Afiliados de UPA-UCE apoyan a sus dirigentes y niegan irregularidades

Afiliados y cargos comarcales de UPA-UCE Extremadura se han concentrado este mediodía para mostrar su apoyo a los detenidos de su organización, así como para rechazar que esta entidad agraria haya cometido algún delito.

“Es mentira que se nos diga que nos hemos llevado 1,8 millones de euros de los afiliados”, ha dicho el portavoz regional de UPA-UCE, Antonio Prieto, minutos después de asistir a una asamblea “voluntaria” celebrada en la sede regional, en Mérida, a la que han acudido cerca de 300 afiliados y cuadros comarcales.

Una reunión en la que los asistentes han mostrado numerosas pancartas con lemas de respaldo a los detenidos, de apoyo a sus familias y de “inocencia” de sus dirigentes y de la propia organización.

A lo largo de este encuentro, en la que han participado algunos familiares de los dirigentes de UPA-UCE detenidos, se han elevado voces críticas hacia la actuación de la Guardia Civil y “cómo se está intentado criminalizar” a esta entidad agraria.

Tanto Prieto como el líder nacional de UPA-UCE, Lorenzo Ramos, que también ha estado presente en la asamblea, han coincidido en afirmar que “no hay caso” alguno.

La investigación policial ha determinado que más de 1.800 personas afiliadas a UPA-UCE Extremadura habrían pedido supuestas subvenciones para asesoramiento agrario a la Junta de Extremadura durante 2013-2015 con fondos procedentes de la UE, según informó ayer la Guardia Civil

La Operación 'Tellus', como así ha sido denominada, se ha saldado, de momento, con siete detenidos, cuatro de los cuales son miembros de la Junta Directiva de la entidad agraria, entre ellos su secretario general, Ignacio Huertas.

Según el instituto armado, los hechos investigados pueden ser constitutivos de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública mediante fraude de subvenciones, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

“Todo eso es mentira”, ha reiterado Ramos, quien ha explicado que la Junta de Extremadura fiscalizó los expedientes de asesoramiento y aprobó la concesión de las subvenciones.

“El asesoramiento se ha hecho, se ha cumplido con lo requisitos y la autoridad regional lo ha inspeccionado, y cuando el expediente estaba solucionado y en regla, ha pagado al agricultor y éste ha pagado a la organización por los servicios prestados”, ha afirmado Prieto.

En su opinión, “hay algo muy dudoso” en el hecho de que la Guardia Civil “no le haya pedido ni un solo documento” a la administración regional relacionada con estos expedientes, pues es esta última “la que paga las ayudas y controla los expedientes”.

“Los expedientes están, el asesoramiento está hecho y está todo en regla”, pues, de no estarlo, la administración autonómica no hubiera abonado las subvenciones, ha expuesto Ramos.

“No somos criminales ni delincuentes”, ha aseverado el líder nacional de UPA-UCE, quien ha apuntado la posibilidad de “haya alguien detrás” de todo esto “que quiere hacernos daño”.

Asimismo, ambos dirigentes han tildado la actuación de la Guardia Civil de “vergonzosa” en referencia a las detenciones practicadas, a los registros realizados y a la difusión dada a la operación.

Según Ramos, la investigación se abre a raíz de una denuncia presentada por un agricultor ante la Guardia Civil después de que la Junta de Extremadura le reclamara 700 euros “por no realizar la última parte de un expediente de asesoramiento”.

“Como no presentó” toda la documentación referida al expediente de asesoramiento, la administración regional le pidió la devolución del dinero, ha narrado.

Para Ramos, este agricultor “no actuó con honradez”, pues, de los contrario, se hubiera dirigido a la organización para resolver la situación.

Previamente, y durante la asamblea, los asistentes han mostrado pancartas con los lemas “no hay caso”, “presunción de inocencia”, “con vosotros, compañeros”, “en Upa no ha corrupción” e “inocentes”.

“Libertad para los compañeros, libertad”, han exclamado al unísono los participantes en la reunión.