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SwissLeaks: ¿se acabarán los escándalos fiscales?

Hace ahora un año, un equipo de periodistas internacionales publicó datos de cientos de cuentas bancarias secretas que un heterogéneo grupo de millonarios ocultaba en la filial suiza del banco HSBC. Juntas, estas cuentas escondían más de 100.000 millones de dólares que quedaban fuera del alcance de las autoridades fiscales

Si esta riqueza oculta tributase por los beneficios generados, habría más millones de dólares a disposición de los Gobiernos para invertir en servicios públicos esenciales, como escuelas y hospitales o en investigación médica e infraestructuras

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Dinero CC0 Public Domain

El escándalo ocupó titulares en todo el mundo, pero lamentablemente no fue el primero ni ha sido el último. Con cada nuevo escándalo, los políticos hacen cola para expresar su indignación pero, sin embargo, a pesar de toda su retórica, aún no han tomado las medidas necesarias para penalizar o acabar con el uso de gestores contables y fiscales que permiten reducir la factura fiscal de sus clientes más ricos.

Algunas de esas estrategias son ilegales, pero muchas son perfectamente lícitas en el marco de la actual normativa fiscal internacional. Como resultado de ambas, numerosos gobiernos se ven privados de cuantiosos ingresos fiscales y, a menos que los propios gobiernos cambien las normas (y su actitud) ante los abusos fiscales de las empresas, siempre habrá nuevos escándalos.

Por ejemplo, Google, el gigante norteamericano de Internet, ha sido el centro de una gran tormenta mediática debido al acuerdo fiscal que recientemente alcanzó con la administración tributaria del Reino Unido por valor de 130 millones de libras. Según este acuerdo, Google tan solo pagará 200 millones de libras en impuestos por los beneficios obtenidos en el Reino Unido desde 2005, estimados en 7.200 millones de libras. Para lograr este beneficioso resultado, Google utilizó las estrategias denominadas “doble irlandés” y “sándwich holandés” para eludir impuestos de tal forma que los beneficios se derivan, primero, a una empresa subsidiaria irlandesa y, luego, a una holandesa para, finalmente, llegar a una segunda empresa irlandesa con sede en un reconocido paraíso fiscal, en este caso Bermudas. Tal y como Google señala, esta estrategia es legal conforme a la ley británica y está permitida en el marco normativo internacional. Por supuesto, Google no es la única empresa que gestiona así sus asuntos fiscales.

Entonces, ¿por qué los gobiernos se muestran reticentes a adoptar medidas necesarias para hacer frente a quienes eluden y evaden impuestos de forma tan recurrente?

La excesiva influencia de las grandes empresas está minando nuestras instituciones democráticas y desequilibrando la elaboración de políticas gubernamentales en su favor. Esto ocurre a costa de los intereses de las mismas personas a las que los mismos gobiernos se supone que representan.

Aunque todos los países sufren las consecuencias de la elusión y evasión fiscal corporativa, son las economías más pobres las más perjudicadas dado que estos ingresos fiscales representan una elevada proporción de sus ingresos nacionales. Cada año, los países en desarrollo pierden en torno a  100.000 millones de dólares en ingresos fiscales como resultado de la evasión y elusión fiscal por parte de las grandes empresas, que desvían sus beneficios a través de paraísos fiscales. Aun así, no se ha permitido a la mayoría de los países en desarrollo participar de forma igualitaria en la toma de decisiones relativas al sistema fiscal internacional. Estos países deben trabajar en el sistema creado y acordado por los gobiernos ricos puesto que no son miembros del G20 o la OCDE, quienes lideran negociaciones internacionales clave en materia fiscal.

No obstante, existen signos de que todo esto podría cambiar. La gran publicidad negativa consecuencia de los escándalos fiscales y la indignación pública resultante indica que la forma en que las empresas gestionan sus asuntos fiscales tiene un riesgo de marca real. Muchas empresas comienzan a darse cuenta de que necesitan volver a ganarse la confianza de consumidores e inversores.

Poner fin al aparentemente interminable número de escándalos fiscales es posible, pero para ello será necesario una nueva generación de reformas –más fundamentales de las que hay sobre la mesa en este momento – así cómo reequilibrar el poder en las negociaciones sobre sistema fiscal internacional.

Para todo ello es necesario el apoyo de la ciudadanía, que puede firmar una petición para acabar con la era de los paraísos fiscales y presionar a los gobiernos para poner fin a esta situación.

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