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DESALAMBRE

España deja vía libre a las mafias de trata de personas que actúen en el extranjero

Con la nueva reforma de la justicia universal, sólo se perseguirán los casos de trata en el extranjero si la víctima o el acusado son españoles o tienen en España su residencia habitual

Médicos del Mundo: "Deja fuera a las víctimas extranjeras, que suelen estar indocumentadas y tienen muy difícil demostrar su residencia"

Women's Link: "Los requisitos del nuevo texto favorecen la existencia de estas redes en condiciones de impunidad"

Desarticulada una organización por tráfico de drogas y trata de seres humanos

Imagen de archivo de la Policía Nacional desarticulando en Sevilla una organización de tráfico de drogas y trata de seres humanos.

Salvo sorpresas de última hora, el Senado aprobará este martes la reforma de la justicia universal en España promovida por el Partido Popular. Una reforma que la restringirá aún más y que supondrá el archivo inmediato de todos los casos contra delitos internacionales en curso en la Audiencia Nacional. Pero, más allá de los delitos ya cometidos, facilitará las operaciones de las redes internacionales de trata de personas.

"Los requisitos y condiciones que establece el nuevo texto favorecen la existencia de estas redes en condiciones de impunidad", destaca la abogada senior de Women’s Link Paloma Soria. Porque, según el texto que se votará en el Senado, la justicia universal española sólo funcionará para los casos de trata cuando la víctima o el acusado sean españoles o extranjeros con residencia habitual en España.

"Esto deja fuera a las víctimas de trata extranjeras, que suelen estar indocumentadas y tienen muy difícil demostrar su residencia habitual”, explica la portavoz de Médicos del Mundo, Maite García, quien, en toda su trayectoria no ha conocido "ninguna víctima de trata española". "¿Qué van a entender por residencia habitual? ¿Tendrán que estar empadronadas?", se pregunta.

En la misma línea, Soria incide en el hecho de que estas víctimas "son trasladadas de un país a otro" y que "España es un país de destino, no de origen", por lo que atender los casos en función de la nacionalidad "vacía de contenido" el texto.

Por ejemplo, si una mujer no española ha sufrido trata en algún país de la Unión Europea y, por cualquier circunstancia, llega a España y denuncia aquí el delito, según el Convenio de Varsovia, al que España se adhirió voluntariamente, las autoridades son competentes tanto para juzgar como para colaborar con el Estado donde se haya producido el delito. Con la nueva reforma se hace oídos sordos al Convenio y se niega la posibilidad de actuar desde España.

"Un sistema de justicia inoperante"

Esa misma mujer podría denunciar en el país donde fue explotada, pongamos por caso Italia, donde se persigue el delito de trata. Sin embargo, de haberse producido en alguno de los países que no lo recogen en su código penal, como Bulgaria o Rumanía, quedaría desprotegida. "Dejas a una persona que ha conseguido salir de una red ante un sistema de justicia inoperante", lamenta Soria.

Y esto se agrava, matiza García, si tenemos en cuenta que al privar a las víctimas del derecho a la justicia universal se las priva también de los "derechos vinculados al procedimiento penal", como el derecho a convertirse en testigo protegido. Esto las dejaría en una situación de vulnerabilidad, al ser personas que, en la mayoría de los casos, se encuentran amenazadas por las mafias.

La reforma llega en un momento en el que las organizaciones de la sociedad civil solicitan con mayor ahínco una ley integral contra la trata. Aunque, según indican desde Women’s Link, el Gobierno ha anunciado a estas organizaciones que el proyecto ya está en marcha, "ni han tenido acceso al texto, ni las han incluido" en su elaboración. "Igual dice que tiene que haber cooperación entre los Estados, pero si cortan por lo bajo con esta ley más general, no incluirán la justicia universal", vaticina Soria.

Desde las organizaciones se prevé que ante esta reforma algunos jueces planteen recursos de inconstitucionalidad, algo que ya ha adelantado el PSOE, al anunciar que recurrirá la medida. La otra opción sería, según indica Soria, acudir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) "caso por caso".

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