Adif subraya que a su presidente no se le ha imputado ningún delito

El presidente de Adif, Juan Bravo, ha sido citado a declarar por el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que investiga el caso Lezo, “sin imputarle delito ni actuación merecedora de ningún tipo de consecuencia penal”, han destacado hoy fuentes de la entidad pública empresarial.

Según estas fuentes, Bravo, que fue responsable de Hacienda de la Comunidad de Madrid y miembro del consejo de administración del Canal de Isabel II, “no está encausado por delito de corrupción” ni existe imputación formal.

De acuerdo con las fuentes de Adif, el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional solicita la declaración como investigados, entre otros, de todas las personas que formaban parte del consejo de administración del Canal de Isabel II en noviembre de 2001 y “no hace ninguna calificación penal de los hechos”.

Por lo tanto, han añadido las fuentes citadas, la declaración de Juan Bravo se realiza para concretar el alcance de las presuntas irregularidades y su relevancia penal, si la tuviera.

Según las fuentes de Adif, su citación se produce por formar parte de aquel consejo y no porque se le atribuya ninguna responsabilidad individualizada en los hechos investigados.

El juez, explican las fuentes, ha citado al consejo del Canal de Isabel II “en bloque” y no propone medida cautelar alguna.

Estas fuentes subrayan que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una persona llamada a declarar “no está formalmente imputada o encausada mientras el juez no dictamine medidas cautelares personales o reales previas o posteriores a su declaración, o haya un auto de procesamiento que de modo explícito exprese y confirme las sospechas de la comisión de un delito”.