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DESALAMBRE

Cuando el viaje acaba en explotación sexual

  • 4,5 millones de personas son víctimas de trata con fines de explotación sexual cada año, según la OIT.
  • La trata de personas es el tercer negocio más lucrativo del mundo después del tráfico de drogas y de armas, genera unos ingresos anuales de 32.000 millones de dólares.
  • Las organizaciones sociales reclaman al gobierno español una Ley Integral de Lucha contra la Trata.
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Imagen de archivo.

“Un día, hablando en un chat con mucha gente, un chico me contactó en privado. No recuerdo su nombre, pero la conversación fue muy agradable y quedamos para conocernos en persona. Me invitó a un café por la mañana y por la tarde quedamos a comer una pizza. Así, tranquilamente, me propuso un empleo en el extranjero, exactamente en España, para trabajar en un lavacoches. Incluso me dijo que si alguna amiga mía buscaba empleo, también ella podría trabajar”. Así comienza la historia de Dumitra (nombre ficticio), una joven rumana que un día acudió a Proyecto Esperanza solicitando ayuda para romper el círculo de la trata.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alrededor de 4,5 millones de personas, principalmente mujeres y niñas, son víctimas cada año de la trata con fines de explotación sexual. El negocio del tráfico de personas genera, de acuerdo con cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), unos ingresos por valor de 32.000 millones de dólares al año. Se trata de la tercera actividad ilícita más lucrativa del mundo después del tráfico de drogas y de armas. En el 80 por ciento de los casos, la esclavitud cobra forma de explotación sexual, no obstante, la UNODC estima que solo se detecta a una de cada 20 víctimas potenciales. Este mismo organismo, en su informe de 2010 “Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual”, establece un ciclo de rotación bianual, esto significa que “sería preciso reclutar todos los años a unas 70.000 mujeres para reemplazar a las que dejan el mercado”.

En España, primer país de Europa en consumo de prostitución y tercero del mundo según APRAMP (Asociación para la Prevención y Reinserción de la Mujer Prostituida), el perfil de la víctima de trata es el de una mujer de nacionalidad rumana y de edad entre los 18 y los 32 años. Una mujer como Dumitra, que se embarca en un viaje engañada con la promesa de un trabajo o un futuro mejor y por el que se llegan a contraer, en el caso concreto de las mujeres subsaharianas, deudas de entre 40.000 y 50.000 euros. Los peligros del viaje, que puede durar varios meses, y en el que muchas veces ya sufren violencia sexual y diversas formas de explotación, son solo el inicio de una vida en condiciones de esclavitud, amenazadas tanto ellas como sus familiares en el lugar de origen.

 “Al día siguiente me llevaron a enseñarme donde iba a trabajar y ese sitio fue el que menos me podía imaginar, ejerciendo la prostitución en la calle. Me arrepentí mucho, pero era muy tarde. Amenazas tras amenazas nos obligaban a estar trabajando para los chulos sin contar nada a nadie. Aguanté ocho meses, tiempo en el que todo fue una pesadilla horrible. Me vendieron a otros porque un chico se enamoró de mí, y allí fue mucho peor que antes. Un día dije basta, no aguanto más. Pase lo que pase, tengo que salir de aquí”, recuerda Dumitra. Su testimonio ha sido recogido por Proyecto Esperanza, una organización integrada en la Red Española contra la Trata de Personas que desde 1999 presta ayuda de tipo integral a las mujeres víctimas de trata. Su coordinadora, Marta González, explica al otro lado del teléfono la complejidad de este fenómeno: “Se trata de un problema global y es necesario abordarlo como un problema de violación múltiple de derechos humanos, al entenderlo desde esta perspectiva, la prioridad de las autoridades debe ser la protección a las víctimas”, sostiene, al tiempo que reconoce que en España se ha avanzado bastante en los últimos años pero “todavía queda mucho por hacer”.

