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¿Ricos más ricos y pobres más pobres? Nuestra sociedad está llena de brechas que incrementan las diferencias entre unos y otros. (Des)igualdad es un canal de información sobre la desigualdad. Un espacio colectivo de reflexión, análisis y testimonio directo sobre sus causas, soluciones y cómo se manifiesta en la vida de las personas. Escriben Teresa Cavero y Jaime Atienza, entre otros. 

¿Por qué paralizar ahora la Tasa Robin Hood?

Un activista por la Tasa Robin Hood se manifiesta en Barcelona en 2011  © Pablo Tosco/Oxfam Intermón

Vanessa López

Directora de @Saludporderecho —

Este sábado 12 de septiembre se reúnen los ministros de finanzas de la Unión Europea en Luxemburgo, una reunión informal del llamado ECOFIN en la que se espera un consenso público de los Ministros de Finanzas de  11 países que van a implantar  el Impuesto a las Transacciones Financieras o Tasa Robin Hood. Es un paso crucial para que en el ECOFIN oficial de noviembre se ponga en marcha un impuesto a los movimientos financieros especulativos.

En la reciente historia del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) nos hemos visto obligados a denunciar en varias ocasiones la falta de celeridad y de voluntad de los gobiernos para poner en marcha un impuesto que viene demandando una gran parte de sociedad europea. En esta ocasión es el Gobierno español quien está poniendo problemas para cerrar un proceso de negociaciones que se inició en 2011 y cuyo calendario ha sido atrasado en demasiadas ocasiones.

 Durante la pasada semana,  fuentes de la Comisión Europea involucradas en las reuniones y negociaciones de este impuesto nos han venido informando de que las trabas del gobierno español pueden impedir que el acuerdo salga adelante , lo que alargaría el proceso hasta febrero como mínimo.   Los movimientos de ciudadanos que defendemos desde hace años la implantación de un impuesto de este tipo (la Alianza Tasa Robin Hood y la Plataforma  ¡ITF Ya, Paraísos Fiscales NO!)  nos preguntamos cuál puede ser  la intención del gobierno español con este movimiento. Podría buscar dos fines: reducir la ambición del ITF y retrasar la decisión sobre el impuesto.  Ninguno de ellos deja en muy buen lugar al Gobierno.

La  propuesta que apoya  en este momento  la mayoría de los países gravaría las acciones emitidas en los 11 países y aproximadamente el 90% de los derivados, aunque está aún por determinar el porcentaje del gravamen. Últimamente España se había venido mostrando a favor de esta solución en público, lo que hacía entender que abandonaba su posición inicial de gravar solo una pequeña parte de los derivados, concretamente el 5% de las operaciones directamente vinculadas a las acciones. La pregunta es si las reticencias de España para anunciar un acuerdo este fin de semana se deben a que vuelve a alejarse del consenso mayoritario y apuesta por una versión minimalista del ITF: un impuesto ineficaz para reducir las transacciones más especulativas y con una escasa capacidad de recaudación (algunos estudios indican que con esta modalidad España dejaría de ingresar unos 4.000 millones de euros anuales).

El retraso en el acuerdo también tendría un impacto negativo en las arcas públicas. Cada día que pasa sin aplicar el impuesto  estamos dejando de ingresar recursos que deberían invertirse en luchar contra la pobreza dentro y fuera de nuestro país, además de  financiar bienes públicos globales como la salud o el cambio climático.  Esta situación pone en duda además  la credibilidad del gobierno español, que tras un historial ambivalente y confuso sobre su apoyo al ITF se comprometió  -en una comparecencia del presidente del Gobierno español junto con el presidente de la República de Francia- en diciembre del año pasado, especificando que promovería  un impuesto  ambicioso a las transacciones financieras e invertiría su  su recaudación en el desarrollo global.

La sociedad española pide a su Gobierno  que deje de bloquear las negociaciones y se comprometa a acelerar un acuerdo para este sábado. Con una crisis económica aún sin resolver, recortes en políticas sociales y compromisos internacionales sin cumplir no podemos permitirnos el coste de oportunidad que supone una nueva demora en la implementación del Impuesto a las Transacciones Financieras.

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