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El ministro de Migración griego desmiente la necesidad de un “plan B” sobre refugiados

Varios refugiados esperan a ser trasladados a un centro oficial en Grecia. Imagen de archivo. | FOTO: EFE

EFE - Desalambre

  • La estabilidad del acuerdo, vigente desde el pasado mes de marzo, se ha puesto en entredicho tras las amenazas de Erdogán para que la UE suprima la exigencia de visados a los turcos en territorio comunitario

El ministro de Migración griego, Yanis Muzalas, ha desmentido este miércoles haber reclamado a la Unión Europea la elaboración de un plan B para el caso que Turquía se retire del acuerdo para la gestión de los refugiados. 

“Grecia tiene el foco puesto en el acuerdo UE-Turquía, un acuerdo que depende por una parte del apoyo europeo y por otra del cumplimiento por parte de Turquía de sus compromisos. De momento se está aplicando correctamente. Hay un ritmo de llegadas que no permite ser interpretado como indicio de incumplimiento”, dijo Muzalas en una entrevista con el diario alemán “Bild”.

Ese diario, en cambio, había incluido en la respuesta del ministro una declaración sobre la necesidad de un plan B que solo figuraba en la pregunta: “Estamos muy intranquilos. En todo caso, necesitamos un plan B”, citó el rotativo a Muzalas.

Las supuestas declaraciones provocaron incluso una reacción de la Comisión Europea, cuya portavoz Mina Andreeva reiteró en la rueda de prensa diaria que “la CE tiene un plan A que es hacer que el acuerdo entre la UE y Turquía funcione exitosamente”. 

Inestabilidad del acuerdo

Las declaraciones del primer ministro turco de este martes, en las que amenazaba con romper el cumplimiento del pacto en materia de refugiados si la UE no condecía la supresión de visados a los turcos, ponían en entredicho la estabilidad del acuerdo, que lleva vigente desde el pasado mes de marzo. 

La condición que pone Bruselas para cumplir con la supresión de los visados pasa por que Turquía modifique su ley antiterrorista, pese a que Erdogán ya ha dado su negativa a la exigencia europea. 

El Golpe de Estado del pasado 15 de julio y la posterior “purga” encabezada por el presidente ha puesto aún más en entredicho la capacidad de Turquía para ser considerado un país seguro para los refugiados  que la Unión Europea envía allí de manera sistemática desde hace cuatro meses. 

Según el acuerdo, todos los refugiados y migrantes que pisan suelo griego desde el 20 de marzo son deportados a Turquía, donde se incorporan a la cola de la larga lista de personas pendientes de reasentamiento en algún país europeo. A cambio, la Unión Europea concedería a Ankara una ayuda de hasta 6.000 millones de Euros –de los que por el momento se han entregado 3.000, 152 procedentes de España– y otros privilegios, como la supresión de visados. 

Los seis países más ricos (que representan más de la mitad de la economía global) acogen a menos del 9% de la población refugiada a nivel mundial, mientras otros países como Jordania, Turquía, Pakistán,   Líbano, Sudáfrica y los Territorios Ocupados Palestinos acogen a más del 50% de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, a pesar de que juntos representan menos de un 2% de la economía mundial. A España, en concreto, ha llegado un escaso 2% de los 16.000 refugiados que nos comprometimos a acoger en Bruselas en el plazo de dos años, hasta 2017. 

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