Agbar pide a Tribunal que obligue a Generalitat a excluir a Acciona de ATLL

Agbar ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obligue a la Generalitat a excluir a Acciona de la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) y que se la adjudique a ella.

En el escrito remitido al TSJC, la compañía catalana vuelve a acudir así a este tribunal para intentar que se cumpla la resolución dictada por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) que invalidó la adjudicación de esta empresa pública al consorcio liderado por Acciona.

En particular, Agbar pide al TSJC que se dirija a la Generalitat para que “proceda, de modo inmediato, a la ejecución” de esta resolución, “absteniéndose para ello de inventar órganos ni procedimientos nuevos”.

En cambio, la Generalitat ha dejado la resolución de este conflicto judicial en manos de una Mesa de Contratación que, según el conseller de Territorio, Santi Vila, tiene dos opciones: convocar un nuevo concurso para adjudicar la gestión de ATLL o bien entregar la gestión a Agbar, la otra empresa que compitió con Acciona por esta privatización, la mayor de la historia de la Generalitat.

De hecho, estas dos empresas, que mantienen una larga batalla judicial por esta adjudicación, ya hicieron llegar recientemente a la Mesa de Contratación sus argumentos jurídicos.

A finales de enero, Agbar pidió a la Generalitat que liquidara de forma “inmediata” el contrato de adjudicación de ATLL a Acciona y que se lo adjudicara a la propia Agbar, el otro licitador que se presentó a la privatización, sin esperar la resolución de la nueva Mesa de Contratación.

Por su parte, Acciona solicitó a la Generalitat seguir gestionando la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) hasta que los tribunales resolvieran el fondo del conflicto que mantiene con Agbar y también que esta última empresa quedara excluida de este proceso de adjudicación.

En su escrito, Agbar insiste en su tesis de que crear una nueva Mesa de Contratación supone una “nueva vulneración del ordenamiento jurídico”, puesto que bastaría con cumplir la resolución del OARCC, y remarca que no puede declararse desierto el concurso, ya que Agbar “superó todas las fases del procedimiento de licitación”.

“No le queda a la administración margen de discrecionalidad alguno, y necesariamente se ve obligada a respetar el dictado judicial de no seguir amparando una situación ilegal”, sostiene Agbar.

Asimismo, la compañía controlada por el grupo francés Suez Environnement carga contra el gobierno catalán y apunta que la Generalitat “no solo no ha cumplido con su obligación de ejecutar la resolución del OARCC, sino que pretende justo todo lo contrario”.

“La Generalitat insiste en no hacer nada, en no querer ejecutar la resolución del OARCC, en buscar excusas para demorar su ejecución y en retardar una decisión que es reglada”, espeta.

ATLL es la empresa que presta el servicio de abastecimiento de agua “en alta” (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana, y la privatización de esta empresa, por valor de 1.000 millones de euros, es la mayor de la historia de la Generalitat.

Hasta el momento, la Generalitat no ha precisado cuándo tomará una decisión la Mesa de Contratación, aunque el pasado 20 de enero el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Santi Vila, admitió que la resolución del conflicto de ATLL no podía “cronificarse” y debía resolverse “pronto”.