Acciona debe crear una nueva empresa con sede en Cataluña para gestionar la ATLL

Acciona tiene una plazo cercano a un mes para crear una nueva sociedad mercantil con sede en Cataluña y poder hacer efectiva así la compra de la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL), condición establecida en el pliego de cláusulas del concurso público para externalizar el servicio de esta empresa pública.

Fuentes próximas a la Generalitat han recordado a Europa Press que dicha empresa debe constituirse antes de que se firme el contrato definitivo, previsto para mediados de diciembre, como vía para formalizar el pago inicial de 300 millones de euros.

La privatización de la gestión contempla un pago total próximo a los 1.000 millones de euros, de los que los 700 restantes se abonarán en cuotas anuales durante los siguientes 50 años, el tiempo que durará la concesión.

La creación de la nueva sociedad es “indispensable para la firma del contrato”, ésta contará con personalidad jurídica propia, y estará conformada por las diversas empresas que componen el holding de Acciona --el banco de inversiones brasileño BTG Pascual (que al igual que Acciona posee el 39%) y sociedades minoritarias de inversores privados como Aigües de Cataluña Ltd., Gopa Consulting SL, Acacia ISP SL, Global Buridan SL, Global Lubbock SL y Gestió Catalana d'Aigües SA--.

Asimismo, la sede social de la empresa debe estar en Cataluña, lugar donde también se liquidarán los impuestos, y la Agencia Catalana del Agua (ACA) ejercerá como órgano de control.

El Gobierno catalán anunció el martes la concesión de la ATLL a Acciona, en detrimento de Agbar --que ha anunciado que recurrirá la decisión--, tras un análisis de las dos propuestas que se ha hecho de forma “objetiva, rigurosa y detallada”.

El presidente de Acciona Agua, Luis Castilla, ha indicado que la adjudicación supone un “orgullo y satisfacción” para la empresa, y se compromete a trabajar con la ACA para ofrecer el mejor servicio y aplicar las mejores soluciones tecnológicas en beneficio del ciclo del agua.

La ATLL lleva agua a las casas de cerca de 5 millones de personas del área metropolitana de Barcelona, y tiene entre sus principales activos la desalinizadora de El Prat de Llobregat (Barcelona), aunque el concurso público establece que todas las infraestructuras seguirán siendo propiedad de la Generalitat y tan solo se externaliza la gestión de las mismas.

El Govern ha recibido la autorización por parte del Gobierno para poder contabilizar en el balance de este año la operación completa, por lo que presumiblemente la Generalitat podrá sumar 1.000 millones de euros en el capítulo de ingresos de 2012, una fuerte inyección monetaria para el cumplimiento de los objetivos de déficit, a pesar de que 700 de estos millones se ingresarán paulatinamente durante el próximo medio siglo.