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DESALAMBRE

Una oportunidad para cambiar las reglas de juego en la lucha por la transparencia fiscal europea

El 20 de Febrero se votará la creación de un Registro público dentro de la nueva Directiva contra el Blanqueo de Capitales, que incluya los nombres de los beneficiarios últimos de empresas y fidecomisos.

El 20 de Febrero los europarlamentarios tendrán una oportunidad única de cambiar las reglas de juego en la lucha por la transparencia fiscal. A primera hora de la mañana se votará la creación de un Registro público dentro de la nueva Directiva contra el Blanqueo de Capitales, que incluya los nombres de los beneficiarios últimos de empresas y fidecomisos. A primera hora de la mañana se votará la creación de un Registro público dentro de la nueva Directiva contra el Blanqueo de Capitales, que incluya los nombres de los beneficiarios últimos de empresas y fidecomisos

Para muchos puede parecer que esta votación se trata de un oscuro procedimiento más en el seno de una desconocida Comisión Europea, con poco impacto en sus vidas. Sin embargo, si la nueva Directiva incluyese este registro y fuese todo lo ambiciosa que las organizaciones de la sociedad civil demandamos que sea, su impacto en la vida de los ciudadanos de a pie, no sólo en Europa sino también en los países en desarrollo, sería crucial.

La lucha contra la evasión fiscal, la corrupción, el tráfico de drogas y otras actividades delictivas sería un poquito más fácil, gracias a este registro público que reduciría las posibilidades de multinacionales y grandes fortunas de evitar pagar los impuestos que les corresponden por los beneficios que obtienen. Y esto, señores, implicaría que en un contexto de pérdida de derechos sociales y de recortes en el sistema del bienestar, las arcas públicas recuperarían unos ingresos cruciales para financiar servicios públicos de calidad.

Mientras en países como España la población sufre recortes constantes en servicios sociales básicos, enmascarados tras la idea de que “no hay dinero”, las arcas públicas pierden miles de millones de euros en impuestos que algunas empresas nunca llegan a pagar. Según datos del Sindicato de Inspectores de Hacienda (Gestha), en España el 71 % del fraude fiscal es cometido por multinacionales y grandes fortunas, que se sirven para ello de complejas estructuras jurídicas y de empresas fantasma, con el fin de ocultar la identidad de sus propietarios. ¿Tiene esto impacto directo en nuestras vidas? Gestha calcula que cada español tributa casi 2.000 euros de más por culpa de la evasión fiscal. Los países en desarrollo, por su parte, pierden 160.000 millones de dólares al año en concepto de impuestos que nunca llegan a cobrar. Evidentemente, algo no está bien.

¿Quiénes se están enriqueciendo en este proceso? Aunque parezca increíble, en Europa se solicita menos información personal a una compañía que abre una cuenta bancaria de lo que se pide a alguien que va a sacarse el carnet de conducir o alquilar un apartamento. Así, muchas empresas pueden ocultar con facilidad el nombre de aquellos que se benefician con sus operaciones.

Para acabar con estas prácticas, ONG como InspirAction y el resto de sus aliados en Europa consideran fundamental que exista un registro público que señale quién es el dueño de las empresas. La disponibilidad pública de esta información haría que todos aquellos que utilizan esta opacidad para lavar dinero, teman ser descubiertos. Incluso en el caso de que mientan, el acceso global por parte de periodistas, investigadores, entidades de control y los propios ciudadanos de a pie, haría mucho más fácil comprobar la falsedad de sus datos. Identificar casos de evasión sería mucho más sencillo, y al evitar la pérdida de ingresos tributarios, los Estados contarían con los recursos necesarios para financiar servicios públicos de calidad.

En su campaña "Caza Empresas Fantasma", InspirAction recoge firmas para pedir a De Guindos y Montoro la creación de un registro público y accesible que detalle la propiedad efectiva de las empresas. La ONGD demanda también que los eurodiputados apoyen la creación de un registro público y accesible dentro de la cuarta Directiva contra el Blanqueo de Capitales que actualmente se está tramitando.

Crear un registro de estas características sólo supondría obligar a las empresas a compartir una información que ya deben poseer sobre los beneficiarios últimos de sus operaciones. No implica un complicado trabajo extra por su parte, y sin embargo haría mucho más fácil para las autoridades fiscales, para los medios de comunicación y para los ciudadanos de a pie, descubrir quién está evadiendo impuestos y pedirles así que rindan cuentas, asegurándose de que el país cuente con los recursos que son suyos por derecho. Con muy poco esfuerzo, podría darse un gran paso en favor de la transparencia fiscal.

Y no sólo eso. Con este voto, la Unión Europea podría establecer un referente internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales, con un impacto en cascada en el resto del mundo. Varios de los más destacados centros financieros mundiales, con relación directa con muchos de los paraísos fiscales a los que llegan los flujos de dinero ilícito, tienen su sede en Europa. La Unión Europea debe dar un paso adelante. Confiamos que los eurodiputados lo tengan tan claro como nosotros, y que actúen en consecuencia.


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