Adicae anuncia 60 demandas colectivas por gastos hipotecarios abusivos

La asociación de consumidores Adicae ha anunciado hoy que interpondrá cerca de 60 demandas colectivas en toda España en las que pedirá el total resarcimiento de los gastos de formalización de hipoteca abonados de forma indebida por los clientes.

En la asamblea celebrada en Madrid, el presidente de la agrupación, Manuel Pardos, ha defendido este tipo de acciones judiciales ya que “como en las cláusulas suelo, un fraude que afecta a la práctica totalidad de las hipotecas no puede resolverse caso por caso, como pretende la banca”.

Estas soluciones globales evitarán un “desfile” de cientos de miles de afectados en demandas individuales que, además de “colapsar” los tribunales, dejaría sin compensación económica a quienes hicieron frente a estos gastos abusivos, un problema que afectó a casi 6,5 millones de hipotecas, según Adicae.

De momento, se han interesado por estas medidas cerca de 70.000 consumidores, muchos de los cuales ya reclamaron en su momento la devolución de la cláusula suelo de su contrato hipotecario, advierten desde la asociación, que destaca que cada una de las demandas irá dirigida a un banco en concreto.

Los casos puestos en conocimiento de Adicae sitúan al BBVA como entidad con mayor incidencia en tema de reclamaciones por gastos, seguida del Banco Sabadell, CaixaBank, Popular, Ibercaja, Bankia, Abanca, Liberbank, Caja España y Santander.

El pasado marzo, el Tribunal Supremo consideró abusivo que los bancos impongan “indiscriminadamente y sin distinción” el pago de la totalidad de impuestos y gastos derivados de la formalización de una hipoteca “sin negociación alguna” al consumidor.

Además, fijó que en el caso del timbre de los documentos notariales la tasa correspondiente a la matriz -folios de los que consta una escritura- sea abonada a partes iguales entre entidad y usuario en los supuestos en los que exista pacto, en tanto que sobre las copias, habrá de ser la parte solicitante la que afronte el pago.

Sin embargo, el Alto Tribunal evitó pronunciarse sobre la adecuación del gravamen sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) al ser una cuestión de carácter fiscal competencia de la vía contencioso-administrativa, que queda al margen de la normativa en materia de protección a los consumidores.

Una decisión cuestionada por estos últimos, que esperan que la justicia europea obligue a España a reformular su interpretación sobre la nulidad de una cláusula pues, en su opinión, lo correcto en estos casos sería anularla por completo y que el banco hiciera frente a tales desembolsos.