Las obras del tramo Barcelona-Figueras del AVE costaron un 18 por ciento más de lo previsto

La construcción del tramo Barcelona Sants-Figueras de la línea de alta velocidad entre Madrid y la frontera con Francia tuvo un coste final de 3.760 millones de euros, un 18 % más del presupuesto inicial previsto en la adjudicación de las obras.

Este incremento se debe a modificaciones de los contratos, revisiones de precios, certificaciones y liquidaciones adicionales, lo que elevó el precio medio por kilómetro hasta los 28,7 millones de euros, según un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre ese tramo del AVE conocido hoy.

El informe verifica que se cumplieron las disposiciones legales y reglamentarias en las distintas fases del proyecto del AVE Barcelona Sants-Figueras entre finales de 2001 y enero de 2013, cuando entró en funcionamiento, aunque en la actualidad existen actuaciones pendientes de concluir e incluso paralizadas (fundamentalmente en la estación barcelonesa de La Sagrera).

En la construcción del tramo fiscalizado se adjudicaron 323 contratos por 3.185 millones y las bajas de las ofertas presentadas por los licitadores fueron “muy elevadas”, añade el informe.

Un 49 % de los contratos de obra fueron objeto de cambios que afectaron al proyecto inicial, lo que supuso incrementar un 11,6 % (258,9 millones) el precio de adjudicación, que ascendió a 2.227 millones.

Estos cambios se debieron, prácticamente en su totalidad, “a errores u omisiones en el proyecto inicial, y que debieron de haber sido apreciados y ponderados en las actuaciones preparatorias”.

También se tramitaron proyectos modificados por 2.121 millones para convalidar actuaciones ya ejecutadas con anterioridad, sin cobertura contractual y sin que respondieran a situaciones de emergencia, contraviniendo así lo establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Un 43,3 % de los contratos de obra tuvieron un incremento del plazo de ejecución superior al 150 % por diversas circunstancias, como los defectos de coordinación o errores u omisiones en el proyecto inicial, que evidenciaron una deficiente planificación.

En el entorno de La Sagrera se detectaron importantes diferencias entre las obras realmente ejecutadas y las obras certificadas y abonadas, por importe de 117,4 millones, lo que motivó actuaciones de la jurisdicción penal y de Adif.

Frente a los 580,7 millones certificados y abonados, se acreditaron actuaciones por 463,3 millones, de los que al menos 83,9 millones corresponden a actuaciones fuera del proyecto contratado.

En cuanto a los contratos de servicios, el informe de fiscalización indica que el precio de adjudicación se incrementó entre un 19 % y un 199 % debido a la tramitación de proyectos modificados, algunos de los cuales registraron incrementos superiores al 50 %.

También hubo incrementos en el plazo inicial de ejecución superiores al 100 %, en su mayor parte motivados por la necesidad de coordinarse con los trabajos de las obras y por la obtención de preceptivas autorizaciones para realizar las prestaciones del contrato.

Además se convalidaron trabajos ejecutados sin soporte contractual por 908.000 euros y aunque la Asesoría Jurídica señaló en 2015 que era procedente su abono, evitando un eventual enriquecimiento injusto por Adif, manifestó la necesidad de suprimir esta práctica que estaba “adquiriendo una habitualidad no deseable”.

En los contratos de suministros se produjeron significativos incrementos en el plazo inicial de ejecución, que oscilaron entre un 190 % y un 225 %.