Hablan las víctimas del cacheo policial en el CIE de Madrid: “Nos sentimos humillados”

Han pasado cuatro días desde que Juan José (nombre ficticio) ha vuelto a su casa, en Burgos, después de pasar los últimos 57 días encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Madrid. Este jueves se ha despertado con una noticia: aquella carta que escribió junto a 68 compañeros para denunciar las condiciones en las que fueron cacheados por la Policía el pasado 18 de abril se ha traducido en un contundente auto del juzgado de control. La magistrada exige la apertura de una investigación contra los agentes por un posible delito de torturas.

“Estoy contento, porque debe investigarse. Hasta que no pasas por ahí, no sabes cómo es ese lugar. Ninguna persona merece ese trato”, confiesa el ciudadano colombiano en conversación telefónica con eldiario.es. Se recuerda empapado, “humillado” y enrabiado mientras regresaba al interior del CIE después de media hora de cacheo bajo la lluvia.

“Cerca de 18 policías aparecieron de manera intimidante, nos llevaron al patio y nos pusieron contra la pared. Cuando decíamos que nos estábamos mojando o preguntábamos por qué no nos registraban dentro del centro, nos amenazaban con partirnos las piernas”, describe Juan José. Según explicó el director del centro -también miembro de la Policía Nacional- al juzgado, el operativo se realizó como respuesta a un posible “intento de fuga”.

La jueza de vigilancia del CIE, tras observar las grabaciones de las cámaras de seguridad, dio la razón a los denunciantes. El dispositivo policial había sido “intimidatorio”, “desproporcionado” y violó “el respeto a la dignidad” de los internos. La magistrada ha detectado que los agentes han podido incurrir en un delito de tortura, por lo que ha solicitado una investigación específica de los hechos. La Plataforma CIEs No, que facilitó la queja al juzgado, ha exigido a Interior la dimisión del director del centro.

Juan José anda bastante agobiado desde su salida del centro de internamiento: “Estoy tratando de arreglar los papeles a toda prisa desde que volví a casa. Jamás en mi vida quiero volver al CIE”. Después de reencontrarse con su pareja, que estaba en el segundo mes de embarazo cuando fue detenido por no tener papeles, ha empezado a tramitar su documentación. Si lo hace en este momento, apunta, es porque hasta ahora no cumplía los requisitos: el colombiano acaba de alcanzar sus tres años en España, el periodo mínimo establecido para los inmigrantes sin papeles que quieren regularizar su situación administrativa por la vía del arraigo.

“Me tiraron al suelo y me ataron de pies y manos”

Hace apenas una semana, sin embargo, estuvo muy cerca de la deportación a su país. Llegó a subir las escaleras del avión, trasladado a la fuerza por la Policía “amarrado de pies y manos”, describe Juan José, una práctica policial habitual en los vuelos de repatriación de personas que ponen resistencia a su regreso forzado. “Me tiraron al suelo y me golpearon cuando dije que quería hablar con el capitán”, denuncia.

En ese momento, añade, “pensaba en mi pareja y mi futura hija”. El colombiano asegura haber suplicado a la policía no ser expulsado. “Les decía que mi novia estaba embarazada de dos meses, y decían que mejor irme ahora, que así podría verla ya cuando fuese mayor”, detalla. “Respondí que deseaba verla crecer, que si no tenían hijos. Uno de ellos respondió: ”Sí, tengo y no quiero que convivan con gente como tú“, explica el hombre. Finalmente, el capitán del vuelo canceló la deportación: ”Después de que me golpeasen y verme atado, dijo que esas no eran condiciones para repatriar a nadie“.

A través de la descripción de su deportación y otros episodios vividos en el CIE por sus compañeros, Juan José sostiene que el cacheo tachado por una magistrada como “posible delito de tortura” solo es uno “de los casos” donde se evidencian las circunstancias “humillantes” en las que viven los inmigrantes retenidos por su situación irregular.

A principios de mayo, 101 internos enviaron otro escrito al juzgado de control del centro donde denunciaban “tratos vejatorios y agresiones continuadas” en el CIE de Aluche, así como incumplimientos de las garantías mínimas establecidas por el juzgado de control. Entre ellas se encuentran, indican, atención médica deficitaria o imposibilidad de acceso a medicamentos en determinadas ocasiones, trabas impuestas al registro de peticiones de asilo, el incumplimiento del horario de las visitas de familiares o del plazo mínimo previsto para avisar de una repatriación, así como los abusos sufridos durante los intentos de deportación.

Mamadou vino a los 14 años y casi es expulsado

Entre los firmantes, también se encontraba Mamadou (nombre ficticio). El senegales, de 24 años, vive desde los 14 en España. Aquí está su madre, su padre y sus hermanas. “En Senegal no tengo nada”, reconoce el joven al otro lado del teléfono desde A Coruña, la ciudad donde vive desde hace una década. Su acento gallego es notable. “No sabría adonde ir si me hubiesen expulsado”, continúa con cierto alivio.

Su caso representa otra de las denuncias de los internos y las organizaciones sociales. Mamadou tenía papeles, vive en España desde su adolescencia adonde llegó de forma legal por reagrupación familiar, pero su permiso de residencia expiró mientras cumplía condena por un delito de robo, relata. A su salida de prisión, los agentes le esperaban con una orden de expulsión y fue derivado al CIE de forma inmediata.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en diciembre del año pasado por ordenar la deportación de dos hombres marroquíes condenados a prisión sin tener en cuenta sus lazos con el país, una práctica “habitual” según los expertos. El testimonio de Mamadou apunta a que el Gobierno continúa con esta práctica a pesar de la sentencia.

“Yo ya he cumplido por lo que hice y quiero empezar de cero, pero me llevaron al CIE que es peor que la cárcel”, subraya Mamadou, quien también fue trasladado al aeropuerto para su deportación y logró su cancelación in extremis gracias a la negativa del capitán a despegar con él a bordo. “Le expliqué que no quería irme, que mi familia vive aquí y él sabía que no iba a subir por cuenta propia”, indica el senegalés.

En 2017 (el último año del que se conocen datos oficiales), 8.237 personas fueron retenidas durante un máximo de 60 días en alguno de los seis centros de internamiento existentes en España. El objetivo de la privación de libertad de personas que se encuentran sin papeles en España (una falta administrativa, no un delito) es formalizar su expulsión del territorio español durante un plazo máximo de 60 días. Sin embargo, un 64% de los inmigrantes encerrados no fueron finalmente repatriados. Es decir, pasaron por un CIE para nada.

“La situación en el CIE de Aluche no ha mejorado en los últimos años e incluso podemos decir que ha empeorado. La queja más repetida sigue refiriéndose al trato vejatorio que reciben por parte de algunos agentes”, denuncian desde la Plataforma Cies No Madrid. “Tenemos que tener en cuenta que muchos internos no conocen el idioma, o no saben porque están allí, e incluso es habitual encontrarnos con casos de personas con graves problemas psicológicos y físicos que no son debidamente tratados”, critican desde la organización.

El 18 de abril, después de ser cacheado por la policía, Mamadou subió a su celda a cambiarse su ropa mojada. “Nos dejaron ahí bajo la lluvia durante media hora, hacía frío, pero nos decían que nos calláramos y miráramos a la pared”, rememora. “Me sentí humillado, como siempre en el CIE”. Porque, insisten Juan José y Mamadou, esa fue “una más” de las denuncias de abusos ocultas tras las ventanas azules y opacas repartidas por el edificio del CIE de Madrid.