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La desigualdad en España pide a gritos un plan nacional

Después de Chipre, España es el país de la Unión Europea en el que más ha aumentado la desigualdad en los últimos años. El crecimiento, de un 15,5% durante el período 2007-2015, ha sido casi veinte veces mayor que el de la media de la eurozona (0,8%). ¿No deberíamos hacer algo al respecto?

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La sociedad española ha perdido la confianza en el ascensor social. Imagen de Alejandro López Parejo.

La sociedad española ha perdido la confianza en el ascensor social. Imagen de Alejandro López Parejo.

El año pasado alertamos sobre la brecha social con el informe ‘Una economía para el 99%. Los ingresos del 10% de la población con mayor renta en España fueron un 36% más elevados que los que recibía el 40% de población con menor renta.

Son datos terribles, detrás de los cuales hay millones de personas. Todas con nombre y apellidos. Las evidencias sobre los efectos nocivos de la desigualdad extrema son cada vez más convincentes y numerosas. Los elevados niveles de desigualdad generados en las últimas décadas reducen el crecimiento económico de los países, rompen la cohesión de las sociedades y socavan la calidad de la democracia, especialmente cuando la diferencia no guarda relación con el talento y ni el esfuerzo. Así lo reconocen, entre otros, la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Es hora de que el Gobierno y las fuerzas de la oposición trabajen juntos para elaborar e implementar en esta legislatura un plan nacional contra la desigualdad. No pueden seguir escondiendo la cabeza debajo del ala del tacticismo político, tan estéril para lograr mejorar el bienestar de la ciudadanía a la que deben servir. La reducción de la desigualdad debe ser un objetivo de todos los actores políticos, y un eje esencial de las decisiones que se tomen en esta legislatura.

Un plan nacional contra la desigualdad debería contener un diagnóstico serio sobre las principales causas de la desigualdad en España. Debería ayudarnos a comprender el impacto real que la creciente desigualdad tiene en la población, especialmente en las personas que viven en riesgo de pobreza y exclusión social (un 22,3% en 2016, de acuerdo con la tasa AROPE) y, sobre todo, debería proponer un conjunto de medidas que permitiesen reducir la desigualdad de forma significativa y sostenible en los próximos años.

Además, debería establecer un objetivo claro y medible de reducción de las desigualdades que permitiera evaluar si las medidas implantadas han resultado  eficaces.

En un momento en el que, para millones de personas, la imagen del ascensor social parece haberse convertido en una simple fábula, un plan nacional contra la desigualdad debería ser la piedra angular sobre la que reconstruir el pacto social –hoy despedazado– entre la ciudadanía y el Estado. Pero también entre las generaciones mayores y las más jóvenes.

Haría bien el Gobierno si dejara de atribuir la actual crisis de la desigualdad a los elevados niveles de desempleo y si dejara de confiar en que la crisis se resolverá por sí sola cuando se logre recuperar los empleos perdidos. Es incuestionable que el crecimiento del desempleo ha hecho estragos en la sociedad española, pero pretender convencernos de que nuestros problemas se resolverán mediante la creación de empleos de baja calidad y con salarios cada vez más bajos resulta inadmisible.

El Gobierno y el resto de fuerzas políticas harían bien si comprendieran que el desafío de la desigualdad es de gran calado y que exige consensos importantes para enfrentarlo. Harían bien si admitieran que urge trabajar para que una educación y sanidad de calidad permitan que todas las personas, independientemente de la familia en la que hemos nacido, gocemos de las mismas oportunidades; para que podamos acceder a empleos decentes con los que obtener salarios que nos permitan satisfacer nuestras necesidades básicas; para acabar con las desigualdades entre hombres y mujeres; para poner fin a la corrupción endémica que tanto merma nuestra confianza en las personas que nos representan; y para conseguir dotarnos de políticas tributarias justas que permitan al estado desempeñar con eficacia el mandato que tiene de promover los derechos fundamentales de sus ciudadanas y ciudadanos.

Desde Oxfam Intermón reclamamos que las diferentes fuerzas del Congreso, a través de una comisión parlamentaria, tracen una hoja de ruta que, sobre la base del diálogo y el consenso con el resto de actores sociales, permita elaborar y llevar a cabo un plan nacional para la reducción de las desigualdades.

Es la hora de demostrar una voluntad real para cumplir con el compromiso adquirido con la ciudadanía. Ya no puede haber más excusas.

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