Paradojas de la vida: Rajoy dice que “es necesario entender la Ayuda al Desarrollo como una política de Estado”
Un día antes de que Rajoy clausurara la Reunión de Alto Nivel sobre Hambre, Seguridad Alimentaria y Nutrición de Naciones Unidas, se hacían públicos los datos sobre cooperación de los países más ricos en el año 2012. El Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE situaba a España casi a la cola de Europa; un recorte del 50% con respecto al año anterior nos ha llevado a niveles de los años 80: tan sólo un 0,15% de la RNB se dedica al desarrollo. Ni siquiera países que han sido rescatados -como Portugal- o en una situación aún más complicada que la española -como es el caso de Grecia- han realizado un recorte de tal magnitud; Irlanda incluso ha mantenido su compromiso.
Mientras Rajoy defendía frente a Ban Ki-Moon su compromiso con la Ayuda Oficial al Desarrollo como “política de Estado fundamental”, las ONGD veníamos alertando sobre su desmantelamiento desde hace meses. Mientras cientos de delegados y delegadas de Organismos Internacionales, de redes y plataformas de la sociedad civil debatían sobre cómo erradicar el hambre en esta generación, la importancia del empoderamiento de las mujeres y de la sociedad civil y su participación como herramienta esencial, oíamos a Rajoy afirmando que “sólo podremos asegurar el bienestar global si somos capaces de asegurarlo para todas las personas que comparten con nosotros el planeta y los recursos”. Las ONG de Desarrollo y la ciudadanía española nos preguntamos cómo va a ser eso posible con la brutal reducción española a la AOD que acaba de hacer pública el CAD. ¿Conocerá el Sr Rajoy los impactos en las vidas de millones de personas que está teniendo la reducción de fondos de la cooperación española? Estamos cada vez más lejos del compromiso adquirido de contribuir a la cooperación con un 0,7% de nuestra RNB.
En más de tres décadas de trabajo, España logró consolidarse como país donante reconocido internacionalmente por sus compromisos en cooperación al desarrollo. Ahora, todos esos progresos se están tirando por la borda.
Ciudadanía vs. gobierno
En su discurso, Rajoy aseguró “creer firmemente que lo importante, lo que no debemos perder de vista, son las personas”. Nos alegra escuchar tal afirmación con la que estamos plenamente de acuerdo; las personas y sus derechos deben ser el centro de las políticas públicas. De hecho, el ejercicio democrático y responsable de la actuación política exige una escucha activa y receptiva de las demandas sociales.
Paradójicamente, muchas de esas demandas no están siendo escuchadas como merecen. Estudios recientes como el Eurobarómetro de 2012, arrojan datos muy esclarecedores sobre el apoyo de la ciudadanía española a la cooperación: el 82% de las personas está de acuerdo en mantener o incluso aumentar los fondos destinados al desarrollo. Fondos que, según la opinión pública, deberían destinarse a los países menos favorecidos y a los sectores mas empobrecidos de los países de renta media. La apuesta del gobierno por los países de renta media, sin embargo, parece responder más a los intereses financieros y comerciales de España que a las necesidades reales de la población.
Parece que las decisiones políticas van por un lado, mientras las demandas ciudadanas van por otro.
El compromiso de la ciudadanía y la claridad en las prioridades se observa día a día en multitud de acciones. La semana pasada se inició la campaña de la declaración de la renta en la que miles de personas marcan la casilla de fines sociales para que sus impuestos vayan destinados a proyectos de cooperación y acción social. Es la única partida social que no sufre recortes sino que año tras año aumenta, demostrando el compromiso ciudadano con las cuestiones sociales. En el caso de cooperación, el año pasado se recaudaron 50 millones de euros con los que se impulsaron proyectos de salud, educación, agricultura, etc., en Asia, África y América Latina. Confiamos que este año el gobierno gestione con plena transparencia la gestión de esos fondos que la ciudadanía ha decidido destinar al desarrollo de las personas y la garantía de sus derechos.
Responsabilidad ética y política
La cooperación no es una dádiva, es una responsabilidad ética y política recogida en múltiples documentos legales de obligado cumplimiento. Ya en el Preámbulo de la Constitución Española se establece la obligación de “colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”. Pero además, España ha firmado múltiples acuerdos internacionales y nacionales que ahora están siendo incumplidos de manera sistemática; empezando por el propio Pacto de Estado contra la Pobreza. ¿Qué clase de actor internacional pretendemos ser entonces? ¿Qué puesto real ocupamos en un mundo con retos globales de enorme magnitud?
Lo más grave de esta situación son las enormes consecuencias que este tipo de decisiones están teniendo sobre las personas, esas que –como afirma Rajoy- no debemos perder de vista. Se verán truncados cientos de procesos que se venían desarrollando y que suponían una mejora en las condiciones de vida millones de personas. Se tirarán por la borda años de trabajo, de inversión y de avances internacionales.
Los derechos ciudadanos se debilitan, se multiplican las declaraciones huecas sin contenido real y se incumplen sistemáticamente los compromisos asumidos. Mientras, la ciudadanía exige decisiones políticas responsables y comprometidas con la garantía de los derechos de las personas. Parece que las unas no están a la altura de la otra.