Con el objetivo de afrontar esta lacra se puso en marcha en 2009 el Plan Integral de Lucha contra la Trata con Fines de Explotación Sexual, vigente hasta el pasado diciembre de 2012. Este verano, se ha hecho público el cuarto informe de seguimiento, cuyos datos, en parte, despiertan algunas preocupaciones en las organizaciones sociales. “Si comparamos los números de julio de 2013 frente a los de 2012 nos inquieta el descenso en la cantidad de víctimas identificadas y el descenso de los periodos de reflexión que se han ofrecido y que realmente se han concedido y aceptado por parte de las víctimas. Esto nos preocupa porque la detección y la identificación de casos es el primer paso y el más fundamental para romper el círculo de la violencia”, advierte González.

En 2012, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizaron 2.201 inspecciones en lugares de prostitución en las que se detectaron más de 12.000 mujeres en situación de riesgo. Se identificaron 976 víctimas, procedentes mayoritariamente de Rumanía, Paraguay, Brasil y Nigeria; y se ejecutaron 566 detenciones, principalmente a hombres de nacionalidad rumana (46%), española (23%) y nigeriana (10%). 81 mujeres decidieron acogerse al periodo de restablecimiento y reflexión [plazo de tiempo que ofrece la Administración a quienes presentan indicios de ser víctimas de trata, durante el cual no pueden ser expulsadas a su país de origen], y se concedieron un total de 60, frente a los 98 otorgados el año anterior. “La inmensa mayoría de las víctimas no aceptan este periodo, muchas veces debido a la desconfianza, el miedo, la inseguridad o porque no entienden lo que se les ofrece o no lo ven como una alternativa real de salir del círculo de amenazas y violencia en que viven”, explica. Las consecuencias de estos vericuetos administrativos, desvela Marta González, pueden llegar a incidir sobre derechos básicos como la asistencia sanitaria. “El decreto aprobado el pasado año sobre el acceso a la sanidad introducía una excepción relativa a las víctimas de trata en la que se garantizaba el derecho a la asistencia cuando éstas tuvieran concedido el periodo de reflexión, pero resulta que cuando vas al fondo del asunto ves que es un criterio muy restrictivo, muy limitado, al que acceden una mínima parte de las víctimas de trata. Esto nos preocupa mucho y así se lo hemos trasladado al Gobierno, pero hasta el momento no se ha introducido ningún cambio”, lamenta.


Medidas legislativas

Otra de las reivindicaciones de las organizaciones sociales involucradas en la lucha contra la trata es la aprobación de una ley integral, una petición que recobra fuerzas al haberse cumplido el plazo de dos años para la trasposición de la Directiva Europea 2011/36/EU relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas sin que el gobierno español se haya adaptado plenamente todavía a la normativa europea. “Necesitamos una Ley Integral de Lucha contra la Trata que dé respuesta a nivel nacional a este problema porque ahora mismo tenemos una dispersión muy grande entre comunidades autónomas. Además, los otros tipos de trata, la trata con fines de explotación laboral, en la mendicidad o para la comisión de actividades delictivas, son realidades que no se están abordando en profundidad y para las que muchas veces ni siquiera hay recursos para atender a las víctimas. Nosotros estamos teniendo casos de mujeres europeas, de nacionalidad húngara, que son traídas hasta España engañadas y que luego son obligadas a viajar hasta Marruecos y entrar de nuevo aquí como mulas de la droga”, denuncia la coordinadora de Proyecto Esperanza.

Además de la falta de recursos y medidas legislativas, otro de los grandes obstáculos con los que se topan las organizaciones y actores involucrados en esta problemática es el miedo de quienes se ven dentro de este círculo, las constantes amenazas que les hacen temer no solo por su vida sino por la de sus allegados. Por eso, insiste Marta González, “la Ley de Extranjería debería incluir un supuesto de reagrupación familiar preferente para familiares de víctimas de trata que pudieran estar en riesgo en el país de origen. Se trata de que muchas víctimas que han denunciado, y que están colaborando activamente como testigos protegidos, puedan reagrupar a familiares directos que estén siendo amenazados por la red como mecanismo de presión para manipularles y someterles”. Por suerte, el trabajo comienza a dar algunos frutos. Este año una mujer nigeriana con estatus de testigo protegido ha podido traer a su hijo a España. “Es un caso puntual pero creo que constituye un buen ejemplo que tendría que convertirse en una práctica”, concluye González.



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