Aeat desarticula una red que defraudaba el IVA en hidrocarburos y electrónica

La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización que ha defraudado más de 24 millones de euros en el IVA de productos petrolíferos, informáticos y electrónicos y que operaba tanto en España como en el ámbito intracomunitario.

Según detalla la Agencia en un comunicado remitido hoy, una de las vías utilizadas por la organización para defraudar el IVA era apropiarse del impuesto en las ventas de hidrocarburos a gasolineras.

Por otra, la organización formaba parte de una red intercomunitaria de fraude fiscal a través de la venta de material informático y electrónico a otros países miembros de la Unión Europea.

En el marco de esta operación, denominada “El Dorado”, se han realizado catorce entradas y registros en Galicia, Barcelona y Madrid y se han detenido dos personas en Barcelona. Además, se han realizado embargos de activos financieros y embargos preventivos de inmuebles y combustible.

La operación, que ha derivado de diligencias previas en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, comenzó con la investigación por parte de la Unidad Combinada de Vigo de Vigilancia Aduanera, en colaboración con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), de dos personas que operaban en el sector de hidrocarburos desde 2015.

La Agencia puntualiza que el presunto líder de la trama desarrollaba su actividad en el sector anteriormente y ya había estado relacionado “con actividades defraudatorias”.

En cuanto a la operativa, el fraude en el ámbito de los hidrocarburos se realizaba mediante la apropiación de las cuotas de IVA que estos mayoristas de hidrocarburos debían ingresar tras vender los carburantes a las gasolineras.

La Agencia recuerda que al ser mayoristas estas empresas no soportan el impuesto indirecto y sí lo repercuten a sus clientes, por lo que se trataba de “importantes cantidades de IVA” que acabaron acumulando una deuda de más de ocho millones de euros.

Además, la apropiación de las cuotas les permitía vender el producto a los minoristas a precios inferiores, lo que supone una competencia desleal.

La segunda vía de fraude, realizada por las mismas sociedades, se llevaba a cabo mediante la venta en la Unión Europea de material electrónico e informático comprado en España a través de un “fraude carrusel, que se produce cuando una compañía se queda con el importe del IVA que ha cobrado a sus clientes al vender el producto en otro país, en lugar de declararlo a la autoridad fiscal nacional.

A través de esta vía la organización defraudó más de 16 millones de euros.

La operación ha sido dirigida por Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria -en sus divisiones de Galicia, Cataluña, Andalucía y Brigada Central Operativa- y funcionarios de la ONIF, con la colaboración de la Dependencia Regional de Inspección de Barcelona, Galicia y Andalucía, así como de funcionarios de auditoría informática de Barcelona y Galicia.