La CNMC multa con 58 millones a 18 empresas papeleras por pactar precios

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 57,7 millones de euros a 18 empresas presentes en los mercados de fabricación de papel y carbón ondulado y a la Asociación Sectorial de Fabricantes de Cartón Ondulado (AFCO) por intercambiar información para coordinar las subidas de precios y para repartirse los clientes. El periodo en el que se cometieron las infracciones rase extendió desde el año 2002 hasta el 2013.

Entre las empresas multadas por la CNMC figuran: Industrias Celulosa Aragonesa (Saica), con 19,15 millones de euros, y Saica Pack, con 5,34 millones; Smurfit Kappa España, con 8,13 millones de euros; Europac, con 5,38 millones de euros; Dapsa, con 3,88 millones; Hinojosa, con 2,68 millones de euros; Cartonajes La Plana, con 2,67 millones de euros; o Cartisa, con 1,91 millones de euros, entre otras. Además, la asociación sectorial (AFCO) ha sido sancionada con 200.000 euros.

Además, se procede al archivo de las actuaciones seguidas contra Cartonajes Vegabaja por no haber quedado acreditada la comisión de infracción. Asimismo, las empresas Cartonajes Bernabeu, Murcia Cartón, y Embalajes Petit, también han sido investigadas pero no han sido consideradas responsables.

El organismo presidido por José María Marín Quemada considera probada una infracción única y continuada, prohibida en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado Fundacional de la Unión Europea (TFUE), consistente en realizar recomendaciones colectivas, intercambios de información y acuerdos de precios.

Asimismo, se refiere al reparto de clientes en dos mercados: el primero es el de elaboración de pasta de papel y papel para la fabricación de cartón ondulado; y el segundo es el mercado de fabricación del cartón ondulado y su transformación en productos de embalaje o envasado.

En el caso del mercado de fabricación de pasta de papel y de papel para la elaboración de cartón ondulado, se han acreditado intercambios de información comercial estratégica entre distintos operadores sobre el precio del papel, así como recomendaciones colectivas. Para ello, la asociación (AFCO) “jugaba un papel clave de intermediación, utilizando en muchas ocasiones a los medios de comunicación”, señala la CNMC.

En lo que se refiere al mercado de fabricación y transformación del cartón ondulado, en productos de embalaje, se han acreditado intercambios de información y acuerdos de subidas de precios, así como reparto de clientes en el mercado de la fabricación y transformación del cartón ondulado.

“Los contactos se producían durante las 'mesas', que eran reuniones entre los distintos fabricantes según la zona de España, y muchas de las recomendaciones se realizaban a través de los medios de comunicación”, subraya el 'superregulador'.

La CNMC indica que entre los dos mercados afectados existe “una relación esencial”, de forma que las variaciones de la producción y de los precios del papel, que es la materia prima por excelencia en el proceso de la fabricación del cartón ondulado, influyen en la formación de los precios finales de los envases y embalajes de cartón ondulado.

Importancia “transversal”

Además, tienen una importancia transversal en la economía, dado que los clientes que utilizan los embalajes de cartón afectados por la infracción son empresas que operan en todos los sectores productivos y de servicios.

Asimismo, la CNMC señala que dichas empresas podrían a su vez incrementar sus precios de venta a los consumidores si los envases y embalajes en los que presentan, conservan, transportan y envían sus productos experimentan subidas de precios de carácter regular o extraordinario.

“Es evidente, por tanto, que estas conductas afectan de forma indirecta y de manera contrastable a los consumidores, con la consecuente pérdida de eficiencia general y su impacto en los precios finales de diversos productos y servicios”, afirma el organismo. Su presidente ya anunció el pasado viernes que este martes la entidad anunciaría una multa por un importe cercano a los 60 millones de euros a un grupo de empresas con un “input fundamental” en el tejido económico.

Este expediente tuvo su inicio a raíz de una investigación iniciada en mayo de 2013, cuando se abrió el expediente por una posible conducta anticompetitiva contra la asociación (AFCO) y contra once empresas del sector. Posteriormente, se realizaron nuevas inspecciones y se amplió la investigación a once empresas más por posibles prácticas restrictivas de la competencia.

Contra estas resoluciones cabe recurso en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.