Amnistía Internacional acusa a Ferrovial de lucrarse con “abusos” en centros de refugiados del Pacífico

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado supuestos “abusos” en un centro para solicitantes de asilo y refugiados en la isla de Nauru (Océano Pacífico) en el que presta servicios la empresa australiana Broadspectrum, perteneciente al grupo Ferrovial, y acusa a ambas de enriquecerse con esos servicios.

“Broadspectrum y Ferrovial incumplen su responsabilidad de respetar los derechos humanos en Nauru, lo que incluye no tomar las medidas adecuadas para identificar y abordar su impacto sobre estos derechos con arreglo a las normas internacionales. En concreto, Amnistía Internacional ha concluido que Ferrovial no ejerció la debida diligencia en materia de derechos humanos antes de adquirir Broadspectrum, a pesar de conocer los graves abusos en Nauru”, señala la ONG, que ha lanzado una campaña “para exigir a Ferrovial que ponga fin, cuanto antes”, a sus operaciones en esa isla y en la de Manus (Papúa Nueva Guinea), donde Broadspectrum gestiona otro Centro de Tramitación de Refugiados (RPC).

Según Amnistía Internacional, la parte de la actividad de Broadspectrum dedicada a sus operaciones en esas dos islas aportó a Ferrovial 1.646 millones de dólares australianos (unos 1.168 millones de euros) en el ejercicio de 2016; un “asombroso 45% del total de los ingresos de explotación de la empresa”. A su vez, Ferrovial se ha embolsado 1.400 millones de euros de ingresos procedentes de Broadspectrum desde que adquirió esta empresa hace menos de un año. “Una parte sustancial de esta suma proviene de las operaciones en Nauru y la isla de Manus”.

“El Gobierno australiano ha creado una isla de desesperación para refugiados y personas buscando asilo en Nauru, pero una isla de beneficio para compañías que hacen millones de dólares con un sistema tan inherente e intencionadamente cruel y abusivo que supone tortura”, afirma Lucy Graham, investigadora de AI.

El informe incluye una carta enviada conjuntamente por Ferrovial y Broadspectrum en la que ambas empresas niegan que la toma de sus decisiones esté motivada por el beneficio “a expensas de los derechos humanos”.

Ferrovial adquirió en mayo de 2016 Broadspectrum, empresa que tenía suscrito con anterioridad un contrato con el gobierno de Australia para prestar servicios en sus centros de inmigración en Nauru y Papúa Nueva Guinea, contrato que el ejecutivo australiano ha prorrogado hasta octubre de 2017.

“Nada nuevo”

En un comunicado, Ferrovial señala que el informe de AI “no añade nada nuevo” respecto a los que publicó en julio y octubre de 2016 y considera “gratuitas” sus afirmaciones “pues no toman en consideración que la compañía anunció” tras comprar Broadspectrum “su decisión de no presentarse a la renovación de los contratos por no figurar dentro de sus actividades estratégicas, hecho que se producirá en octubre de 2017”.

La compañía controlada por la familia Del Pino considera “injustificada” la responsabilidad atribuida a Broadspectrum, “dado que no gestiona los centros y carece de capacidad para determinar el status de estas personas”, y subraya que “en diversas ocasiones” su filial “ha solicitado a AI que plantee sugerencias específicas para mejorar las condiciones de estas personas, pero siempre ha declinado esta posibilidad”.

Su labor, dice el comunicado, se limita al cuidado de las condiciones de vida y seguridad de los integrantes de estos centros, como es la alimentación, alojamiento, educación, mantenimiento o limpieza, un trabajo similar al que prestaban en el pasado “ONGs como Save the Children o Salvation Army. Estas personas viven en régimen de libertad de movimientos, pueden entrar y salir a su criterio de los centros, y cuentan con acceso a telecomunicaciones y servicios de internet”. “Muchas”, dice Ferrovial, “disfrutan ya del status de refugiado, tienen trabajo y viven integradas en la comunidad”.

Según el informe de AI, actualmente hay 410 refugiados y solicitantes de asilo en el centro de Nauru, que reabrió el Gobierno australiano en 2012 para solicitar las peticiones de residencia.

Las autoridades australianas han reconocido que el objetivo de este tipo de instalaciones es desincentivar a los inmigrantes que tratan de alcanzar en barco las costas australianas desde países como Irak, Sri Lanka, Pakistán o Birmania (Myanmar).