por la ONU, demuestran que hay más voluntad política de intervenir en un territorio rico en recursos naturales que de garantizar efectivamente los derechos de las personas que huyen del conflicto. Personas como Aidou, que seguirán jugándose la vida por intentar entrar a Europa y, tal vez, hacer valer su condición de refugiado político. Mientras tanto, ¿dónde está Aidou?
