El Banco de España cree que el Popular tenía más garantías de las que presentó

El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, ha admitido hoy que cabe sospechar que el Banco Popular tenía en el momento de su intervención más garantías que las aportadas, lo que hubiera permitido inyectarle liquidez, aunque no ha precisado si eso hubiera evitado su resolución.

Alonso, que ha clausurado un curso sobre economía digital organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y patrocinado por BBVA, ha señalado que “sospecha” que la entidad contaba “potencialmente” más garantías de las que presentó, pero ha reconocido que no puede certificarlo, ya que sólo puede decir lo que se vio.

La existencia de más garantías habría dado lugar a más liquidez, ha asegurado, “no se si para horas o minutos”, pero eso estaba en función de la retirada de capital por parte de los depositantes; en todo caso, “dudo que la situación de los accionistas hubiera cambiado un ápice”.

“Lo que está claro es que lo que ha llevado a este proceso fue un problema de liquidez derivado de una falta de confianza de los clientes del banco”; hasta aquí es evidente, ha señalado, cuál ha sido la causa inmediata de la intervención.

Otra cosa es el origen remoto de esta pérdida de confianza por parte de los clientes, eso es “más opinable”, quizás haya sido porque “no estaba claro el futuro de una entidad que se percibía como débil” que, por otra parte, movilizó 21.000 millones de euros de provisiones y recursos propios.

Respecto a si el Banco de España debe hacer algún tipo de autocrítica sobre su actuación, “si la propia entidad se declaró inviable” difícilmente podía hacer algo el organismo; la responsabilidad, en su caso, la “dirimirán los jueces”.

En cuanto al conjunto del sector, tiene margen de mejora para corregir de una manera “ordenada”, como ha hecho en los últimos años, el exceso de capacidad derivado de su condición de país con mayor densidad de oficinas por habitante de la UE.

Lo que sí será difícil, ha señalado, será que recuperen los niveles de rentabilidad previos a la crisis, algo que “resulta difícil de imaginar” ya se trataba de rentabilidades de dos dígitos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya vigila el posible impacto de la concentración de entidades sobre la red de cajeros y comisiones, aunque “aún no ha pasado nada”, según ha explicado hoy su presidente, José María Marín Quemada, que también ha intervenido en el curso.

Aunque “hay menos bancos de los que debería haber”, Marín Quemada ha reconocido que en Europa “caben menos bancos de los que hay ahora”, al tiempo que ha recordado que el debate sobre si hay o no hay excesiva concentración se plantea sólo en aquellos sectores que exigen elevadas inversiones para salir adelante.

En caso de que se esta concentración resulte lesiva para los intereses de los ciudadanos, se aplicará una supervisión como la que afrontan las telecomunicaciones, que se analizan “día a día” tras las últimas subidas de precios, ha explicado.

En ese sentido, también se ha mostrado preocupado por la eliminación del pago por del uso del teléfono móvil en itinerancia o “roaming”, ya que habrá que “sobredimensionar” la red en países como España para atender a la demanda en verano aunque no se ha desvelado “quién lo va a pagar”.

Con respecto a los planes para dividir en dos organismos la CNMC, uno de competencia y otro sectorial, ha defendido el supervisor único porque “una institución grande es más difícil de capturar, es más independiente, que una institución pequeña”.

“Estoy firmemente convencido de que el modelo convergente ha dado resultados extraordinariamente prácticos” que pueden mejorar, ha añadido, al tiempo que ha insistido en que un supervisor único permite dar una “respuesta coherente a una realidad que es polifacética y poliédrica”, en la que las fronteras entre sectores son difusas.