Las ciudades tienen buena parte de los problemas. En las ciudades es donde habita la mayoría de la población, donde se sufren las complicaciones provocadas por la contaminación, donde se muestra de forma más cruda la desigualdad, donde es más difícil el acceso a la vivienda. Las ciudades tienen pocas soluciones o, al menos, poca forma de llevarlas a cabo. Desde organismos internacionales como C40 —grupo de ciudades que trabajan para reducir y adaptarse al cambio climático, CGLU —organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos que representa a más de 1.000 localidades en 140 estados— y nacionales como la Federación Española de Municipios (FEMP) se lleva tiempo insistiendo en la necesidad de que las urbes asuman más competencias y obtengan recursos y capacidad de financiación para poder enfrentarse a estos grandes problemas que no son suyos, sino que son los del planeta y de nuestra sociedad en general, como por cierto proclama la Nueva Agenda Urbana que firmaron los Estados miembros de la ONU hace ahora un año en Quito.
El tema es, pues, global pero en España más evidente por cómo está organizado en lo económico y territorial lo nuestro, con el cotarro manejado principalmente por las Comunidades Autónomas y la Administración Central, que desde 2012 controla aún más gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que obedece, a su vez, a Europa.
La ciudad de Madrid acoge una población de algo más de tres millones de personas, su área metropolitana un millón y medio más, y lo que se conoce como el Gran Madrid puede estar ya en torno a lo cinco millones y medio de personas, a los que hay que sumar a unos once millones de turistas al año entre españoles y extranjeros. Quiere esto decir que la entidad jurídica conocida como Ayuntamiento de Madrid se las ve con los asuntos de unos seis millones de personas pero para hacerlo tiene que bregar con poderes superiores como el autonómico y el central pero también con los municipios de alrededor. Para entendernos: como hacer juegos malabares con seis millones de bolas a la pata coja, los ojos vendados y una mano atada a la espalda. Desde esta semana, el juego se ha puesto más complicado porque va a estar el Ministerio de Hacienda revisando cada movimiento.
Ya se ha contado mucho lo injusto de la intervención a un Ayuntamiento que viene saneando sus cuentas como ninguno desde hace dos años, así que yo voy a tratar de imaginar cómo puede resultar.
La ciudad de Madrid está gestionada desde mayo de 2015 por Ahora Madrid y desde entonces ha mostrado una preocupación hasta ahora nunca vista aquí por asuntos como el medio ambiente, la transparencia, la participación ciudadana, la movilidad sostenible, el espacio público, el fomento de la economía social y solidaria, la cohesión territorial: el Plan A de calidad del aire, Decide Madrid y el portal de transparencia, las aceras ampliadas, las infraestructuras ciclistas, la próxima APR de Centro, el programa Mares, las actividades y planes para los distritos y mucho más. Hay mil cosas, eso sí, que se han hecho mal y no se han hecho y muchas otras que se podían haber hecho mejor o más rápido. No es un gobierno perfecto porque no es un gobierno de unicornios pero es un gobierno que está tratando de ser coherente con las propuestas de su programa, las que le pusieron en Cibeles con el apoyo del PSOE, que se presentó a las elecciones municipales con propuestas similares. Las propuestas, por tanto, elegidas por la mayoría de los madrileños.
A partir de ahora, este Ayuntamiento va a tener que rendir cuentas semanales con Montoro, que ha sido claro nada más empezar con lo que piensa y lo que quiere que pase: “Si quieren más gasto social, que renuncien a otros gastos”.
Es decir, a partir de ahora, el Ayuntamiento de Madrid va a estar intervenido por un gobierno con méritos como los siguientes: acaba de reducir otra vez el gasto en Sanidad, Educación y Protección Social, pone impuestos al sol, impide el desarrollo de las energías renovables y favorece lo que puede a las grandes compañías energéticas (y, así, sube y sube la luz), sigue fomentando el uso del vehículo privado y se esconde ante escándalos como el dieselgate, no tiene plan alguno contra el cambio climático, ignora el problemón de acceso a la vivienda que hay en toda España (especialmente en las grandes ciudades) y no hace nada por frenar una burbuja inmobiliaria que ya ha asomado, aprueba una reforma laboral dura y presume de datos de empleo que sólo muestran a trabajadores cada vez más precarizados, no mira en absoluto por el fomento de modelos económicos sociales, vacía la hucha de las pensiones, aprueba una Ley de Transparencia que sería tan sólo correcta en el siglo XX, su partido tiene varias causas por corrupción en marcha (hola M. Rajoy), ignora los acuerdos internacionales para la acogida de refugiados, demuestra nula capacidad de escucha y de respuesta democrática ante asuntos como el de Cataluña y casi todos los demás.
Es decir, y por resumirlo, la Marca España ha llegado a Madrid. ¿Qué puede salir mal?
