La AIReF pide al Ministerio de Hacienda que someta a una especial vigilancia a la Comunidad Valenciana
La ausencia de reforma de financiación autonómica, que se arrastra desde que en enero de 2017 el Gobierno de Rajoy se comprometió con los presidentes de las CCAA, continúa lastrando a las comunidades autónomas con mayores problemas de insuficiencia de recursos. El caso de la Comunidad Valenciana es paradigmático: la autonomía que preside Ximo Puig vuelve a recibir el “tirón de orejas” de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que pide al Ministerio de Hacienda que le someta a una especial “vigilancia”. En función de cómo se vaya conduciendo la comunidad autónoma, podrían reclamar medidas adicionales en los próximos meses.
Para el organismo que vela por la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, el problema en la Comunidad Valenciana es una mala situación de partida (reconoce ahí que está infrafinanciada). “En la posición fiscal de una comunidad autónoma influyen los ingresos y gastos. Cuando muchas veces se demoniza a una comunidad no se tiene en cuenta que el incumplimiento es el síntoma y no la causa de los problemas”, explican fuentes del organismo. Por eso la AIReF reclama que se pongan objetivos de déficit diferenciados por comunidades autónomas que tengan en cuenta su posición fiscal de partida. “Decir si se cumple o se incumple el objetivo es una simplificación del problema”.
Pero también han recalcado que en la Comunidad Valenciana los gastos han crecido a un ritmo de casi el 7% en dos años. Las citadas fuentes añaden que algunos gastos son “fundamentales”, pero en otros no puede considerarse así. En concreto han citado la reapertura de la televisión autonómica en 2018. Y según la AIREF, las medidas conocidas en el presupuesto valenciano de 2019 no parecen dar una corrección al “elevadísimo déficit” que arrastra. Y es por eso por lo que han hecho una recomendación especifica sobre la Comunidad Valenciana y no sobre Murcia, a pesar de que esta segunda también tiene un riesgo “muy alto” de incumplimiento de su objetivo de déficit. El gasto de la comunidad murciana ha crecido algo más del 2% en los dos últimos años, frente al casi 7% de la Comunidad Valenciana.
Cumplimiento general
En el conjunto del subsector de las comunidades autónomas, ve “factible” que las comunidades autónomas cumplan el objetivo de déficit del 0,1% del PIB en 2019. Los cálculos de la AIReF apuntan a que es “muy probable” el cumplimiento del objetivo en Canarias, Navarra y País Vasco, así como “probable” en Asturias, Galicia y Comunidad de Madrid, y “factible” para Andalucía, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y La Rioja.
Por el contrario, ve “improbable” el cumplimiento de la meta en Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha y “muy improbable” para Murcia y Comunidad Valenciana. No obstante, ve un empeoramiento en Cataluña, Baleares y La Rioja, informa Europa Press.
Respecto a la regla de gasto, con un objetivo del 2,7% para este año, ve un riesgo “alto” de incumplimiento en la Comunidad Valenciana y moderado en el resto de regiones.
Ayuntamientos con superávit
En cuanto a las corporaciones locales, considera “muy probable” que el subsector cumpla el objetivo de equilibrio, y ve “factible” que replique el superávit de en torno al 0,5% del PIB, lo que permitiría cumplir la regla de gasto a final del ejercicio, aunque de manera “muy ajustada”.
No obstante, la institución avisa de que existen “incertidumbres” que podrían afectar al cumplimiento de la regla de gasto, derivadas del impacto que en 2019 pueda tener la realización de inversiones financieramente sostenibles (de 2.000 a 4.000 millones), ya que, aunque la autorización para su realización se aprobó el pasado mes de marzo, su implementación se verá condicionada por el posible retraso en la constitución de los nuevos gobiernos locales resultantes de las próximas elecciones.
De su lado, sobre las 24 grandes corporaciones locales (16 ayuntamientos con población superior a 250.000 habitantes, tres diputaciones provinciales, un cabildo y un consejo insular y las tres diputaciones forales del País Vasco) no aprecia riesgo de incumplimiento en ninguna.
De hecho, sus previsiones son de un superávit conjunto de en torno a 1.500 millones, en línea con el año pasado, si bien no se pronuncia sobre la regla de gasto por falta de información, ya que el marco vigente exime a las corporaciones locales de la obligación de comunicación de su cálculo en las fases iniciales del ciclo presupuestario.
En 2018, a falta de cierre definitivo, todos los grandes ayuntamientos cumplirían el objetivo de estabilidad y regla de gasto salvo el Ayuntamiento de Vigo, que incumpliría ambos, y los de Barcelona, L'Hospitalet y Sevilla, que incumplirían la regla de gasto.
Por último, la Autoridad Fiscal mantiene la evaluación de los 24 ayuntamientos con problemas de sostenibilidad en medio plazo, aunque aprecia mejoras en Gandía, Totana, Los Palacios y Villafranca e Isla Cristina.
